Mientras miles y miles de inmigrantes aspiran a –algún día– convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, un creciente número de personas esperan el día en que puedan deshacerse de la nacionalidad estadounidense y dejar de tener algunas de las responsabilidades vinculadas a ella.
Olivier Knox, corresponsal de Yahoo! News en la Casa Blanca, relata que la cantidad récord de personas que, desde enero de 2009 a la fecha, ha decidido renunciar a la ciudadanía estadounidense ha motivado un cambio de la política en la materia: el Departamento de Estado decidió encarecer el costo de los trámites de renuncia de la ciudadanía para que pasen de $450 a $2,350. Ya no será, así, tan barato dejar de ser estadounidense.
Todo en este asunto, al parecer, tiene que ver con dinero. Knox indica que de 2001 a 2008 –durante la presidencia de George W. Bush– 3,937 personas renunciaron a su ciudadanía o residencia permanente. En tanto, de enero de 2009 a la fecha –la presidencia de Barack Obama– esa cifra se ha casi triplicado al llegar a 9,566, según datos del IRS. Aunque no hay datos oficiales específicos que expliquen la causa de este aumento, Knox considera que una razón muy probable es la actual campaña del gobierno de Obama de fiscalizar y gravar activamente la riqueza que muchos estadounidenses poseen en cuentas en el extranjero: unos $6,000 millones en impuestos, intereses y multas han sido cobrados a 40,000 contribuyentes en ese supuesto desde 2009. Así, para dejar de pagar impuestos por los ingresos y recursos que poseen en el extranjero, miles de estadounidenses han preferido deshacerse de las barras y las estrellas para quedarse con una porción mayor del signo de dólar.
Ante esto, fuentes gubernamentales contaron a Knox que la idea del Departamento de Estado es hacer que las personas se la piensen un poco más antes de decidir abandonar su ciudadanía o residencia y que les quede claro que si renuncian a ser estadounidenses no hay modo de echar marcha atrás a esa determinación.
Ciertamente, quienes quieren dejar de ser estadounidenses para no pagar cientos de miles o millones en impuestos futuros no tendrán problema para desembolsar $2,350, pero el dinero extra no caerá mal en las arcas públicas y, presumiblemente, haga abrir los ojos a algunos sobre las implicaciones no económicas de rechazar la ciudadanía: perder no solo las obligaciones sino también los derechos y los privilegios de ser estadounidense. Por ejemplo, ya no podrán residir legalmente en Estados Unidos y, en cambio, deberán contar con una visa para ingresar al país.
Además, los solicitantes deberán presentarse en persona, en el extranjero, en un Consulado de Estados Unidos, para realizar el trámite y hacer allí un juramento de renuncia, según indica el sitio web del Departamento de Estado. Si no se cumplen esas formalidades la renuncia a la ciudadanía carece de validez legal. Por otro lado, el Departamento de Estado aclara que renunciar a la ciudadanía no libra a una persona de sus responsabilidades en materia penal o militar ni los libra de ser procesados legalmente en caso de ser acusados de delitos.
Lo cierto es que, como señala Knox, renunciar voluntariamente a la ciudadanía es sustancialmente más fácil que perderla por una decisión que inicie del lado del gobierno: incluso a personas involucradas en actos ‘antiestadounidenses’, como ser parte de grupos considerados terroristas que han cometido crímenes contra la población o los intereses de Estados Unidos, no es fácil jurídicamente despojarles de su condición de ciudadanos. Aunque cabe decir que esa circunstancia es, por otro lado, una garantía poderosa de que a los ciudadanos no se les quitarán sus derechos por una simple decisión del gobierno en turno.
