A punto de cumplirse su primera semana de reinado, Felipe VI ha sido desplazado de las portadas por su hermana. La trama Nóos, por el que la infanta Cristina y su marido, el duque de Palma, se vieron implicados en una trama de malversación de fondos públicos y de blanqueo de capitales, hirió de muerte el reinado de Juan Carlos I y ya ha salpicado el de su sucesor, Felipe VI.
El juez Castro ha dado carpetazo a cuatro años a la instrucción del caso manteniendo la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Un nuevo episodio que enfriará aún más la relación entre el ahora Rey y su hermana, ya apartada de los actos oficiales de la Familia Real.
El titular es bastante escandaloso pero no necesariamente significa que un miembro de la familia real española se sentará, por primera vez en la historia, en el banquillo de los acusados. El juez ha sentado las bases para ello pero viendo cómo ha actuado hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción es de esperar que vuelva a recurrir el probable procesamiento de la infanta. Y parte de culpa la habría tenido la propia Infanta ya que el juez entiende que sus «reiteradas apelaciones al desconocimiento» en su anterior declaración le incapacitan para «desvalorizar los indicios incriminatorios».
Sin embargo, esa decisión de la Fiscalía tampoco tendrá carácter definitivo. Será la Audiencia Provincial de Palma la encargada de resolver ese recurso, en el que ha acabado ganando peso las pruebas que demuestran que la Infanta es copropietaria junto a su marido de Aizoon, una de las empresas ‘pantalla’ que integraban el entramado de desvío de los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
En la primera imputación, los tres jueces que la citada Sala decidieron dejarla sin efecto sugiriendo que el juez Castro no había investigado lo suficiente el expediente. Y eso que Castro tardó dos años en llamarla a declarar a pesar de tener los indicios desde casi el primer día.
Pero no son los únicos enemigos contra los que ha tenido que pelear el magistrado. El Gobierno ahoraacata la decisión pero, a través del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado, también ha sembrado de piedras el camino de Castro quien ahora ha vuelto a imputar a la Infanta.
En el auto que cierra la instrucción, el juez Castro atribuye a la infanta un delito de blanqueo de capitales. La hija de Juan Carlos de Borbón se benefició de los 1,2 millones de euros que fueron a parar a Aizoon procedentes de las actividades irregulares de Iñaki Urdangarin con los Gobiernos del PP de Valencia y Baleares.
Si se diera el caso de que se abriera juicio, la infanta Cristina sería juzgada por dos delitos fiscales en grado de cooperación y uno de blanqueo de capitales, por los que la hermana del rey Felipe VI se enfrentaría a penas que van de dos y medio a los 16 años de prisión. En su auto el juez también considera que el duque de Palma debe ser juzgado por seis delitos: fraude, malversación, prevaricación, falsedad y dos fiscales (IRPF de 2007 y 2008).
El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, ha afirmado que recurrirá la imputación de la Infanta Cristina ante la Audiencia de Palma, previsiblemente el 12 de julio, porque «no hay base» para mantenerla.
En declaraciones a la puerta de su despacho por segunda vez este miércoles, ha recordado que la Fiscalía y la Agencia Tributaria han considerado «de manera reiterada» que no hay delito ni infracción tributaria por parte de la Infanta.
