Mientras el Congreso discute la reforma energética y la ENEE contempla un PCM para ganar capacidad operativa, el verdadero desafío continúa dentro de la empresa: pérdidas de energía, millones por cobrar, déficit operativo, deuda, redes que necesitan inversión y un sistema de gestión que todavía tiene amplio espacio para mejorar con recursos públicos antes de entregar funciones estratégicas a terceros.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La discusión sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) corre el riesgo de concentrarse únicamente en una reforma legal, un PCM o posibles esquemas de participación privada, cuando una parte sustancial de los problemas de la estatal está dentro de áreas que el propio Estado puede intervenir, ordenar y modernizar.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, explicó que un PCM podría proporcionar temporalmente mayor margen operativo y administrativo mientras las reformas energéticas continúan pendientes en el Congreso Nacional. También reconoció que ese instrumento no resolvería las transformaciones estructurales que requieren legislación.
Pero detrás del debate jurídico existe una realidad financiera que obliga a mirar más profundo.
Al cierre de diciembre de 2025, la ENEE reportó L39,408.73 millones en ingresos de operación frente a L46,418.67 millones en gastos operativos, dejando una pérdida operativa de L7,009.94 millones. El resultado total del ejercicio fue negativo en L6,318.30 millones. A esa fotografía se agregan L18,170.41 millones en cuentas por cobrar, L18,153.51 millones en cuentas por pagar y L78,802.53 millones en préstamos.
Es decir, antes de discutir quién administrará determinadas funciones, Honduras tiene una pregunta más elemental: ¿está cobrando la ENEE todo lo que debe cobrar, reduciendo todo lo que puede perder y utilizando de la manera más eficiente cada lempira que pertenece al pueblo hondureño?
La primera fuga está en la energía que se produce pero no se cobra
Uno de los mayores problemas históricos de la ENEE continúa siendo la pérdida de electricidad.
Los documentos oficiales distinguen las pérdidas técnicas, vinculadas con las condiciones físicas de transmisión y distribución, de las no técnicas relacionadas con conexiones ilegales, fraude, manipulación o energía consumida que no termina siendo correctamente facturada o recuperada.
La Secretaría de Finanzas reportó que durante 2024 la ENEE generó 11,024.7 GWh y vendió 7,102.6 GWh, una diferencia de 3,922.11 GWh. Ese año las pérdidas rondaron el 34.5%, muy por encima del 15% utilizado en ese documento como referencia recuperable.
El FMI sigue identificando las pérdidas eléctricas como un factor central de las dificultades financieras de la empresa. En junio de 2026 señaló que los objetivos relacionados con su reducción habían sido incumplidos desde junio de 2025 y planteó una trayectoria que llevaría las pérdidas hacia 33.2% a finales de junio y 32.7% a finales de septiembre de 2026.
Ese problema no obliga automáticamente a tercerizar.
Una empresa estatal puede combatirlo mediante medición inteligente, inspecciones, normalización de conexiones irregulares, control de grandes consumidores, actualización del catastro de usuarios, fortalecimiento de cuadrillas, facturación correcta, cobro efectivo y fiscalización interna.
De hecho, el propio programa acordado con el FMI identifica precisamente esas acciones como parte de la estrategia para reducir pérdidas.
La discusión, por tanto, no debería comenzar preguntando qué empresa privada puede asumir la tarea. Debería comenzar preguntando por qué el Estado no puede convertir esas herramientas en una política permanente, medible y profesional dentro de la ENEE.
Casi L18,200 millones pendientes de cobro
Otra falla visible está en la cartera.
Una empresa puede producir energía, transportar electricidad y facturar correctamente, pero si no cobra termina convirtiendo sus ventas en números sobre papel.
Las cuentas por cobrar de L18,170.41 millones registradas al cierre de 2025 representan una enorme cantidad de recursos inmovilizados para una institución que simultáneamente enfrenta problemas de liquidez, obligaciones con proveedores y fuertes niveles de endeudamiento.
Cobrar mejor no significa perseguir indiscriminadamente a familias vulnerables.
Significa depurar la cartera, diferenciar deuda recuperable de deuda incobrable, identificar grandes morosos, revisar cuentas institucionales, automatizar alertas, cruzar información, combatir manipulaciones, facilitar convenios de pago y exigir responsabilidad a quienes sí tienen capacidad de cumplir.
También significa que el Estado debe comenzar por sí mismo.
Si existen dependencias públicas con obligaciones pendientes hacia la ENEE, el Gobierno tiene mecanismos administrativos para conciliar, presupuestar y ordenar esos pagos sin necesidad de entregar la gestión comercial de la empresa.
Cada lempira recuperado reduce la presión para buscar más deuda, transferencias públicas o incrementos trasladados al consumidor.
Fraude eléctrico: tecnología antes que resignación
El problema tampoco es desconocido.
El reporte del FMI publicado en 2025 indicó que habían sido revisadas cerca de 600,000 cuentas, detectándose anomalías —incluidas señales de posible fraude— en más de 200,000 casos, mientras habían sido instalados más de 460,000 nuevos medidores.
Es una señal contundente del tamaño de la oportunidad de recuperación.
El Estado dispone de policía, fiscalía, sistemas de información, equipos técnicos, bases de datos, capacidad normativa y personal operativo. Lo que necesita es convertir la lucha contra el hurto de energía en una política institucional sostenida, sin privilegios, sin excepciones políticas y sin campañas temporales.
La energía robada la terminan pagando quienes sí cumplen.
Por eso reducir pérdidas no es solamente una meta financiera. Es también un asunto de justicia entre consumidores.
Redes viejas no se reparan cambiando de administrador
Otra parte de las pérdidas no proviene del fraude, sino de la infraestructura.
Transformadores sobrecargados, líneas deterioradas, subestaciones con limitaciones, circuitos críticos, vegetación, conexiones deficientes y mantenimiento insuficiente pueden traducirse en fallas, interrupciones y pérdidas técnicas.
La propia CREE señaló en su evaluación de calidad que los problemas de continuidad no aparecen de manera uniforme en todo el país, sino que se concentran especialmente en un grupo de circuitos críticos con alta frecuencia de interrupciones o tiempos prolongados de restablecimiento.
Durante el primer semestre de 2025, los indicadores de confiabilidad reportados por la CREE reflejaron niveles elevados de interrupciones y duración acumulada, confirmando que la calidad de distribución continúa siendo un frente que requiere intervención.
Aquí tampoco existe una fórmula mágica.
Lo que se necesita es inversión priorizada según riesgo, mantenimiento preventivo, repotenciación de subestaciones, sustitución de equipos, automatización, sistemas SCADA, poda técnica, inventarios disponibles, cuadrillas regionalizadas y planes de contingencia.
La ENEE incluso mantiene un Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2026-2035, que identifica proyectos y prioridades de inversión.
El problema no es necesariamente ausencia de planificación. La pregunta es cuánto de esa planificación se ejecuta, a qué velocidad, con qué prioridades y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.
Una empresa que gasta más de lo que genera
La estructura financiera tampoco puede ignorarse.
Al cierre de 2025, los gastos operativos superaban los ingresos de operación. La caja y bancos habían descendido a L2,056.39 millones, frente a L4,518.92 millones un año antes.
Esto obliga a revisar cada centro de costo.
No solamente generación.
También planillas, alquileres, vehículos, combustible, compras recurrentes, inventarios, horas extras, consultorías, contratos de servicios, tecnología, viáticos, proyectos inconclusos, mantenimiento, oficinas administrativas y cualquier gasto que no produzca valor directamente medible para el usuario.
Maximizar los recursos del pueblo significa que cada lempira ahorrado en burocracia innecesaria pueda convertirse en transformadores, líneas, medidores, mantenimiento, tecnología o reducción de deuda.
No se trata de debilitar a la ENEE recortando recursos esenciales. Se trata de trasladarlos hacia donde generan mayor impacto.
El Estado debe saber exactamente qué compra
Los contratos de energía son otra pieza crítica.
Peña Panting advirtió que la legislación vigente puede complicar nuevas contrataciones y encarecer ofertas, mientras señaló que algunas decisiones requieren reformas del Congreso.
La CREE, por su parte, reportó que para el tercer trimestre de 2026 los costos reales de generación habían superado lo proyectado, generando un saldo a favor de la ENEE de USD124.72 millones a recuperar mediante el Costo Base de Generación. La ENEE solicitó diferir USD48.94 millones de un ajuste para evitar trasladar inmediatamente todo el impacto tarifario.
Esto demuestra el enorme peso que tiene la compra de generación sobre las finanzas de la empresa.
Por eso cualquier contratación debe maximizar competencia, precio, transparencia, tecnología, plazo, disponibilidad y seguridad energética.
Comprar caro durante años puede ser mucho más dañino que cualquier ahorro administrativo pequeño.
La generación pública también debe producir al máximo
Honduras posee infraestructura hidroeléctrica pública construida con recursos de generaciones de contribuyentes.
La prioridad debería ser que cada activo estatal opere con la mayor eficiencia técnica posible dentro de límites ambientales, de seguridad y disponibilidad hídrica.
Eso significa mantenimiento oportuno, rehabilitación de unidades, reducción de indisponibilidades, modernización de equipos, almacenamiento cuando sea técnicamente conveniente y planificación adecuada del recurso hídrico.
Cada megavatio competitivo producido con patrimonio público puede reducir la necesidad de acudir a generación más costosa, dependiendo de las condiciones del sistema.
Defender la ENEE como empresa pública no puede significar aceptar ineficiencia.
Debe significar hacer producir mejor los activos que ya pagó Honduras.
Transmisión: invertir antes de que el cuello de botella cueste más
También resulta insuficiente aumentar generación si después la red no tiene capacidad para transportar esa energía eficientemente.
Los planes oficiales de expansión identifican necesidades en diferentes regiones, líneas, transformadores y subestaciones.
Por eso el Estado debe concentrar recursos en obras que eliminen restricciones, aumenten confiabilidad y permitan aprovechar generación disponible.
No toda inversión tiene el mismo impacto.
Una ENEE financieramente limitada necesita utilizar análisis costo-beneficio para priorizar primero las obras que reduzcan pérdidas, descongestionen la red, eviten generación forzada o mejoren la capacidad de transportar energía más barata.
La solución también está dentro de la propia ENEE
Existe un dato especialmente relevante frente a cualquier discurso que presente la tercerización como único camino.
En abril de 2026 fueron integradas tres estructuras vinculadas con distribución: ENEE Distribución, el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas y la unidad técnica responsable del control de la red de distribución y los flujos financieros.
Según el FMI, la integración debe fortalecer responsabilidad, coordinación, planificación, sistemas de información, controles internos, facturación, cobranza y supervisión financiera.
Es decir, parte de la respuesta institucional ya está planteada desde adentro.
Ahora debe producir resultados.
Si existen problemas de facturación, se corrige facturación.
Si existen problemas de cobro, se fortalece cobranza.
Si existen pérdidas, se identifican circuito por circuito.
Si faltan medidores, se compran e instalan con procesos competitivos.
Si existe fraude, se persigue.
Si existe infraestructura deteriorada, se prioriza inversión.
Si existen gastos injustificados, se eliminan.
Si existen contratos inconvenientes, se revisan conforme a la ley.
Si faltan controles, se digitalizan.
Eso es gestión pública.
Tercerizar no debería sustituir la responsabilidad del Estado
No todo contrato con una empresa privada constituye privatización ni toda asistencia especializada debe rechazarse. La ENEE puede requerir proveedores, tecnología, construcción, mantenimiento especializado o servicios que resulte más eficiente adquirir externamente.
El punto crítico es otro.
Contratar un servicio específico no es lo mismo que entregar la conducción estratégica de funciones que el Estado tiene capacidad de administrar.
Antes de tercerizar facturación, cobranza, distribución, pérdidas o cualquier área medular, debería existir un diagnóstico público que demuestre qué falló, cuánto cuesta repararlo internamente, cuánto costaría entregarlo a terceros, qué metas serían exigibles y cuál opción produce mayor beneficio para los usuarios.
Sin esa comparación, hablar de tercerización corre el riesgo de convertirse en un atajo administrativo.
Maximizar cada lempira antes de pedir más al usuario
La responsabilidad final no puede recaer siempre en quien paga la factura.
Las tarifas vigentes desde julio de 2026 ya reflejan importantes costos del sistema, mientras la CREE tuvo que procesar un ajuste derivado del aumento de costos de generación.
Antes de trasladar nuevos costos al pueblo, el Estado debe demostrar resultados en pérdidas, cobro, fraude, gastos, mantenimiento, contratos, generación propia y ejecución de inversiones.
La ENEE no necesita únicamente más dinero.
Necesita que el dinero que ya pasa por sus cuentas produzca más electricidad útil, más cobro, menos pérdida, menos interrupciones y mayor eficiencia.
El patrimonio eléctrico pertenece a Honduras.
Por eso cualquier reforma debería partir de una premisa sencilla: primero recuperar lo que se pierde, cobrar lo que se debe, invertir donde realmente hace falta, utilizar al máximo la capacidad del Estado y exigir resultados verificables.
Solo después de agotar esas posibilidades tendría sentido demostrar, con números públicos, si determinada función requiere apoyo externo.
La crisis de la ENEE no puede convertirse en una justificación automática para entregar capacidades del Estado. Debe convertirse en una oportunidad para reconstruirlas, profesionalizarlas y obligarlas a funcionar al servicio del pueblo hondureño. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
