Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La tensión vuelve a escalar en el escenario nacional luego de que la diputada de Libre, Luz Angélica Smith, rechazara las acusaciones del Ministerio Público y denunciara una supuesta persecución política contra quienes hoy se encuentran en oposición.
La controversia gira alrededor de las actuaciones de la Comisión Permanente, instancia que Smith defendió al asegurar que operó bajo el marco de los artículos constitucionales que regulan su existencia durante períodos extraordinarios de sesiones.
La legisladora sostuvo que no hubo delito, abuso ni exceso de funciones, sino una lectura política del proceso. A su juicio, la institucionalidad estaría siendo utilizada para presionar a sectores que participaron en decisiones legislativas cuestionadas.
Smith figura entre los diputados que deberán comparecer ante la fiscalía para brindar declaraciones, un hecho que ha encendido el debate sobre los límites entre la investigación penal, la responsabilidad política y la pugna institucional dentro del Congreso Nacional.
En contraste, la diputada nacionalista Merary Díaz elevó el tono al afirmar que los señalados deben responder ante la justicia y ante el pueblo hondureño. Para Díaz, el caso no puede ser reducido a un discurso de persecución, sino que debe asumirse como una exigencia de rendición de cuentas.
La congresista del Partido Nacional aseguró que cada diputado citado tendrá la oportunidad de defenderse con sus abogados, pero insistió en que el país merece claridad sobre posibles irregularidades vinculadas a decisiones que, según su postura, habrían afectado la institucionalidad democrática.
Díaz también apuntó contra el papel del Congreso Nacional, al señalar que los investigados deberán demostrar si fueron utilizados políticamente o si actuaron de manera consciente dentro de una estrategia que, según denunció, habría golpeado el proceso electoral y el sistema democrático.
El choque entre Smith y Díaz refleja una crisis de fondo: una Honduras atrapada entre denuncias de persecución política, reclamos de justicia, desconfianza institucional y una ciudadanía que exige saber si las decisiones tomadas desde el poder legislativo respondieron a la ley o a cálculos partidarios.
En este nuevo capítulo, el Ministerio Público queda bajo la mirada nacional. Su reto será actuar con independencia, transparencia y solidez jurídica, evitando que el proceso sea interpretado como revancha política o como impunidad disfrazada de debate legislativo.
El país necesita respuestas claras, no ruido partidario; justicia firme, no espectáculo; instituciones fuertes, no conflictos diseñados para confundir a la ciudadanía. —Redacción Allan C.
