El secretario privado de la Presidencia estableció un plazo improrrogable para que los ministros gestionen las desvinculaciones de trabajadores vinculados a Libre, con pago de prestaciones y respeto a sus derechos laborales.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Gobierno de Nasry Asfura puso fecha límite a uno de los asuntos más sensibles de la reorganización de la administración pública: el 31 de diciembre deberán haberse gestionado las salidas de los empleados vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre) que permanecen en las instituciones estatales, según las instrucciones comunicadas por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro.
La disposición fue planteada durante una asamblea con funcionarios del gabinete, donde Castro pidió a los ministros acelerar los procedimientos y evitar que las desvinculaciones se conviertan en nuevos conflictos laborales para el Estado.
El mensaje tiene dos componentes fundamentales: cumplir el calendario establecido y reconocer las prestaciones correspondientes a los trabajadores. La instrucción, además, busca evitar confrontaciones y posibles consecuencias económicas derivadas de despidos mal gestionados.
Luis Castro pide negociar las salidas sin maltratar a los trabajadores
Durante su intervención, el funcionario insistió en que los ministros deben abordar cada caso mediante el diálogo, procurando acuerdos que permitan realizar las transiciones laborales sin atropellar los derechos de quienes han trabajado en las instituciones públicas.
Castro explicó que la salida puede plantearse directamente al empleado, reconociendo el tiempo de servicio y ofreciendo el pago de sus beneficios laborales.
«Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones», manifestó el secretario privado presidencial.
La declaración refleja el mecanismo que la administración pretende impulsar para ejecutar las desvinculaciones: conversaciones directas, reconocimiento de obligaciones y procedimientos que eviten enfrentamientos innecesarios.
Los L4,700 millones que preocupan a la administración
Castro también recordó los compromisos económicos relacionados con demandas laborales que, según indicó, fueron recibidos el pasado 27 de enero y alcanzaban los 4,700 millones de lempiras.
El funcionario utilizó ese antecedente para advertir sobre el costo que puede representar para las finanzas públicas una gestión inadecuada de las separaciones laborales.
Su planteamiento es que los ministros actúen con anticipación, revisen las obligaciones de cada institución y eviten decisiones que posteriormente puedan traducirse en litigios y nuevas indemnizaciones.
La cifra coloca el asunto más allá de una reorganización administrativa: también representa un desafío financiero para las instituciones públicas y para el presupuesto estatal.
¿Qué deben cumplir los ministros antes del 31 de diciembre?
La instrucción establece como prioridad gestionar las desvinculaciones dentro del plazo señalado, reconocer las prestaciones laborales que correspondan y evitar procedimientos que puedan generar nuevas obligaciones económicas.
Sin embargo, la pertenencia o vinculación política de un trabajador no sustituye las exigencias legales aplicables a cada relación laboral. Los procedimientos deberán respetar los derechos, las garantías y las disposiciones correspondientes.
El cumplimiento de la fecha anunciada, el tratamiento de los trabajadores y el impacto financiero de las decisiones serán aspectos que deberán permanecer bajo vigilancia pública.
La pregunta ahora es cuántas instituciones conseguirán completar los procedimientos antes del cierre del año y cuánto representará para el Estado cumplir con las obligaciones laborales. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
