Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El sistema electoral hondureño vuelve a colocarse en el centro de una discusión decisiva. El Congreso Nacional y un grupo de exfuncionarios de organismos electorales acordaron integrar una comisión para analizar una ambiciosa propuesta de reformas que pretende modificar cerca de 70 artículos de la Ley Electoral.
La iniciativa aparece después de un proceso electoral marcado por cuestionamientos, tensiones políticas y reclamos sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de administrar la voluntad popular. El propósito declarado es corregir vacíos, prevenir nuevas controversias y fortalecer la credibilidad de las futuras elecciones en Honduras.
No se trata únicamente de revisar artículos o introducir cambios técnicos.
La discusión podría alterar la forma en que se organizan las mesas electorales, se toman decisiones dentro de los organismos temporales y se distribuyen responsabilidades durante el día de las elecciones. Cada modificación tendrá implicaciones políticas, institucionales y ciudadanas.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, confirmó que recibió de los exfuncionarios un proyecto que propone reformar aproximadamente 70 artículos, además de incorporar nuevas disposiciones a la normativa electoral vigente.
Según lo anunciado, la comisión legislativa comenzará la próxima semana la revisión detallada de la propuesta. El análisis será realizado artículo por artículo, con el objetivo de determinar la viabilidad jurídica, política e institucional de cada planteamiento.
La magnitud del documento anticipa una discusión extensa.
Los diputados deberán identificar qué reformas pueden alcanzar consensos, cuáles necesitan ajustes y qué puntos podrían quedar atrapados en la confrontación entre las principales fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
Ciudadanización de las mesas entra al debate
Entre las propuestas que más atención podrían generar se encuentra la ciudadanización de las mesas y juntas receptoras de votos durante la jornada electoral.
Este planteamiento buscaría reducir la dependencia directa de las estructuras partidarias en determinados espacios de administración electoral y abrir una mayor participación de ciudadanos en la recepción, control y conteo de los votos.
La propuesta podría convertirse en uno de los temas más delicados de la discusión.
Durante años, la integración de las mesas electorales ha sido considerada un punto estratégico para los partidos políticos. Cambiar ese modelo significaría revisar mecanismos de representación, controles internos y responsabilidades durante la apertura, desarrollo y cierre de la votación.
Quienes respaldan una mayor participación ciudadana consideran que el cambio podría contribuir a fortalecer la confianza pública, disminuir conflictos entre activistas partidarios y ofrecer una imagen de mayor independencia durante el proceso electoral.
Sin embargo, cualquier reforma deberá estar acompañada de procedimientos claros para seleccionar, capacitar, supervisar y responsabilizar a las personas que integren las mesas.
La ciudadanización, por sí sola, no garantiza transparencia.
Para funcionar, tendría que contar con reglas precisas, formación técnica, controles efectivos y una estructura logística capaz de responder ante irregularidades o disputas dentro de los centros de votación.
Los 86 votos complican las reformas más profundas
Rivera Callejas admitió que algunas propuestas podrían enfrentar serias dificultades para alcanzar los 86 votos requeridos dentro del Congreso Nacional.
Esta mayoría calificada representa uno de los principales obstáculos para cualquier transformación que toque intereses sensibles, estructuras partidarias o disposiciones de alto impacto político.
Entre las iniciativas que podrían generar mayor resistencia se encuentra la posible exclusión de los diputados suplentes.
La propuesta abriría una discusión sobre la composición del Congreso, la representación territorial, las sustituciones temporales y el papel que cumplen los congresistas suplentes dentro de las bancadas políticas.
Modificar esta figura no sería una decisión menor.
Los diputados suplentes forman parte de la estructura legislativa y cumplen funciones cuando los propietarios no pueden participar en determinadas sesiones o actividades. Su eventual eliminación requeriría analizar consecuencias jurídicas, administrativas y políticas.
Rivera Callejas reconoció que este tipo de planteamientos difícilmente obtendrá un respaldo inmediato.
La advertencia revela que el debate no dependerá solamente de la calidad técnica de las propuestas, sino de la disposición de los partidos para renunciar a espacios de poder, revisar privilegios y aceptar cambios que podrían modificar su funcionamiento interno.
Reformar la ley antes que comenzar desde cero
El diputado nacionalista manifestó que considera más viable reformar la actual Ley Electoral que iniciar la elaboración de una nueva normativa.
Su argumento se basa en el tiempo disponible y en la necesidad de evitar que una discusión demasiado extensa deje al país sin reglas actualizadas antes de futuros procesos electorales.
El planteamiento abre una discusión práctica.
Crear una nueva Ley Electoral implicaría construir acuerdos desde cero, revisar toda la arquitectura institucional y someter cada capítulo a una negociación política prolongada.
Reformar la normativa existente permitiría concentrarse en los artículos considerados más problemáticos, corregir contradicciones y fortalecer los procedimientos que hayan demostrado debilidades.
No obstante, una reforma parcial también podría resultar insuficiente si los cambios se limitan a ajustes superficiales o si los acuerdos políticos eliminan los puntos más importantes de la propuesta.
El desafío será evitar que el proceso termine convertido en una simple modificación cosmética.
Honduras ya ha enfrentado reformas profundas
Rivera Callejas recordó que el país ha aprobado importantes transformaciones electorales en el pasado.
Entre esos cambios mencionó la implementación de una nueva tarjeta de identidad, la exclusión de personas fallecidas de los listados de votantes y la modernización de mecanismos relacionados con la transmisión y medición de resultados.
Estas reformas demostraron que el sistema electoral hondureño puede experimentar modificaciones significativas cuando existe suficiente presión social, voluntad institucional y acuerdo político.
Sin embargo, también evidenciaron que la tecnología y las nuevas reglas no eliminan automáticamente la desconfianza.
La credibilidad electoral depende de la capacidad de las instituciones para aplicar la ley, responder con transparencia, resolver conflictos y ofrecer resultados verificables dentro de los plazos establecidos.
Una norma moderna puede fracasar cuando quienes deben ejecutarla actúan bajo presión partidaria, improvisación o ausencia de controles.
Por esa razón, la reforma deberá abordar no solo el contenido de la ley, sino también la capacidad operativa de los organismos electorales.
Exfuncionarios buscan pasar de la crítica a las propuestas
El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, explicó que el grupo de exfuncionarios concentró esfuerzos en construir propuestas destinadas a mejorar la democracia, fortalecer la imagen del sistema electoral y recuperar la credibilidad del proceso.
Su participación añade experiencia técnica e institucional a la discusión.
Los antiguos funcionarios conocen desde dentro los desafíos administrativos, políticos y logísticos que enfrenta una elección nacional. Ese conocimiento podría contribuir a identificar vacíos que no siempre son visibles desde el debate legislativo.
El exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, señaló que el grupo no quiere permanecer únicamente opinando desde los medios de comunicación cuando existe la oportunidad de aportar soluciones concretas.
El mensaje busca presentar el proyecto como una contribución técnica y no como una intervención partidaria.
No obstante, las recomendaciones de los exfuncionarios deberán superar el examen de los diputados, las bancadas políticas, las instituciones electorales y los sectores ciudadanos interesados en la transparencia del sistema.
Una reforma bajo presión política
El Congreso Nacional enfrentará una de sus pruebas más importantes cuando comience la revisión del documento.
Cada artículo podría generar alianzas momentáneas, resistencias internas y negociaciones entre partidos. Los consensos serán especialmente difíciles en aquellos temas relacionados con la representación partidaria, el control de las mesas y la estructura del Legislativo.
La reforma también pondrá a prueba el nivel de compromiso de los diputados con la transparencia electoral.
Será relativamente sencillo respaldar cambios técnicos que no alteren intereses políticos. La verdadera voluntad reformista se medirá cuando el debate alcance disposiciones capaces de limitar privilegios, reducir cuotas partidarias o introducir controles más estrictos.
La ciudadanía observará no solo lo que se apruebe, sino también lo que sea rechazado, modificado o excluido del documento final.
Las decisiones del Congreso tendrán impacto directo en la confianza con la que los hondureños acudirán nuevamente a las urnas.
El tiempo comienza a correr
El factor tiempo podría convertirse en una presión determinante.
Las reformas electorales necesitan ser aprobadas con suficiente anticipación para que las instituciones adapten sus reglamentos, sistemas tecnológicos, presupuestos, procesos de capacitación y estructuras operativas.
Aprobar cambios cerca de una elección puede provocar improvisación, confusión o dificultades para aplicar las nuevas reglas.
Por eso, el debate necesita avanzar con responsabilidad, pero sin quedar atrapado en la lentitud legislativa.
Honduras no puede esperar a que una nueva crisis electoral obligue a corregir lo que pudo prevenirse mediante acuerdos oportunos.
La propuesta de los exfuncionarios abre una oportunidad para revisar el sistema, identificar debilidades y construir reglas capaces de ofrecer mayor certeza.
El resultado dependerá de si el Congreso convierte el debate en una reforma real o lo reduce a otro expediente político sin consecuencias profundas.
La democracia hondureña necesita leyes claras, instituciones independientes y dirigentes capaces de colocar la estabilidad nacional por encima de los cálculos partidarios. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
