La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el 22 de octubre de 2026 una reforma que trasladó la Secretaría Jurídica de la Presidencia y La Gaceta, Diario Oficial, a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue publicada el viernes 23 de octubre en La Gaceta.
La medida concentra en ese organismo la elaboración de normas impulsadas desde la Presidencia y la publicación oficial de leyes, decretos, acuerdos y nombramientos estatales.
La Ley Nº. 1285 convierte a la Secretaría Jurídica en una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, como sucesora de la dependencia que hasta entonces formaba parte de la Presidencia de la República.
La norma también establece que La Gaceta dependerá jerárquicamente de la Procuraduría.
La reforma fue sancionada el mismo día en Managua por Ortega y Murillo, identificados en la ley como copresidente y copresidenta de Nicaragua. Su vigencia comenzó a partir de la publicación en el diario oficial.
La Procuraduría, con nuevas funciones sobre normas y publicaciones
La Secretaría Jurídica conservará sus tareas de participación en la formulación, elaboración y modificación de propuestas legales, reglamentarias y administrativas. También elaborará los acuerdos presidenciales para el nombramiento, traslado o destitución de funcionarios cuya designación corresponde a la Presidencia.
La dependencia deberá preparar las actas y certificaciones vinculadas con esas decisiones y mantener sus registros. Además, tendrá a su cargo los autos y resoluciones relacionados con recursos de apelación administrativa, conforme a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Entre sus atribuciones figura la formulación de iniciativas de ley y decretos legislativos que la Presidencia presente ante la Asamblea Nacional.
La Secretaría Jurídica tramitará luego su sanción, promulgación y publicación, y llevará los libros de acuerdos y decretos presidenciales.
La exposición de motivos sostiene que el cambio busca “mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales”. La reforma añade que la adscripción de ambas instancias fortalecerá “la gestión operacional y estratégica del sector público”.
La Procuraduría General de Justicia ya ejercía la representación legal del Estado y el control de los Registros Públicos, que habían dejado de estar bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023. Con la incorporación de La Gaceta, asume también la administración del canal oficial para divulgar disposiciones estatales.
El control sobre La Gaceta y sus recursos
La Gaceta continuará como el diario oficial del Gobierno de Nicaragua y deberá regirse por la normativa vigente en la materia. La directora o el director presentará a la procuradora o al procurador general, dentro de los primeros 10 días de cada mes, un reporte de gestión correspondiente al período anterior.
La ley prevé publicaciones sin costo, con solicitud y autorización de la Presidencia, para documentos vinculados con actividades oficiales en las que participen el copresidente, la copresidenta o personas que actúen por delegación expresa presidencial. La Presidencia determinará la importancia y trascendencia de esas actividades para justificar su difusión gratuita.
La procuradora o el procurador general podrá autorizar nuevas ediciones extraordinarias de ejemplares agotados cuando exista demanda pública. La solicitud deberá indicar la edición requerida, la cantidad de copias y su justificación técnica y presupuestaria.
La norma transfiere a la Procuraduría la administración, uso y custodia de los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales asignados a la Secretaría Jurídica y a La Gaceta. El traslado incluye bienes muebles e inmuebles, vehículos, mobiliario, equipos, sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, acervo documental y otros recursos.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá efectuar, junto con la Procuraduría General de Justicia, los cambios presupuestarios, financieros, contables y patrimoniales necesarios para ejecutar la reforma. Con información de Infobae
