Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Nasry Asfura prometió una comisión internacional capaz de enfrentar la corrupción con autonomía e independencia política, pero Casa Presidencial avanza ahora con una estructura controlada desde el mismo Poder Ejecutivo que deberá ser vigilado.
La contradicción coloca al Gobierno frente a una crisis de credibilidad que ya no puede esconderse detrás de discursos, consultas interminables ni nuevos decretos.
Durante la campaña electoral, Asfura firmó un acuerdo de 12 puntos con el Consejo Nacional Anticorrupción, en el que se comprometió a impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, conocida como CICIH.
El compromiso incluía instalar el mecanismo dentro del primer año de gobierno, garantizar su independencia política y promover reformas legales capaces de desmantelar estructuras criminales incrustadas dentro del Estado.
Pero mientras la CICIH continúa atrapada entre negociaciones, explicaciones sobre la complejidad del proceso con Naciones Unidas y plazos que avanzan sin resultados visibles, Casa Presidencial ha optado por construir su propia ruta anticorrupción.
El Ejecutivo creó el cargo de Comisionado Presidencial para la Transparencia, una figura llamada a dirigir la coordinación estratégica contra la corrupción desde el corazón del Gobierno.
El problema no es únicamente que el cargo siga vacante.
El problema es que Casa Presidencial pretende escoger a la persona que deberá vigilar la transparencia del mismo poder que la nombrará.
Es la fórmula política más cuestionable posible: poner al conejo a cuidar las zanahorias, entregarle las llaves de la bodega y luego exigirle al pueblo que confíe.
La nueva estructura fue creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026, publicado el 9 de junio de 2026. El documento establece que el comisionado tendrá rectoría política, coordinación estratégica e interlocución nacional e internacional en materia anticorrupción.
También tendrá bajo su conducción el Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción, diseñado para articular a diferentes instituciones del Estado.
Sin embargo, más de un mes después, el Gobierno todavía no ha nombrado al funcionario.
Casa Presidencial anunció el cargo antes de definir públicamente el perfil.
Creó la estructura antes de garantizar su independencia.
Publicó el decreto antes de mostrar cómo evitará que la nueva oficina termine subordinada a intereses políticos.
El Ejecutivo sostiene que se encuentra en una etapa de socialización y consultas con distintos sectores. Pero esa explicación no responde las preguntas fundamentales.
¿Quiénes están siendo considerados?
¿Quién recomienda los nombres?
¿Qué sectores participan en la decisión?
¿Qué vínculos partidarios serán considerados incompatibles?
¿Qué poder real tendrá el comisionado para denunciar irregularidades dentro del propio Gobierno?
¿Podrá señalar a ministros, asesores presidenciales o altos funcionarios sin recibir presiones?
La transparencia no puede nacer entre reuniones cerradas.
Tampoco puede construirse sobre perfiles secretos ni decisiones tomadas desde los mismos despachos que deberán rendir cuentas.
La demora empieza a parecer menos una dificultad técnica y más una disputa por controlar una posición estratégicamente sensible.
El nuevo comisionado podría tener acceso a información, coordinar acciones institucionales, representar al país ante organismos internacionales y convertirse en la voz oficial del Gobierno frente a denuncias de corrupción.
Por eso, la elección no puede ser tratada como un simple nombramiento administrativo.
Si Casa Presidencial coloca en el puesto a un aliado político, la oficina nacerá desacreditada.
Si escoge a una figura obediente, será un escudo presidencial.
Si limita sus competencias, será una estructura decorativa.
Si utiliza su existencia para reemplazar o retrasar la CICIH, el Gobierno habrá traicionado uno de sus compromisos más sensibles.
Asfura ha reconocido su promesa de instalar el mecanismo internacional, aunque ha advertido que el proceso con Naciones Unidas es complejo y puede tardar.
Esa explicación puede ser jurídicamente válida, pero políticamente no puede convertirse en una excusa permanente.
El mandatario prometió resultados dentro de su primer año.
No prometió únicamente conversaciones.
No prometió analizar posibilidades.
No prometió crear una oficina interna mientras el mecanismo internacional se diluía.
Prometió la CICIH.
La diferencia entre una comisión internacional independiente y una estructura dirigida desde Casa Presidencial no es menor.
Una misión internacional puede investigar sin deberle el cargo al Gobierno.
Un comisionado presidencial, en cambio, será seleccionado dentro de la estructura política que deberá observar.
Uno puede incomodar al poder.
El otro corre el riesgo de servirle.
Uno puede abrir expedientes.
El otro podría terminar administrando comunicados.
Uno puede perseguir redes criminales.
El otro puede convertirse en una muralla para contener el costo político de los escándalos.
La nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción anunciada por el Ejecutivo tampoco debe ser utilizada para reducir el alcance de la CICIH o trasladar su promesa hacia instituciones nacionales históricamente cuestionadas por su debilidad, politización o falta de resultados.
Honduras necesita fortalecer sus instituciones.
Pero también necesita un mecanismo externo capaz de romper los pactos de silencio que durante años han protegido a figuras poderosas.
La CICIH no puede ser sustituida por una oficina presidencial.
No puede ser reemplazada por un decreto.
No puede convertirse en una promesa olvidada mientras Casa Presidencial diseña un modelo que le permita vigilarse a sí misma.
La verdadera lucha contra la corrupción comienza cuando el poder acepta ser investigado por una autoridad que no controla.
Todo lo demás puede convertirse en propaganda.
Casa Presidencial enfrenta ahora una decisión que marcará al Gobierno de Nasry Asfura: cumplir su palabra e instalar una CICIH independiente o construir una estructura interna para controlar quién vigila, qué se denuncia y hasta dónde pueden llegar las investigaciones.
Si el Ejecutivo termina nombrando a un guardián dócil mientras la CICIH desaparece entre trámites y excusas, Honduras tendrá una conclusión inevitable:
El Gobierno no abrió las puertas para combatir la corrupción. Puso un nuevo candado, cambió al vigilante y se quedó con todas las llaves. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
