Las cifras son perturbadoras. Todo abuso sexual es inaceptable y deja daños a sus víctimas, pero cuando este se perpetra contra los más débiles e inocentes y cuando los culpables de ese delito son personas dedicadas a la protección y educación de los jóvenes el problema resulta especialmente agudo y execrable.
Según datos del Departamento de Educación, un 9.6% de todos los estudiantes de los niveles K a 12 en Estados Unidos sufren en algún momento de ese periodo de sus vidas un episodio de abuso sexual de alguna clase a manos de maestros o personal de las escuelas. La cifra es en sí escalofriante pero no muestra todo el panorama. Según un estudio de la Oficina de Fiscalización Gubernamental (OFG) ese porcentaje no considera los muchos casos que no son reportados ni incluye muchos comportamientos agresivos de índole sexual que no constituyen lo que usualmente se entiende en el ámbito penal como abuso. Así, el problema es grande y por ello la necesidad de encararlo es acuciante.
Para ello, según la OFG, los estados y los distritos escolares han establecido normas y procedimientos para prevenir y, en su caso, reportar y sancionar los abusos sexuales cometidos por personal escolar en contra de alumnos. Pero esas medidas no son homogéneas y, aunque en muchos casos sí son efectivas, en otras mantienen lagunas que abren la puerta a peligros y sufrimientos.
Para identificar la situación la OFG condujo un estudio en el que analizó una muestra de varios distritos escolares del país. Por ejemplo, halló que en 44 estados se han establecido códigos de conducta y estándares profesionales para frenar y encarar el abuso sexual en escuelas y que en 22 de ellos, una cantidad que se antoja baja, se establecieron claros límites en las relaciones posibles entre alumnos y empleados de escuelas. Además, solo 18 estados reportaron haber proveído al personal de los distritos escolares de entrenamiento en el tema del abuso sexual, para su comprensión y su prevención.
Y las políticas en el caso de que ya se haya cometido alguna clase de abuso también resultan determinantes. En 46 estados hay leyes que obligan a las escuelas a reportar abusos sexuales, pero solo en 43 se aplican castigos por no hacerlo. En los otros siete estados no habría así sanción a quien no lo haga y en cuatro estados no habría siquiera la obligación legal de hacerlo. En 45 estados se obliga a realizar revisión de antecedentes al personal (background checks) de escuelas, y en cinco no se revisa en específico el pasado legal del sujeto.
Además, en muchos distritos escolares las normas son vagas y si bien requieren que se reporten abusos a los directivos de las escuelas, no es claro el mandato de hacerlo también ante las autoridades, lo que puede generar omisiones o hasta encubrimientos.
Por añadidura, en 30 estados no se tenía pleno conocimiento de la disponibilidad de recursos federales de apoyo en el tema del abuso sexual y en general no hay suficientes datos ni coordinación entre las diversas entidades para dimensionar con suficiencia el problema del abuso sexual dentro de las escuelas.
Finalmente, el reporte de la OFG recomienda que los departamentos federales de Educación, Salud y Justicia colaboren más para obtener información más amplia sobre este tipo de abuso y para ampliar las labores de información, prevención y acción para reducir su prevalencia en el país.
Vale decir que cada niño que se salvado de sufrir una afectación como el abuso sexual es una enorme ganancia, y la cantidad de niños a salvar de ello puede ser de miles y miles.
