Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional intenta vender como respuesta histórica el aumento de penas por femicidio, pero la realidad golpea con una fuerza mucho más incómoda: en Honduras, las mujeres no solo necesitan condenas más largas después de ser asesinadas, necesitan un Estado capaz de protegerlas antes de que el crimen ocurra.
Bajo el liderazgo político de Tomás Zambrano, el Legislativo aparece celebrando una reforma que eleva las condenas hasta 60 años de prisión, mientras el país enfrenta una crisis más profunda, más dolorosa y más vergonzosa: la incapacidad institucional para prevenir la violencia contra las mujeres, investigar con rapidez, castigar con certeza y romper el círculo de impunidad que sigue alimentando los femicidios en Honduras.
La reforma al Código Penal ya está vigente tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Establece penas de 25 a 30 años por femicidio, de 30 a 40 años por femicidio agravado y la posibilidad de llegar hasta 60 años de cárcel cuando concurran agravantes.
Pero el problema político para Tomás Zambrano es que una pena más alta no salva a una mujer amenazada, no activa una patrulla a tiempo, no obliga a investigar con eficiencia, no repara a una familia destruida y no borra años de abandono institucional.
Ahí se abre la crisis.
El Congreso Nacional puede endurecer castigos, puede levantar la mano por unanimidad, puede presentar la reforma como una victoria legislativa, pero no puede maquillar el fondo del problema: Honduras sigue fallando en prevención, protección, investigación y justicia.
La pregunta que incomoda al poder Legislativo es directa: ¿de qué sirve aumentar la condena si el sistema no logra capturar, acusar, judicializar y condenar con eficacia a los responsables?
Ese es el punto que el Congreso parece querer esquivar.
La violencia contra las mujeres no se combate únicamente con reformas penales de alto impacto mediático. Se enfrenta con presupuesto, fiscalías fortalecidas, policías especializados, protocolos serios, refugios seguros, respuesta inmediata a denuncias, seguimiento a medidas de protección, juzgados funcionales y una política nacional que no llegue tarde.
Porque llegar tarde, en estos casos, significa llegar cuando ya hay una víctima.
La reforma también ordena la creación de juzgados especializados para conocer delitos de femicidio, violencia contra la mujer y casos conexos, integrados únicamente por juezas. Sobre el papel, la medida suena importante. En la práctica, dependerá de recursos, cobertura nacional, personal suficiente, capacitación, independencia y capacidad real para evitar que termine convertida en otro anuncio institucional sin músculo.
Honduras ya ha escuchado demasiadas promesas solemnes frente a tragedias nacionales.
Se anuncian comisiones.
Se aprueban reformas.
Se hacen discursos.
Se habla de justicia.
Pero las mujeres siguen muriendo.
Ese es el costo político que Tomás Zambrano no puede esconder detrás de una reforma penal. El Congreso Nacional queda obligado a demostrar si esto es una política seria contra los femicidios o apenas una jugada legislativa para aparentar respuesta frente a la presión social.
La ciudadanía no debe conformarse con titulares oficiales. Una reforma puede ser necesaria, pero también puede convertirse en maquillaje político si no viene acompañada de resultados verificables.
El verdadero examen no será cuántos años de cárcel dice la ley. El verdadero examen será cuántas vidas logra proteger el Estado, cuántas denuncias atiende a tiempo, cuántos agresores son detenidos antes del crimen y cuántos casos dejan de perderse en el laberinto de la impunidad.
Tomás Zambrano y el Congreso Nacional quedan frente a una verdad incómoda: si las mujeres siguen siendo asesinadas mientras las instituciones fallan, ninguna reforma podrá presentarse como triunfo.
Será apenas una fotografía política sobre una tragedia nacional.
Honduras no necesita un Congreso que maquille la crisis; necesita un poder público capaz de proteger la vida de las mujeres antes de que el país vuelva a llorar otra víctima. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
