La socióloga pone bajo escrutinio el empleo, la crisis de la ENEE, la seguridad y la paralización sanitaria. Su balance obliga al Gobierno a responder con cifras, decisiones y resultados verificables.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Nueve meses después de asumir la Presidencia de Honduras, Nasry Asfura enfrenta un cuestionamiento que va más allá de las promesas de campaña: ¿dónde están los resultados concretos frente a las crisis que siguen golpeando a la población?
La pregunta surge del análisis presentado el 27 de octubre de 2026 por la socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien examina el desempeño gubernamental en cinco áreas sensibles: empleo, energía eléctrica, seguridad, garantías ciudadanas y salud pública.
Su evaluación pone sobre la mesa una exigencia fundamental: gobernar no consiste únicamente en anunciar medidas, aprobar leyes o comunicar decisiones. También implica demostrar que esas acciones producen cambios verificables en la vida de los ciudadanos.
El Gobierno de Asfura debe explicar qué ha cambiado, qué sigue pendiente y cuánto tiempo más necesitarán los hondureños para observar resultados. Esa es la interrogante que atraviesa el balance de Castellanos.
Empleo: la primera pregunta incómoda para el Gobierno
La Ley de Empleo Parcial, promovida al inicio de la administración, constituye uno de los puntos más sensibles del documento. Según Castellanos, la normativa no ha generado ni 200 nuevos puestos de trabajo.
La cifra plantea una pregunta directa a las autoridades: ¿cuál ha sido el resultado medible de la política laboral impulsada por el Ejecutivo?
El país necesita conocer cuántos contratos se han formalizado, cuántas plazas permanecen vigentes, qué sectores se han beneficiado y qué mecanismos se utilizarán para ampliar las oportunidades. Sin esos indicadores, resulta difícil determinar si la medida está respondiendo a la demanda de empleo.
El cuestionamiento no termina allí. El análisis menciona entre 937,588 y 960,000 jóvenes de 12 a 30 años que no estudian ni trabajan. La estimación debe contrastarse con su fuente estadística y período de referencia, pero coloca en el debate una preocupación que no puede resolverse únicamente con anuncios: la incorporación de la juventud a la educación y al trabajo.
El Ejecutivo debe presentar sus cifras, explicar sus políticas y demostrar qué oportunidades nuevas está creando. La ciudadanía tiene derecho a evaluar los resultados, no solamente las intenciones.
ENEE: los bonos no sustituyen una solución estructural
La situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa otra prueba para la administración.
Castellanos cuestiona que el congelamiento general de las tarifas sea suficiente para resolver los problemas de una empresa que arrastra obligaciones y pérdidas elevadas. Su análisis recoge L13,227 millones en bonos destinados a pagar parcialmente compromisos con generadores, una deuda de L16,000 millones atribuida a la administración anterior y un saldo pendiente de L7,400 millones.
También señala pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 35 % de la producción.
Los montos y sus períodos deben contrastarse con los registros financieros oficiales. Sin embargo, la discusión de fondo permanece: ¿qué resultados concretos producirá el financiamiento y cómo evitará el Gobierno que el problema siga acumulándose?
La Ley de Justicia Energética, sancionada por Asfura en septiembre, plantea cambios para reorganizar el sistema y reducir pérdidas. La aprobación de una reforma, sin embargo, no equivale por sí sola a demostrar que las finanzas de la estatal se han recuperado. <Cite refs={[«turn809933search2″,»turn809933search9»]}/>
El Gobierno debe publicar indicadores periódicos sobre pérdidas, ingresos, deuda, pagos a generadores y ejecución de las medidas adoptadas. Los hondureños necesitan saber si existe una recuperación verificable o si las obligaciones continúan desplazándose hacia el futuro.
Seguridad: más facultades, pero ¿qué resultados?
El análisis de Castellanos cuestiona que las medidas legislativas de seguridad se concentren en perseguir a operadores criminales de menor nivel mientras las estructuras que sostienen las actividades ilícitas podrían permanecer intactas.
También pone bajo discusión los recursos asignados a las instituciones de seguridad y justicia, entre ellas la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público.
La pregunta que plantea es incómoda para el aparato estatal: ¿cómo se justifican los recursos presupuestarios y las nuevas facultades si la ciudadanía no puede evaluar con claridad los resultados?
El documento también advierte sobre posibles allanamientos y capturas sin orden judicial. La aplicación de esas disposiciones debe examinarse a partir del texto legal vigente, sus excepciones y los controles correspondientes, sin asumir que todas las actuaciones policiales están sujetas a idénticas condiciones.
Castellanos sostiene que combatir el crimen exige ir más allá de los eslabones inferiores de las redes delictivas. Esa observación coloca la investigación financiera, la persecución de las estructuras de poder y la rendición de cuentas institucional en el centro de la discusión.
La seguridad no puede evaluarse únicamente por la cantidad de operativos. También debe medirse por investigaciones concluidas, procesos judiciales, desarticulación de redes y respeto a los derechos fundamentales.
Salud pública: 52,000 consultas pendientes y una explicación necesaria
El frente sanitario concentra una de las preguntas más sensibles del balance. Según las cifras recogidas por Castellanos, siete semanas de huelga de brazos caídos dejaron 1,500 cirugías y 52,000 consultas sin atender.
Los datos requieren contrastarse con los registros sanitarios correspondientes. Aun así, el escenario descrito exige explicaciones sobre las causas de la paralización, las responsabilidades administrativas, los compromisos laborales y las medidas adoptadas para recuperar los servicios.
Cada consulta suspendida representa una atención que el paciente esperaba recibir. Cada cirugía postergada obliga a examinar qué ocurrió, qué alternativas se ofrecieron y cuánto tiempo tardó en resolverse el problema.
El impacto es mayor para las familias que no pueden pagar servicios privados. Por ello, el Gobierno debe informar cuántas atenciones se recuperaron, cuántos pacientes siguen pendientes y qué mecanismos garantizarán la continuidad de los servicios públicos.
El balance que Asfura debe responder
Los señalamientos de Castellanos abren una agenda de rendición de cuentas para el Ejecutivo y las instituciones involucradas.
Las preguntas son concretas: ¿cuántos empleos se han creado?, ¿cómo evolucionan las finanzas de la ENEE?, ¿qué resultados producen los recursos destinados a seguridad y justicia?, ¿qué garantías protegen a los ciudadanos? y ¿cuántos servicios médicos pendientes han sido recuperados?
No basta con responder mediante comunicados. Las explicaciones deben incluir datos comparables, documentos públicos, responsables institucionales y plazos de cumplimiento.
El Gobierno tiene la oportunidad de refutar, aclarar o contextualizar los cuestionamientos mediante evidencia verificable. También debe explicar qué medidas corregirá si los indicadores confirman que los objetivos no se están cumpliendo.
Nueve meses de administración constituyen un momento para examinar compromisos y resultados, no una sentencia definitiva sobre toda la gestión. Pero la obligación de informar ya existe.
La pregunta final sigue en pie: ¿qué puede mostrar hoy el Gobierno de Nasry Asfura que permita a los hondureños comprobar avances reales en empleo, energía, seguridad y salud? La respuesta debe encontrarse en los resultados, no en la propaganda ni en la confrontación política. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
