Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Mientras miles de familias enfrentan apagones, recibos elevados y pérdidas económicas, una poderosa batalla por el control del negocio energético avanza detrás del discurso de rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La discusión ya no puede limitarse a decidir si una reforma es buena o mala. La pregunta que sacude al país es mucho más incómoda: ¿quiénes están detrás de la transformación del mercado eléctrico, qué políticos mantienen vínculos con empresas interesadas y quiénes podrían beneficiarse cuando la nueva estructura comience a repartir contratos, licencias, operaciones e inversiones millonarias?
El Congreso Nacional discute un proyecto de 18 artículos que propone reorganizar profundamente el subsector eléctrico, fortalecer la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, crear un nuevo Operador del Sistema y Mercado, separar funciones actualmente concentradas en la ENEE y abrir espacios para nuevas inversiones en generación, transmisión, almacenamiento y comercialización.
El discurso oficial asegura que la ENEE permanecerá bajo propiedad estatal. Sin embargo, mantener las acciones en manos del Estado no impide que la operación, los contratos, las compras, los servicios técnicos o los negocios derivados terminen controlados por grupos privados.
Ahí comienza la verdadera disputa.
La reforma puede cambiar quién controla el dinero
La reorganización energética no representa únicamente un cambio administrativo. Puede definir quién administrará el sistema, quién venderá energía, quién construirá líneas de transmisión, quién instalará sistemas de almacenamiento, quién entrará al mercado como comercializador y quién recibirá contratos durante las próximas décadas.
El proyecto podría facilitar una mayor participación privada mediante nuevas sociedades, operadores especializados y mecanismos de mercado. FOSDEH ha advertido que la propuesta reconfigura la gobernanza eléctrica y contiene instrumentos capaces de ampliar esa participación empresarial.
Por eso, cada diputado que vote debería revelar públicamente si él, su familia, sus socios, financistas políticos o empresas relacionadas mantienen intereses en generación, construcción, combustibles, paneles solares, transmisión, distribución, cobro, consultorías o comercialización de electricidad.
Honduras no necesita otra votación a oscuras.
Si existen políticos presionando para acelerar la aprobación, el país tiene derecho a conocer si esa presión responde al interés nacional o al interés económico de grupos que ya se preparan para entrar al nuevo mercado.
No basta con levantar la mano en el hemiciclo. Los diputados deben presentar declaraciones de conflicto de interés y permitir que se conozca quién financió sus campañas, quiénes son sus socios comerciales y qué empresas podrían beneficiarse con las reglas que están aprobando.
Las leyes ya comenzaron a preparar el terreno
La reforma actual no nació de la nada.
En 2014 entró en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica, diseñada para separar funciones, fortalecer la regulación y abrir la competencia. Su ejecución quedó incompleta, mientras las pérdidas, la deuda y la politización continuaron creciendo.
En mayo de 2022, el Congreso aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como Bien Público de Seguridad Nacional, presentada como una herramienta para rescatar la ENEE, revisar contratos y recuperar la conducción estatal.
También se aprobaron modificaciones posteriores a la legislación eléctrica y reformas mediante decretos ejecutivos que fueron ajustando la estructura regulatoria del sector. La propia CREE registra cambios legales aprobados en 2022 y 2023 sobre artículos esenciales de la Ley General de la Industria Eléctrica.
Ahora, en 2026, el Congreso avanza hacia otra reorganización.
El problema es que Honduras acumula leyes, decretos, comisiones y promesas, pero la energía continúa cara, los apagones golpean a la población y nadie responde políticamente por los resultados.
Cada administración afirma que está corrigiendo el desastre heredado. Cada partido responsabiliza al anterior. Mientras tanto, los mismos círculos empresariales, contratistas, intermediarios y operadores políticos aparecen alrededor de las decisiones millonarias.
El mapa de los beneficiados continúa oculto
La clase política discute estructuras institucionales, pero guarda silencio sobre los nombres que podrían dominar el negocio después de la reforma.
¿Quiénes aspiran a convertirse en nuevos generadores?
¿Quiénes preparan inversiones en almacenamiento?
¿Quiénes buscan contratos de transmisión?
¿Quiénes desean operar el mercado?
¿Quiénes venderán tecnología, medidores, software o servicios?
¿Quiénes están negociando financiamiento?
¿Quiénes han sostenido reuniones con diputados, funcionarios o asesores del proyecto?
Estas preguntas no acusan automáticamente a nadie. Sin embargo, la negativa a transparentar reuniones, beneficiarios finales, accionistas, contratos y financistas aumenta la sospecha ciudadana.
El sector eléctrico hondureño ha estado marcado durante décadas por contratos cuestionados, compromisos financieros de largo plazo, renegociaciones poco transparentes, subsidios cruzados, pérdidas técnicas y no técnicas, además de decisiones adoptadas bajo intensa presión política.
La nueva reforma podría corregir ese modelo o simplemente cambiar los nombres de quienes controlan el negocio.
El Estado exige sacrificios mientras no paga su propia factura
La crisis adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se revisa quién le debe dinero a la ENEE.
El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, reveló recientemente que las cuentas por cobrar rondan los 18,000 millones de lempiras. De esa cantidad, aproximadamente 14,000 millones corresponderían a instituciones públicas, entidades descentralizadas, organismos autónomos y municipalidades.
Eso significa que cerca del 80 % de la mora señalada estaría concentrada dentro del propio aparato estatal.
Entre los casos mencionados públicamente figura el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con una deuda aproximada de 1,800 millones de lempiras. La ENEE anunció que publicaría el listado detallado de morosos.
La revelación destruye parte del discurso utilizado durante años para responsabilizar exclusivamente a ciudadanos, pequeños negocios o empresas privadas.
El principal moroso sería el mismo Estado que amenaza con cortarles la energía a los hogares.
Instituciones públicas consumen electricidad, acumulan cuentas millonarias y después trasladan el costo al presupuesto nacional. Alcaldías administradas por diferentes partidos dejan crecer obligaciones mientras solicitan transferencias, préstamos o rescates.
El ciudadano común, en cambio, puede quedar sin servicio por una factura atrasada.
Esa doble moral resulta indefendible.
Que publiquen la lista completa, no una versión negociada
La ENEE debe divulgar inmediatamente la lista completa de grandes deudores públicos y privados, incluyendo:
Nombre de la institución o empresa.
Monto original de la deuda.
Intereses acumulados.
Antigüedad de la mora.
Convenios de pago otorgados.
Condonaciones o ajustes aplicados.
Responsables administrativos durante el período de acumulación.
Acciones de cobro emprendidas.
Procesos judiciales abiertos o abandonados.
La información no debe publicarse parcialmente ni mediante una selección política de nombres.
Si una alcaldía controlada por el partido de gobierno debe millones, debe aparecer.
Si una institución administrada por la oposición mantiene mora, debe aparecer.
Si una empresa influyente recibió trato preferencial, debe aparecer.
Si hubo condonaciones, convenios privilegiados o facturas reclasificadas, también deben conocerse.
La transparencia no puede utilizarse como arma para golpear adversarios mientras se protege a aliados.
Bonos para pagar generadores, deuda para el pueblo
El Gobierno también anunció la colocación de bonos por hasta 16,000 millones de lempiras, destinados principalmente a cubrir obligaciones con generadores de energía.
La medida puede aliviar la presión financiera inmediata, pero significa transformar cuentas pendientes en deuda respaldada por el Estado.
En términos simples, el dinero que no pagaron instituciones morosas, las pérdidas que nadie controló y los compromisos adquiridos por administraciones anteriores terminan convertidos en una obligación para toda la población.
El ciudadano paga mediante la tarifa eléctrica.
Paga mediante impuestos.
Paga mediante deuda pública.
Paga cuando su negocio se paraliza por un apagón.
Paga cuando el Gobierno utiliza recursos que podrían financiar hospitales, escuelas, carreteras o seguridad.
Los generadores tienen derecho a cobrar por la energía entregada. La pregunta es por qué el sistema permitió acumular una mora de tal magnitud, quién autorizó cada obligación y qué funcionarios dejaron que el agujero siguiera creciendo.
Los apagones no pueden convertirse en instrumento político
La diputada liberal Saraí Espinal cuestionó si los cortes de energía estaban siendo utilizados como presión para acelerar la aprobación de las reformas.
No existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que los apagones son provocados deliberadamente con ese propósito. Pero la sospecha refleja el nivel de desconfianza que rodea el proceso.
El Gobierno y la ENEE deben publicar datos técnicos sobre cada interrupción relevante: causa, duración, zona afectada, generación disponible, fallas en transmisión, mantenimiento pendiente y energía no suministrada.
Cuando la información técnica se oculta, el vacío es ocupado por rumores.
Cuando una reforma se discute mientras aumentan los cortes, crece la percepción de presión.
Cuando los diputados negocian sin revelar acuerdos, aumenta la sospecha de un reparto.
Apagones destruyen empresas mientras políticos negocian
La crisis eléctrica no es una discusión exclusiva de expertos.
Representantes de la micro y pequeña empresa han denunciado que los cortes ya estarían vinculados con el cierre de miles de negocios y la pérdida de decenas de miles de empleos.
Una pulpería pierde productos refrigerados.
Una panadería detiene sus hornos.
Un taller queda paralizado.
Una clínica suspende equipos.
Una maquila reduce producción.
Una familia soporta calor, inseguridad y daños en sus aparatos.
Mientras ese drama avanza, la clase política convierte la reforma en otra negociación de votos, cuotas, cargos y control institucional.
Los diputados aparecen ante las cámaras defendiendo o atacando el proyecto, pero pocos explican artículo por artículo quién gana poder, quién lo pierde, cuánto costará la transición y qué negocios privados surgirán alrededor de la nueva estructura.
La ENEE no puede seguir como refugio político
Durante décadas, gobiernos liberales, nacionalistas y de Libre utilizaron el sector eléctrico como escenario de disputas, nombramientos, contratos, propaganda y promesas.
Las pérdidas se mantuvieron.
La deuda creció.
La infraestructura envejeció.
Los apagones continuaron.
La recuperación de la ENEE exige administración profesional, independencia técnica, reducción efectiva de pérdidas, inversión transparente y responsables con nombre y apellido.
No puede crearse otro operador para llenarlo de activistas.
No pueden dividirse funciones para multiplicar juntas directivas.
No pueden fundarse sociedades estatales para repartir cargos.
No puede abrirse el mercado para entregar privilegios a grupos cercanos al poder.
No puede hablarse de competencia mientras los beneficiarios reales permanecen escondidos.
La reforma debe aprobarse con las ventanas abiertas
Antes de la votación definitiva, el Congreso Nacional debe publicar el proyecto completo, las modificaciones negociadas, los dictámenes técnicos, el impacto financiero, las reuniones sostenidas con empresas y la identidad de los asesores nacionales e internacionales.
También debe exigirse una auditoría independiente sobre:
Contratos de generación vigentes.
Deudas con generadores.
Cuentas por cobrar.
Mora de instituciones públicas.
Mora de alcaldías.
Convenios otorgados a empresas privadas.
Pérdidas técnicas y no técnicas.
Compras y contrataciones de la ENEE.
Beneficiarios finales de empresas contratistas.
Honduras no puede seguir reformando la energía mediante acuerdos construidos en oficinas cerradas.
El país necesita saber si se está rescatando una empresa pública o preparando un nuevo mercado para políticos, empresarios y financistas conectados con el poder.
La pregunta no es solamente quién votará a favor.
La pregunta decisiva es: ¿quién ganará dinero después de esa votación?
El Congreso puede aprobar otra ley, pero ninguna reforma tendrá legitimidad mientras los intereses empresariales permanezcan ocultos, los grandes morosos continúen protegidos y el costo del desastre siga cayendo sobre el pueblo hondureño. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
