¿Es el retorno de la amenazadora regla, que más que para medir se usaba para aplicar castigo a los niños desobedientes? ¿Es la vuelta del castigo físico arropado como ‘derechos’ de los padres y los profesores?

En Kansas podría registrarse algo así, pues la legisladora demócrata Gail Finney se lo ha tomado tan en serio que ha defendido una iniciativa de ley en ese sentido en la legislatura estatal.

Según esa propuesta de ley, en información de la televisora local KCTV, será legal dar a un menor hasta 10 azotes en la mano, aplicar nalgadas o un castigo que deje un ligero enrojecimiento o incluso moretones. Actualmente, la ley en Kansas ya permite aplicar cierto castigo a los niños, siempre que no deje marcas en quien lo recibe.

La idea de Finney, indica la KCTV, es restaurar los derechos de los padres y profesores autorizados para aplicar medidas que fomenten la disciplina y pretende dejar claro qué es legal y qué no. Por ejemplo, golpear un menor con el puño o golpearlo en la cabeza estaría prohibido. Golpear a un niño con el cinturón también será ilegal.

Los opositores a esa propuesta la consideran obsoleta y que el hecho de que se aplicaran castigos en el pasado no implica que estos vayan a contribuir ahora a una mejor disciplina entre los menores. Y abrir la caja de pandora de este castigo mediante una legislación, señalan críticos de este proyecto legislativo, podría catalizar otras conductas violentas contra los niños. Incluso mencionan estudios científicos que desmienten que el castigo físico sea más útil que otras técnicas no violentas, como el llamado ‘time out’ a los niños que desobedecen.

Habría además que tener en cuenta a los niños y preguntarles si un ligero enrojecimiento o un moretón, así no sea en la cabeza ni producido con el puño o el cinturón, les parecen incentivos apropiados o conductas aceptables de los mayores interesados en fomentar la disciplina.

Según la KCTV, legisladores están preocupados de que los niños le están perdiendo el respeto a la autoridad y que los padres y otras personas autorizadas deben tener la confianza de que pueden aplicar castigos sin preocuparse de repercusiones legales. Algo de impunidad, dirían sus críticos, máxime cuando se considera que en 30 estados del país el castigo corporal en estos casos está prohibido.

A algunos legisladores no les vendrían mal, por cierto, algunas nalgadas.