CARACAS.- La mayor ola de protestas en Venezuela en una década ya se cobró 28 vidas, dijeron el jueves las autoridades, y en un intento por volver a la calma, la justicia le ordenó a alcaldes opositores quitar las barricadas levantadas en sus municipios.
La fiscal general, Luisa Ortega, precisó la cifra de víctimas camino a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un día después de que enfrentamientos en la ciudad de Valencia, en el centro del país, dejaran tres muertos.
Después de la efervescencia de las protestas del miércoles, el jueves no se registraron incidentes mayores en la nación, excepto por algunas barricadas en Caracas y manifestaciones en el occidental estado Táchira, donde encapuchados atacaron con palos y piedras oficinas públicas y privadas.
Aunque las protestas por la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes en Venezuela, no había indicios de que pudieran hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió el cargo hace 11 meses.
La fiscal Ortega sostuvo que las muertes deben ser investigadas a fondo para determinar las responsabilidades y detalló que 104 personas detenidas durante los disturbios siguen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.
«Se han recibido 27 quejas contra oficiales en diferentes agencias de seguridad del Estado que están bajo sospecha de perpetuar violaciones contra los derechos humanos. De las personas encarceladas, 15 son oficiales de diferentes cuerpos de seguridad», dijo.
LEVANTAR LAS BARRICADAS
El Tribunal Supremo de Justicia, la máxima corte del país, emitió un fallo en el que ordenó a los alcaldes de los municipios caraqueños Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, «la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres».
En esos municipios, además de Chacao, de predominante clase media y alta, se han congregado la mayoría de los disturbios, bloqueos de calles y asalto a la propiedad pública.
«Este municipio está en orden, entonces Nicolás Maduro póngale orden al país, que a usted le ha quedado grande el cargo donde está», reaccionó Smolansky, militante del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de azuzar a la violencia.
La circulación en la mayor parte de estos distritos fue fluida el jueves.
El miércoles, miles de estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una marcha de adeptos a Maduro.
La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, después de que manifestantes rompieran cristales e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios organismos públicos.
«CAMPAÑA DE TERROR»
Maduro advirtió que tomaría «medidas drásticas» contra quienes disparen «contra el pueblo» y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres personas en Valencia, incluyendo a un soldado que intentaba levantar una barricada.
«En las próximas horas seguiremos tomando medidas para liberar espacios para la comunidad (…) y los guarimberos (manifestantes) irán presos o tendrán que irse no sé para dónde», dijo el jefe de Estado la tarde del jueves.
«Esa guarimba (protesta) violenta que tranca avenidas se va a acabar ya, definitivamente», agregó.
La ola de protestas en Venezuela ha generado reacciones dispares en el mundo. Estados Unidos y sus aliados han pedido diálogo, mientras que gobiernos de izquierda han apoyado las denuncias de Maduro de un golpe de Estado.
«Estamos comprometidos en tratar de encontrar una manera de conseguir que el gobierno de Maduro se comprometa con sus ciudadanos a tratarlos con respeto, para poner fin a esta campaña de terror contra su propio pueblo», dijo el jueves el secretario de Estado estadounidense John Kerry ante el comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes.
Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en una reunión en Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar la convivencia política en Venezuela.
El primer encuentro de la comisión deberá realizarse a más tardar la primera semana de abril.
Los manifestantes han prometido permanecer en las calles hasta que el presidente renuncie, pero el fornido ex sindicalista de 51 años ha dicho que no cederá, acusando a la oposición de querer desbancarlo siguiendo el guión del breve golpe de Estado contra Chávez en 2002.
