La crisis de la ENEE exige decisiones profundas, pero no obliga automáticamente a entregar funciones estratégicas al sector privado. Honduras necesita conocer primero dónde se pierden los millones, quién permitió que el deterioro avanzara, qué puede corregir directamente el Estado además de quiénes podrían beneficiarse económicamente de una nueva arquitectura energética. Si una reforma implica contratos, operadores, consultorías o intermediarios, cada nombre, costo, propietario final además de resultado esperado debe quedar bajo luz pública. Antes del “tilín tilín” contractual, el país merece escuchar el sonido de la transparencia.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) atraviesa una crisis que nadie responsable debería minimizar, pero convertir esa crisis en argumento automático para tercerizar sería comenzar el debate desde la conclusión. Si la estatal pierde alrededor de 50 millones de lempiras diarios, como ha señalado el diputado nacionalista Frank Alley, la primera obligación del Estado no consiste en buscar quién puede administrar desde afuera una parte del problema. La primera obligación consiste en explicar con precisión dónde se pierde cada lempira, quién responde por esas pérdidas además de cuáles herramientas públicas todavía no han sido utilizadas. Sin esa radiografía, Honduras podría terminar contratando una cura antes de conocer correctamente la enfermedad.
La discusión energética debe abandonar las consignas fáciles para entrar al terreno de los números, la gestión además de la responsabilidad institucional. No basta decir que la ENEE pierde dinero, porque una empresa pública puede perder recursos por razones completamente diferentes: fraude, mora, deterioro de redes, fallas de medición, mala facturación, deficiente administración, contratos onerosos o decisiones políticas acumuladas. Cada causa requiere una solución distinta, por lo tanto una reforma seria debería comenzar separando cada problema además de asignándole un responsable. Declarar que todo se resolverá mediante participación privada sin publicar ese diagnóstico sería políticamente cómodo, pero institucionalmente insuficiente.
¿Por qué no rescatar primero lo que todavía pertenece al Estado?
Honduras posee una estructura pública capaz de emprender un rescate interno si existe voluntad política, disciplina financiera además de conducción técnica. El Estado puede fortalecer cuadrillas contra el fraude, modernizar medición, acelerar recuperación de mora, digitalizar facturación, auditar contratos, depurar estructuras improductivas además de profesionalizar áreas estratégicas. También puede fijar objetivos mensuales de reducción de pérdidas, publicar resultados territorialmente además de remover administrativamente a quienes incumplan sus responsabilidades conforme a la ley. La pregunta incómoda es por qué esas herramientas no tendrían que agotarse antes de trasladar funciones rentables o estratégicas hacia terceros.
Si una empresa privada puede contratar ingenieros, especialistas en redes, expertos en cobranza, tecnología de medición además de sistemas de gestión, el Estado también puede adquirir esas capacidades sin renunciar necesariamente al control operacional. La discusión debería concentrarse en cuál alternativa ofrece mejores resultados al menor costo para el usuario, no en asumir que lo privado funciona automáticamente mejor por definición. Una tercerización mal diseñada puede convertirse en otro gasto fijo para una ENEE que ya enfrenta enormes presiones financieras. Un rescate estatal mal ejecutado también puede fracasar, pero precisamente por eso ambos modelos deben compararse con números transparentes antes de escoger uno.
¿Dónde están realmente los L50 millones diarios?
La cifra mencionada en el debate político debería desencadenar una auditoría pública de profundidad nacional. Honduras merece conocer cuánto corresponde a pérdidas técnicas, cuánto a energía no facturada, cuánto a conexiones ilegales, cuánto a mora, cuánto a ineficiencia operativa además de cuánto a obligaciones contractuales existentes. También debería conocerse qué zonas concentran las mayores pérdidas, cuáles oficinas presentan los peores indicadores además de qué administraciones dejaron crecer cada problema. Cuando se habla de decenas de millones diarios, la ciudadanía no necesita únicamente una cifra espectacular, necesita la anatomía completa de esa cifra.
El Gobierno podría convertir esta crisis en una oportunidad para establecer un tablero público de desempeño de la ENEE. Cada mes deberían publicarse pérdidas, recuperación de deuda, inversiones en redes, reducción de fraude, mejoras de facturación además de ahorro administrativo. De esa manera, la ciudadanía podría verificar si el rescate avanza o si nuevamente todo queda atrapado en discursos políticos. La transparencia permitiría también identificar si determinada área realmente necesita apoyo externo o si puede ser recuperada utilizando capacidad estatal.
El negocio energético también merece lupa
Toda reforma de gran escala crea oportunidades económicas legítimas, pero precisamente por eso exige mayor vigilancia. Si aparecen contratos de medición, cobranza, tecnología, operación, mantenimiento, consultoría o administración, Honduras tiene derecho a conocer quién competirá, quién ganará además de quién está detrás de cada empresa. Los beneficiarios finales deberían hacerse públicos antes de cualquier adjudicación relevante, junto con las condiciones económicas, duración contractual, metas, penalidades además de mecanismos de salida. Una reforma verdaderamente transparente no debería temerle a ese nivel de escrutinio.
Aquí aparece el “tilín tilín” que incomoda al poder: ¿quiénes podrían hacer negocio alrededor de la crisis de la ENEE? La pregunta no significa acusar a políticos, empresarios o funcionarios de conductas ilícitas, porque una acusación requiere pruebas. Significa exigir que el Estado demuestre que ninguna decisión energética será diseñada para favorecer intereses particulares por encima del consumidor hondureño. Cuando el dinero público entra en juego, seguir la ruta del beneficio económico no es conspiración, es periodismo de control.
¿Qué políticos impulsan cada modelo además de quiénes se beneficiarían?
El Congreso Nacional debería conocer no solamente el texto final de cualquier reforma, sino también la historia de su construcción. ¿Quién redactó las propuestas, qué asesores intervinieron, qué consultoras participaron, qué organismos recomendaron determinados componentes además de qué actores privados sostuvieron reuniones sobre el nuevo modelo? ¿Qué empresas poseen experiencia previa con la ENEE, cuáles podrían participar en futuros procesos además de quiénes integran sus estructuras societarias? ¿Existen vínculos económicos, familiares, políticos o comerciales que deban ser declarados para evitar conflictos de interés?
Estas preguntas no deberían ofender a nadie que defienda una reforma transparente. Al contrario, deberían convertirse en requisito obligatorio antes de comprometer recursos públicos durante años. Los funcionarios que no tengan nada que ocultar deberían ser los primeros interesados en publicar estudios, costos, reuniones, borradores además de potenciales conflictos. La legitimidad de una reforma energética dependerá tanto de sus resultados como de la limpieza del camino utilizado para aprobarla.
PCM: rapidez no puede significar menos control
La posibilidad de utilizar un PCM si no existe acuerdo legislativo abre otra dimensión del debate. Una decisión ejecutiva puede ser jurídicamente distinta de una ley, pero desde el punto de vista ciudadano cualquier cambio relevante debe explicar alcance, costos, responsabilidades además de consecuencias. Mientras mayor sea la urgencia política, mayor debe ser también la obligación de transparentar cada paso. Las crisis suelen producir decisiones rápidas, pero precisamente allí es donde más controles necesita el dinero público.
Honduras no debería aceptar un razonamiento según el cual la gravedad de la ENEE justifica reducir el debate. Si la situación es tan crítica como se afirma, entonces merece más información, más auditoría, más comparecencias técnicas además de más rendición de cuentas. Un buen modelo puede sobrevivir a preguntas difíciles porque sus números lo sostienen. Un modelo que solo avanza cuando disminuye el escrutinio debería preocupar todavía más.
Rescatar la ENEE también significa despolitizarla
El problema estructural puede estar menos relacionado con que la empresa sea pública además de más relacionado con la forma en que ha sido administrada. Una institución utilizada durante años como espacio de cuotas, improvisación o decisiones alejadas de criterios técnicos difícilmente puede competir con eficiencia. El rescate debería incluir meritocracia, evaluación de desempeño, profesionalización de cargos, continuidad técnica además de responsabilidades personales por resultados. Sin esa transformación, cambiar contratistas sin cambiar la cultura institucional podría dejar intacto el problema central.
La ENEE necesita una administración que pueda decirle al país cuánto pierde hoy además de cuánto perderá dentro de seis meses después de aplicar correctivos. Necesita indicadores capaces de medir productividad, reducción de mora, disminución de fraude además de calidad del servicio. Necesita demostrar que cada inversión tiene retorno operacional además de beneficio para el usuario. Sobre todo, necesita dejar de funcionar como una caja negra donde las pérdidas aparecen, pero las responsabilidades se diluyen.
Primero demostrar que el Estado no puede antes de entregarlo a terceros
La tercerización puede ser una herramienta administrativa válida en determinados procesos, pero jamás debería convertirse en dogma. Antes de adjudicar una función estratégica, el Gobierno debería demostrar cuánto cuesta hacerla internamente, cuánto costaría tercerizarla, cuánto ahorro produciría además de qué riesgos transferiría al privado. Solo así la ciudadanía podría evaluar si está ante una modernización real o ante una nueva capa de intermediación financiada con su recibo de energía. La comparación debe existir antes del contrato, no cuando ya resulte imposible retroceder.
Honduras necesita una reforma energética, pero necesita todavía más una reforma de la forma en que se toman decisiones públicas. Si la ENEE puede rescatarse desde adentro, el Estado debe intentarlo con metas, plazos además de responsables. Si una parte específica requiere participación privada, debe demostrarse técnicamente mediante competencia abierta además de contratos sometidos a auditoría permanente. Lo que no puede aceptarse es convertir la crisis en un cheque en blanco.
El gran debate no consiste en decidir entre Estado o empresa privada como si fueran bandos ideológicos. Consiste en proteger al usuario, reducir pérdidas, asegurar energía, recuperar sostenibilidad financiera además de impedir que la reforma termine enriqueciendo estructuras que no generen valor público. Cada contrato debe responder una pregunta simple: ¿esto abarata, mejora además de fortalece el sistema o solamente crea un nuevo receptor de dinero? Esa respuesta debe aparecer en documentos antes de escuchar cualquier “tilín tilín”.
La ENEE todavía puede convertirse en una empresa pública moderna si Honduras decide administrarla como patrimonio nacional además de no como botín político. El país necesita menos discursos sobre imposibilidad además de más pruebas sobre capacidad de gestión. Quienes defienden la tercerización deben demostrar sus beneficios con números, mientras quienes defienden el rescate estatal deben probar que pueden producir resultados medibles. Entre ambos extremos existe una obligación común: que ningún lempira desaparezca detrás de una reforma que el ciudadano no pueda comprender ni fiscalizar. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
