La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió la demanda contra el gobierno de Honduras por la destitución de tres jueces que denunciaron el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó que decidió someter el caso a la jurisdicción de la corte el 17 de marzo pasado ante la “falta de cumplimiento” por parte del gobierno de Honduras a las recomendaciones que había hecho al respecto.
Entre esas recomendaciones se incluyó la reinstalación en sus cargos de los jueces del Poder Judicial Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chávez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
Los tres fueron destituidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia de Honduras como resultado de su decisión de denunciar públicamente como golpe de Estado contra Zelaya en junio del 2009, lo que para la corte fue una “sucesión constitucional”.
En su valoración del caso, la CIDH concluyó que el procedimiento mediante el cual se convalidó la destitución de sus cargos “estuvo plagado de múltiples irregularidades que afectaron el debido proceso de las víctimas”.
Honduras rehusó igualmente compensar de manera económica a los jueces tras su negativa a reinstalarlos en sus cargos, como recomendó la comisión, además de reparar las consecuencias por las violaciones de los derechos humanos establecidas en el caso, “tanto el daño material como inmaterial”.
De manera adicional, la CIDH recomendó al Estado hondureño modificar el proceso normativo para las acciones disciplinarias a jueces y juezas sea ejecutadas por autoridades competentes “y con garantías suficientes de independencia”.
“El caso permitirá a la corte profundizar su jurisprudencia sobre los principios de independencia judicial y sus implicaciones en las garantías reforzadas de legalidad y debido proceso”, indicó la CIDH en un comunicado.
