Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Un nuevo giro judicial sacude el escenario político hondureño. La Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa dentro del caso Pandora II, dejando firme la resolución que pone fin al proceso penal en su contra.
La decisión representa un punto de quiebre dentro de uno de los expedientes de corrupción más sensibles de los últimos años, debido a que modifica la situación jurídica de varios exfuncionarios, reactiva procesos previamente cerrados y mantiene bajo presión judicial a otras figuras de alto perfil.
El fallo ratificó que Lobo Sosa no continuará enfrentando acusaciones por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, luego de que el tribunal determinara que no existían elementos suficientes para sostener una responsabilidad penal en su contra.
La resolución también alcanzó a otros implicados, aunque con resultados distintos.
La Corte revocó los sobreseimientos definitivos concedidos al exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Jorge Johnny Handal Hawit.
Ambos deberán continuar sometidos al proceso por el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que deberán comparecer nuevamente ante el órgano jurisdiccional para conocer las medidas aplicables.
En el caso del exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato Rodríguez, de la exfuncionaria Lilia María Bográn Rivera y de James Aldana Medina, la Corte ordenó modificar resoluciones anteriores y emitir sobreseimientos definitivos respecto de determinadas acusaciones por fraude.
La complejidad del fallo confirma que Pandora II no queda completamente cerrado.
Mientras algunos señalados abandonan definitivamente el expediente, otros regresan al centro del proceso judicial, en una resolución que vuelve a colocar bajo observación la manera en que se investigaron y administraron recursos públicos durante gobiernos anteriores.
La defensa de Porfirio Lobo sostuvo que el expresidente fue incorporado al proceso sin que existiera evidencia directa de participación, conocimiento o ejecución concreta de los hechos investigados.
El argumento central fue que ninguna persona puede ser considerada penalmente responsable únicamente por la posición jerárquica que ocupaba dentro del Estado, sin una vinculación individual y demostrable con la conducta señalada.
Pandora II está relacionado con el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras mediante fundaciones, instituciones y estructuras públicas durante el período comprendido entre 2010 y 2013.
La investigación sostiene que parte de esos fondos habría sido utilizada con fines políticos, circunstancia que convirtió el expediente en uno de los casos más explosivos para la institucionalidad hondureña.
En el mismo proceso permanece señalado el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones por presunto fraude y lavado de activos en Honduras.
Su audiencia de declaración de imputado está programada para el próximo 3 de agosto, una comparecencia que podría abrir una nueva etapa de tensión jurídica y política alrededor de Pandora II.
El sobreseimiento definitivo de Lobo no significa, por tanto, el final del caso.
La resolución fragmenta el expediente, libera a algunos imputados, reactiva procesos contra otros y concentra ahora la atención nacional sobre los próximos movimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En un país marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, cada resolución vinculada con corrupción, antiguos gobiernos y manejo de recursos públicos será examinada no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde la percepción ciudadana de igualdad ante la ley.
La justicia no debe responder a presiones políticas ni a cálculos de poder; su verdadera fortaleza depende de resoluciones claras, pruebas sólidas y decisiones capaces de resistir el escrutinio nacional. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
