El Gobierno vuelve a colocar la transparencia en el centro del discurso oficial, pero siete meses después de asumir el poder todavía tiene una pregunta incómoda frente al país: ¿dónde está la hoja de ruta para convertir la CICIH en una realidad?
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El presidente Nasry Asfura volvió a prometer transparencia, fiscalización además de controles sobre el dinero público durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) junto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El mandatario también defendió una nueva Ley de Contratación del Estado destinada, según su planteamiento, a modernizar las adquisiciones públicas sin eliminar mecanismos de vigilancia. El discurso suena correcto, incluso necesario, pero Honduras ha escuchado demasiadas promesas anticorrupción como para conformarse únicamente con declaraciones. La transparencia comienza precisamente donde termina el discurso: cuando el poder acepta ser observado, investigado, auditado además de cuestionado sin escoger quién lo vigila.
El problema para Casa Presidencial es que la administración ya no puede alegar desconocimiento sobre lo que significa construir un sistema anticorrupción serio. El propio PCM-011-2026, aprobado el 9 de junio, contempla contratación abierta, identificación de beneficiarios finales, fortalecimiento de declaraciones patrimoniales, prevención de conflictos de interés, controles sobre puertas giratorias además de reformas para combatir redes complejas de corrupción. Es decir, el Gobierno escribió en su propia estrategia buena parte de la receta que Honduras necesita. Ahora tendrá que demostrar si pretende aplicarla incluso cuando los controles alcancen funcionarios, proveedores, aliados políticos o decisiones tomadas dentro del propio Ejecutivo.
El Estado no puede auditarse únicamente desde Casa Presidencial
Existe, sin embargo, una contradicción que la administración Asfura tendrá que explicar con mucha claridad. El mismo PCM creó un Comisionado Presidencial para la Transparencia, nombrado por el Presidente de la República, adscrito a la Presidencia además de definido expresamente como una figura sin facultades de investigación penal. Coordinar políticas anticorrupción puede ser útil, pero coordinación no equivale a investigación independiente ni sustituye organismos capaces de llegar hasta las estructuras políticas que eventualmente deban ser investigadas. Un modelo anticorrupción será realmente creíble únicamente cuando pueda actuar sin pedir permiso al poder que debe fiscalizar.
Ahí reaparece la palabra que Casa Presidencial no puede borrar del debate: CICIH. Asfura firmó el 4 de septiembre de 2025 un documento de 12 compromisos promovido por el Consejo Nacional Anticorrupción que incluyó la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras durante el primer año de gobierno. El propio mandatario confirmó el compromiso el 14 de mayo de 2026, cuando aseguró que quería la instalación del mecanismo, aunque advirtió que el proceso requería tiempo. Por tanto, no se trata de una exigencia inventada por la oposición ni de una promesa atribuida artificialmente al Ejecutivo: existe un compromiso político reconocido públicamente por el propio presidente.
El silencio ya necesita respuestas
Siete meses después de la toma de posesión presidencial, el compromiso todavía se encuentra dentro del plazo del primer año, por lo que sería incorrecto declarar jurídicamente incumplida la promesa. Pero precisamente porque el calendario continúa corriendo, resulta legítimo preguntar dónde está la negociación, cuál es el cronograma, qué reformas faltan, quién representa al Gobierno ante Naciones Unidas además de qué modelo de independencia está dispuesto a aceptar Casa Presidencial. Desde la reafirmación pública de mayo, el Ejecutivo ha avanzado con mayor visibilidad en su estrategia anticorrupción doméstica que en explicar la ruta internacional hacia la CICIH. Ese silencio sobre fechas, negociaciones además de condiciones concretas comienza a pesar más que cualquier discurso sobre transparencia.
Una administración decidida a disipar dudas podría comenzar publicando formalmente el estado completo del proceso CICIH. Debería informar las comunicaciones sostenidas con Naciones Unidas, los puntos jurídicos pendientes, los proyectos legislativos indispensables, el cronograma estimado además de las garantías de autonomía que respaldaría para el mecanismo internacional. También debería comprometerse públicamente a no condicionar investigaciones por razones partidarias, empresariales o personales. Si existen obstáculos reales para concretarla, Honduras merece conocerlos con nombres institucionales, documentos además de plazos, no mediante frases abiertas sobre procesos que “llevan tiempo”.
Transparencia significa abrir completamente las compras
La segunda prueba pasa por las contrataciones del Estado, precisamente el terreno donde el Gobierno pretende introducir una nueva legislación. Cada licitación debería permitir conocer estudios previos, oferentes, precios, matrices de evaluación, adjudicaciones, contratos completos, modificaciones, órdenes de pago, avances físicos además de responsables institucionales. Honduras ya aprobó en junio una legislación destinada a crear un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una herramienta que puede identificar quién controla realmente las sociedades mercantiles. El siguiente paso lógico es conectar esa información con todas las contrataciones públicas para que ningún proveedor del Estado pueda esconderse detrás de sociedades opacas.
También deberían publicarse de forma proactiva las declaraciones patrimoniales verificadas de altos funcionarios conforme al marco jurídico aplicable, los potenciales conflictos de interés además de relaciones que puedan comprometer decisiones públicas. Las compras directas tendrían que convertirse en auténticas excepciones, con justificaciones publicadas inmediatamente, comparación de precios, responsables identificados además de auditoría posterior obligatoria. Los contratos de salud, infraestructura, energía además de emergencias requieren todavía mayor escrutinio porque concentran grandes recursos además de decisiones urgentes. Agilizar el Estado jamás puede convertirse en un sinónimo elegante de reducir controles.
Un TSC fuerte debe poder incomodar al poder
Duplicar recursos del Tribunal Superior de Cuentas puede fortalecer sus capacidades, pero el verdadero indicador será la independencia con la que pueda utilizarlos. El TSC debe poder auditar cualquier institución, publicar hallazgos oportunamente, rastrear reparos, determinar responsabilidades administrativas además de remitir casos cuando encuentre indicios que correspondan a otras autoridades. Sus informes necesitan convertirse en documentos fáciles de consultar por cualquier ciudadano, no en archivos que desaparezcan dentro de una burocracia incomprensible. La transparencia será creíble cuando una auditoría incómoda produzca exactamente la misma reacción gubernamental que una auditoría favorable: respeto absoluto al órgano contralor.
El Ministerio Público necesita independencia para investigar, los denunciantes necesitan protección frente a represalias, los periodistas deben acceder a información pública sin obstáculos artificiales además de la ciudadanía debe poder seguir cada lempira desde el presupuesto hasta su destino final. El Ejecutivo también debería publicar indicadores trimestrales sobre contrataciones abiertas, sanciones administrativas, recuperación de activos, cumplimiento de auditorías además de avances de las reformas anticorrupción. Transparencia significa someter al Gobierno a métricas que no controle exclusivamente el propio Gobierno. Quien administra recursos públicos no debería decidir también cuánto puede conocer el ciudadano sobre esa administración.
Asfura afirmó que no le interesa que el Estado funcione mal, sino que funcione bien. La frase puede convertirse en una política de enorme trascendencia si detrás aparecen contratos abiertos, funcionarios fiscalizables, auditorías independientes, beneficiarios finales identificados, conflictos de interés controlados además de una CICIH con verdadera autonomía. Pero si las instituciones creadas terminan dependiendo políticamente de Casa Presidencial mientras la comisión internacional sigue sin una ruta pública precisa, la contradicción será cada vez más difícil de explicar. En materia de corrupción, el Gobierno no necesita pedir confianza: necesita producir pruebas que hagan innecesario pedirla. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
