En Estados Unidos, la reforma migratoria no despega, los centros de detención procesan oleadas de inmigrantes, mientras en los tribunales la sociedad civil pelea contra regulaciones discriminatorias como la famosa SB1070 de Arizona.
En Europa la derecha populista ha atizado el miedo de los ciudadanos que ven en los inmigrantes del Sur o del Este un peso sobre economías en vacilante recuperación. Pero en otras latitudes menos visibles los extranjeros tampoco tienen un camino fácil hacia la integración.
¿El cierre de las fronteras?
Suiza ha dicho no. El 50,3 por ciento de los votantes inclinó la balanza a favor imponer nuevamente cuotas a la inmigración provenientes de los vecinos de la Unión Europea (UE), un bloque al cual la Confederación Helvética no pertenece. Aunque la economía no se ha contagiado con la crisis financiera circundante, la mayoría de los suizos, a la sombra del derechista Partido del Pueblo de Suiza, cree que los inmigrantes europeos perjudican el mercado de trabajo, y añaden presión a los sistemas de salud y educación.
En la vecina Francia los asuntos de la inmigración europea tampoco indican una apertura. Bajo el gobierno socialista de François Hollande han continuado las expulsiones de los romaníes –más conocidos como gitanos—quienes deberían disfrutar de la libre circulación como ciudadanos de la UE. Pero nadie quiere a este grupo nómada, proveniente en su mayoría de Rumanía y Bulgaria. Prejuicios ancestrales marcan el paso de la política en París.
Los Países Bajos pusieron en vigor en 2007 la Ley de Integración, que terminó con el viejo modelo de multiculturalismo. Si antes las autoridades permitían la existencia paralela de comunidades culturales, casi aisladas de la mayoría de origen europeo, la nueva legislación obliga a los recién llegados a incorporar los valores de la sociedad holandesa. Para ello deben someterse a un examen de integración cívica o de idioma holandés en un plazo no mayor de tres años. Una tercera opción es aprobar un curso de educación vocacional o profesional.
En Londres los conservadores de David Cameron han lanzado una cruzada contra los inmigrantes ilegales –»Go home of face arrest» (Regrese a casa o será arrestado) — y para limitar también la entrada de algunos europeos. Poco importan los reclamos de Bruselas, porque en Downing Street están dispuestos a vetar a nuevos miembros del bloque regional si no cambian las reglas del libre movimiento.
Cameron ha etiquetado a cierta emigración europea como “turismo de beneficios”, o sea, personas que se mudan de país en busca de los mejores sistemas de seguridad social. Para reducir esa tendencia, a partir de abril los recién llegados de la UE solo podrán reclamar subsidio por desempleo durante seis meses, después de los cuales, si no ha encontrado un puesto de trabajo, deberá abandonar el país. El primer ministro se ha comprometido a reducir la migración neta a menos de 100.000 personas cada año para 2015.
Inmigrantes no deseados
En medio de la crisis económica, en la primavera 2009 el gobierno japonés pasó la Ley Nikkei. Esta legislación ofrecía a los latinoamericanos descendientes de japoneses –básicamente brasileños y peruanos—alrededor de 3.000 dólares para regresar a su país en América Latina, más unos 2.000 dólares a cada miembro de la familia. Aunque el retorno tenía un carácter voluntario, 20.000 personas abandonaron el archipiélago nipón. La principal condición para aceptar la oferta era la promesa de no regresar a la nación asiática antes de tres años.
Peor fortuna han corrido los inmigrantes indios en Arabia Saudita. La puesta en práctica de una nueva ley, conocida como Nitaqat, implicará la expulsión del país de alrededor de 100.000 trabajadores ilegales al año, una cifra que podría haber sido superada en 2013. La regulación obliga a los empleadores a completar sus plantillas con al menos un 10 por ciento de trabajadores saudíes. Se estima que 1,7 millones de indios laboran en el gigante petrolero.
Mientras, en Australia, las autoridades migratorias han reforzado el proceso de aceptación de solicitudes de asilo, una medida que ha afectado en particular a los que huyen de Sri Lanka y Vietnam. Según la organización Human Rights Watch, el gobierno de Camberra debería acoger a los ciudadanos de esos países, que sufren violaciones de sus derechos humanos. El trato es peor cuando quienes buscan refugio llegan a las costas australianas, pues suelen ser relocalizados en centros de detención en terceros países como Nauru y Papua Nueva Guinea.
Pero quizás ningún pueblo emigrante ha sufrido más que los rohingya. Este grupo étnico de origen musulmán ha vivido durante siglos al borde la extinción, en una franja de tierra entre la Birmania hostil y el Océano Índico. Las campañas de exterminio ejecutadas por el régimen militar birmano los han desplazado a Bangladesh, donde también han sido discriminados. Desde 1982 la Ley de Ciudadanía de Birmania les impide viajar sin permiso, poseer tierras o tener más de dos hijos.
Centros de detención y leyes paralizadas
Bajo el gobierno de Barack Obama alrededor de dos millones de inmigrantes ilegales han sido expulsados. La administración demócrata podría romper el récord histórico de deportaciones. Esa cifra no incluye el número de personas que han retornado a sus países de forma voluntaria.
Las remociones han dejado una estela de familias separadas, particularmente dramática en el caso de 5.000 niños apartados de sus padres, solo en 2013. El proceso de reunificación suele ser tortuoso, o no concretarse, por las intrincadas regulaciones de los tribunales estadounidenses.
De acuerdo con un reporte del no gubernamental Immigration Policy Center, el 11 por ciento de los inmigrantes deportados denuncia maltratos físicos durante su detención, mientras el 23 por ciento ha sido víctima de insultos homofóbicos, raciales o xenófobos. La mayoría de la violaciones apunta a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, cuyo desempeño en estos casos escapa al escrutinio de la justicia.
Por orden del Congreso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tiene que mantener al menos 34.000 reclusos temporales en los centros de detención para inmigrantes ilegales. Esas instalaciones funcionan bajo la administración de empresas privadas como Corrections Corp. of America y Geo Group Inc. (GEO), que han recibido cientos de millones de dólares de los contribuyentes. Desde 2005 ambas compañías han gastado alrededor de 16 millones de dólares en actividades de lobby en Washington. Cuando el número de detenidos excede las capacidades de los centros de detención, las autoridades acuden a prisiones convencionales, donde los futuros deportados conviven con presos comunes.
Arizona inició la cadena de leyes antiinmigrantes en Estados Unidos con la SB1070 en 2010. Desde entonces los gobiernos estatales de Utah, Indiana, Georgia, Alabama y Carolina del Sur pasaron legislaciones similares. Sin embargo, ninguna de esas regulaciones ha sobrevivido íntegra el escrutinio de los tribunales.
