Una ola desmesurada de migrantes menores de edad ha cruzado la frontera desde México con la idea de iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Unos 57,000 menores solos han sido detenidos por las autoridades de inmigración en la frontera con México tan solo hasta el 30 de junio en el presente año fiscal 2014, según cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). A esa cifra hay que añadir unas 55,000 familias, muchas de ellas con menores, en el mismo periodo.
El gobierno federal no estaba preparado para enfrentar tal cantidad de personas. Las condiciones de detención de los miles niños y jóvenes han sido escandalosas por el hacinamiento y la precariedad en la que ellos se encuentran. Y el fenómeno continúa: se dice que la cifra podría alcanzar los 70,000 y, de acuerdo a un informe de la televisora NBC, el gobierno federal estima que este año la cantidad de niños que serán detenidos en la frontera podría llegar a los 90,000.
Huyen de la violencia
La mayoría de estos niños provienen de Centroamérica, en especial, según cifras de la CBP, de Honduras (16,546), Guatemala (14,086) y El Salvador (13,301), aunque los hay también de México y otras nacionalidades. La violencia, la pobreza y la desesperanza que cunde en sus lugares de origen los ha impulsado a hacer el viaje, terrible e incierto, desde sus países, a través de México y hasta la frontera, en Texas, donde se ha realizado generalmente su cruce.
Un reportaje de Frances Robles en ‘The New York Times’ señala que en Honduras, por ejemplo, el asesinato de niños de entre 10 y 14 años se duplicó entre 2008 y 2012, mientras que en El Salvador el homicidio de menores de 17 años creció 77% entre 2011 y 2012. A estas cifras hay que añadir los casos de lesiones, amenazas, coerción, intimidación y demás que sufren los menores en esos países a manos, según los medios, de las pandillas criminales que allí campean impunemente. En este sentido, la incapacidad de los gobiernos de esos países centroamericanos de frenar al crimen organizado es otro factor que ha contribuido a que las familias decidan arriesgar a sus hijos en el largo viaje hasta Estados Unidos. Pero los peligros del cruce no parecen menores: en Guatemala, Honduras y El Salvador, los niños migrantes se hallan a merced de las pandillas que los amenazan, reclutan,
No todos vienen de Centroamérica. Una cantidad sustancial, unos 12,614 menores, han cruzado desde México en el presente año fiscal 2014. Pero, generalmente, los niños indocumentados de origen mexicano son regresados a su país de origen al poco tiempo de ser detenidos en la zona fronteriza en Estados Unidos. En cambio, con la aprobación de la ley de protección de víctimas de tráfico humano TVPRA de 2008, los menores centroamericanos son entregados por las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos, en tanto se dilucida su futuro en las cortes de Inmigración.
Y es justo en ese proceso donde el sistema legal se ha venido abajo con la crisis, pues el gobierno federal no cuenta con instalaciones ni empleados suficientes para albergar adecuadamente a esos menores, y tampoco cuenta con el aparato legal necesario para que sus casos puedan ser analizados y decididos en una corte de Inmigración.
Un sistema roto
Sea como sea, una vez que llegan a Estados Unidos y son detenidos, los niños entran a un nuevo calvario, en parte por las características mismas del sistema de inmigración actual como porque las autoridades federales no estaban preparadas para afrontar una ola humana de tal magnitud. El resultado es el hacinamiento en el que se mantiene a muchos de esos inmigrantes, pues los centros de detención o albergue primarios, e incluso otros como la base Lackland, en San Antonio, están a tope ante la oleada de menores.
Y la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que a partir de la ley de 2008 tiene como responsabilidad proteger a esos menores, reunirlos con sus familiares en Estados Unidos o colocarlos en albergues u hogares temporales en tanto se define su futuro en una corte de Inmigración, tampoco da abasto.
Según datos de NBC, la ORR procesaba un promedio de 7,000 y 8,000 casos entre 2005 y 2011. Este año ya tiene más de 50,000 y el número sigue creciendo. Por ende, la administración federal no solo sufre para mantener a los niños detenidos en la frontera, sino también para cumplir con su obligación de protegerlos en tanto se definen sus casos de inmigración, lo que hace que muchos menores permanezcan detenidos en condiciones inhumanas por mucho más tiempo.
Por añadidura, si bien la ley concede a esos menores el derecho a que su caso sea revisado en una corte de Inmigración, estas instancias se encuentran sobresaturadas. Según datos obtenidos por la Universidad de Syracuse, existen 360,000 casos de inmigración pendientes de ser revisados en las cortes, y las condiciones actuales del sistema no permiten que ese retraso sea remediado en el corto plazo. Muchos de los menores deberán esperar meses, o más, antes de de que su caso sea solucionado.
Presupuesto de emergencia
El presidente Barack Obama pidió al Congreso $3,700 millones para atender la crisis por la llegada masiva de niños indocumentados a la frontera. Una considerable proporción de ellos, $1,800 millones, será para ampliar la capacidad de ORR de atender a los menores; $1,100 millones serán para incrementar las capacidades de detención y transporte de inmigrantes detenidos, otros $433 millones para costos adicionales de CBP, y unos $64 millones para contratar más jueces y abogados de inmigración y ampliar las capacidades de las cortes en la materia y de la asistencia legal a los menores.
Finalmente, $300 millones irían a asistencia para repatriar y reintegrar a los menores a sus países de origen y ayudar a sus gobiernos. Además, según fuentes diversas retomadas en los medios, el presidente Obama estaría pidiendo al Congreso autoridad adicional para deportar de modo más expedito a los menores, lo que implicaría en la práctica eludir la ley del 2008 y no conceder a los niños ser atendidos por la ORR ni recibir una audiencia oportuna para presentar sus casos.
El proceso
Según organizaciones civiles y humanitarias, muchos de los niños indocumentados detenidos provenientes de Centroamérica califican par algún tipo de alivio humanitario, ya sea bajo el estatus de asilo o visas especiales para víctimas de la violencia o del tráfico humano. Pero el vocero de la Casa Blanca dijo hace una semana que la “mayoría” de esos niños no calificarán para alivio humanitario y serán devueltos a sus países.
Organizaciones como Kids in Need of Defense (KIND), que aporta abogados voluntarios para defender legalmente a los menores, han criticado frontalmente al gobierno porque destinará gran parte de los $3,700 millones solicitados para agilizar la deportación de los menores. KIND ha criticado que sin un abogado que defienda personalmente a cada menor, sus procesos en cortes de inmigración serán una farsa y señaló que la agencia de refugiados de la ONU y muchas otras organizaciones han indicado que devolver a esos niños a sus países de origen es regresarlos a la violencia y al crimen del que huyeron.
Las críticas han cundido y la administración Obama, al parecer, decidió dar marcha atrás, o mitigar al menos, su posición de obtener mayores facultades para agilizar las deportaciones de menores, por lo que en la práctica el sistema vigente, con todos sus retrasos y complejidades, continuará en vigor, si bien con el potencial añadido de personal y recursos solicitados por Obama.
En cierto sentido, esta circunstancia beneficia tangencialmente a los menores centroamericanos, pues al no poder ser deportados expeditamente, lograrán en cierto modo permanecer en el país durante un tiempo. Además, la masiva cantidad de casos pendientes puede hacer suponer que ese periodo no será breve, por lo que, en las condiciones actuales, esa espera podría no darse en las mejores condiciones, sobre todo en los que permanecen en albergues saturados o en condiciones inadecuadas. Y, como lo señala KIND, si esos menores no cuentan con defensa legal apropiada, la resolución de sus casos, al final, podría no serles favorable. Así, actualmente todo es una suerte de limbo ante la inoperancia del sistema actual y la presente incapacidad de ofrecer nuevas soluciones humanas y justas.
Una luz al final del túnel
La solución, así, debe ser una mezcla entre soluciones de corto plazo, como las propuestas de la Casa Blanca, y otras de largo aliento, entre ellas una reforma de inmigración integral y la colaboración con y de parte de los gobiernos de los países de origen. Una mezcla complicada y difícil de conseguir en el actual contexto. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), que engloba a legisladores y funcionarios de gobierno de origen hispano, ha pedido soluciones de corto y largo plazo que sean compatibles con los valores históricos de Estados Unidos, una nación formada por inmigrantes.
En todo caso, algunos legisladores de ambas cámaras del Congreso, por su parte, han tomado acción en la materia. El senador John Cornyn (republicano, Texas) y el representante Henry Cuéllar (demócrata, Texas) han suscrito la iniciativa de ley llamada ‘Humane Act’ (Helping Unaccompanied Minors and Alleviating National Emergency Act) que pretende reformar la ley de 2008 (que da facultades a la ORR).
La propuesta tiene una doble arista, pues aunque ofrece que todo menor que considere tiene razones para quedarse en Estados Unidos deberá ser escuchado ante una corte de inmigración en un plazo no mayor a 7 días después de haber sido atendido inicialmente por la ORR, a lo que el juez deberá dar una respuesta dentro de 72 horas, al mismo tiempo indica que quienes no resulten favorecidos serán repatriados a sus países de origen.
Quienes resulten favorecidos podrán permanecer con sus custodios en Estados Unidos –generalmente sus familiares- hasta que su caso sea finalmente resuelto en una corte de Inmigración. La propuesta pide también recursos adicionales para contar con 40 nuevos jueces de inmigración y pide se hagan todos los esfuerzos para que los jóvenes cuenten con abogados voluntarios para que los asistan.
Un futuro incierto
Si bien esta ley tiene apoyo bipartidista de dos influyentes legisladores texanos, muchos la criticarán por insuficiente o desmedida, según el extremo político desde el que se la analice. No ofrece un alivio migratorio inmediato como desean los grupos proinmigrantes, y tampoco ordena la deportación directa como querrían los más conservadores y la ultraderecha. Es posible que otras alternativas legales surjan en los próximos días o semanas, pero todo continúa, hasta el momento, en el limbo.
Pero en tanto no se acepte claramente que el contexto de violencia e impunidad del que huyen los menores es motivo claro para ofrecer alivio humanitario y concederles estancia legal en el país, la amenaza de la deportación seguirá pendiendo sobre ellos.
Cabe señalar que, a la fecha, la administración de Obama no ha deportado masivamente a menores. En realidad, ha deportado cada vez menos si se comparan los 8,143 menores deportados en el 2008 (el año en que entró en vigor la ley vigente en la materia) y los 1,669 en el 2013. Esto es así en gran medida por los efectos de la ley del 2008, y presumiblemente también por los considerables retrasos de las cortes de inmigración, que tienen miles de casos pendientes.
Así, esa idea de que el actual gobierno no deporta niños fue uno de los “rumores” relacionados a la actual oleada masiva. Pero esta idea no debe dejar atrás las razones estructurales: la violencia y la pobreza en Centroamérica arrecian y el actual sistema de inmigración de Estados Unidos no está en capacidad de atender ese y el resto del fenómeno de los indocumentados de modo humano, justo y con premura.
¿Cuál es el futuro de los miles de niños que han cruzado y cruzarán a Estados Unidos desde Centroamérica? Por lo pronto la respuesta es una incertidumbre profunda en lo jurídico, y un considerable malestar físico y moral en los centros de detención, albergues y otros espacios en tanto se define su caso. Muchos, ciertamente, serán deportados y quizá reemprendan de nuevo el peligroso viaje de vuelta a Estados Unidos. Otros, sin que haya manera de saber cuántos, lograrán quedarse en el país de modo provisional o permanente.
Pero para miles de chicos y sus familias, esas incertidumbres son el mal menor si se compara con la inseguridad, el crimen, la pobreza, la violencia, al impunidad y la muerte que enfrentan en sus países de origen. La oleada aún no ha terminado.
En todo caso, las deportaciones no han cesado. Según agencias de noticias, el portavoz de la UNICEF (Organización de la ONU para la Infancia) informó que 120 personas, en su mayoría niños, fueron deportados en un avión que los condujo a Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de los hondureños, se trató de 40 personas, entre ellas 18 madres y 22 niños.
