La Ley de Justicia Energética entra en su fase decisiva tras recibir la sanción presidencial. La reforma reorganiza la ENEE, mantiene su propiedad estatal, congela temporalmente las tarifas eléctricas y abre un nuevo escenario para el mercado energético hondureño.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El presidente Nasry Asfura sancionó la Ley de Justicia Energética, colocando al sector eléctrico hondureño frente a una de sus transformaciones institucionales más importantes de los últimos años. El decreto reorganiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), redefine reglas del mercado y establece un congelamiento temporal de las tarifas. La legislación fue aprobada por el Congreso Nacional el 31 de agosto con 78 votos. Ahora deberá completar el procedimiento de publicación oficial para comenzar su aplicación.
La sanción cobra especial relevancia porque ocurre mientras Honduras entra en una nueva etapa de revisión tarifaria. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mantiene vigente la estructura aprobada para la facturación desde julio de 2026, mientras la nueva legislación incorpora disposiciones destinadas a contener temporalmente aumentos para los usuarios. La discusión deja de ser exclusivamente institucional para trasladarse directamente al bolsillo de hogares, comercios y empresas. El comportamiento de las tarifas será uno de los primeros indicadores mediante los cuales la población medirá los efectos reales de la reforma.
Seis meses bajo un nuevo escenario tarifario
Uno de los puntos de mayor impacto ciudadano es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses, disposición incorporada en la normativa aprobada por el Congreso Nacional. La medida busca evitar incrementos inmediatos mientras comienza la implementación del nuevo modelo energético. También se mantienen beneficios dirigidos a determinados hogares de menor consumo, mientras la legislación contempla mecanismos relacionados con obligaciones pendientes de algunos gobiernos municipales. El alcance final dependerá de la aplicación reglamentaria y de las decisiones regulatorias correspondientes.
La CREE ocupa una posición central dentro de este proceso. El regulador es responsable de aprobar las estructuras tarifarias que aplica la ENEE a los usuarios finales, por lo que la coordinación entre la nueva legislación, el esquema regulatorio vigente y las decisiones posteriores será determinante. La reforma, además, fortalece el marco institucional bajo el cual deberá desenvolverse el sector eléctrico. Para consumidores y empresas, la pregunta inmediata será cómo se reflejarán estos cambios en las facturas durante los próximos meses.
La ENEE cambia su arquitectura
La reforma establece una reorganización de las actividades de generación, transmisión y distribución, que pasarán a operar mediante estructuras diferenciadas vinculadas a una ENEE matriz. La propiedad de la estatal permanece en manos del Estado, según el texto aprobado por el Congreso Nacional. El propósito declarado es ordenar responsabilidades, mejorar la administración del sistema y enfrentar problemas financieros y operativos acumulados durante años.
La separación funcional representa un cambio profundo porque cada área del sistema eléctrico tendrá responsabilidades más claramente delimitadas. En generación estará concentrada la producción de electricidad; transmisión deberá garantizar el traslado de energía a través de la infraestructura de alta tensión; distribución seguirá vinculada directamente al suministro que finalmente reciben hogares y empresas. El desafío será convertir esa reorganización jurídica en resultados operativos verificables. Una nueva estructura, por sí sola, no garantiza automáticamente mayor eficiencia.
Nuevo operador entra al tablero energético
Otro componente de la Ley de Justicia Energética es la incorporación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM), concebido para coordinar funciones relacionadas con el despacho energético y el funcionamiento del mercado eléctrico. La reforma también contempla nuevos mecanismos para compras de energía, proyectos de transmisión y participación de distintos agentes bajo reglas actualizadas. Con ello, Honduras busca modificar la forma en que se organiza buena parte de su industria eléctrica.
El texto abre además espacios para comercialización de energía y contratación bajo determinadas condiciones dentro del mercado. Para grandes consumidores, los cambios pueden adquirir relevancia al ampliar las posibilidades de negociación del suministro. Para el Estado, significará la obligación de garantizar reglas claras, supervisión efectiva y condiciones de competencia compatibles con la seguridad del sistema. El éxito de ese modelo dependerá tanto del diseño institucional como de su ejecución.
Pérdidas eléctricas siguen siendo el gran desafío
La reforma dedica atención a uno de los problemas históricos de la ENEE: las pérdidas de energía y el hurto eléctrico. Reducir esa carga resulta decisivo porque las pérdidas deterioran las finanzas de la estatal, elevan las necesidades de inversión y terminan presionando el funcionamiento general del sistema. Combatirlas requerirá capacidad técnica, inversión en redes, medición adecuada, controles y acciones sostenidas. La legislación crea herramientas, pero la transformación deberá observarse en indicadores concretos.
El Gobierno también vincula la reforma con una estrategia para atraer inversión hacia generación y transmisión. Una oferta energética más robusta puede convertirse en un factor relevante para industrias que analizan costos, estabilidad del suministro y capacidad instalada antes de decidir nuevas inversiones. Sin embargo, el verdadero examen estará en la ejecución, la seguridad jurídica, la transparencia de las licitaciones y la capacidad de garantizar energía confiable a precios competitivos.
Tras sancionar la normativa, Asfura reconoció públicamente que la legislación no solucionará de inmediato todos los problemas acumulados por la ENEE, pero la presentó como el inicio de un proceso de recuperación. El siguiente punto clave será su publicación en La Gaceta y la posterior implementación de las disposiciones que afectan estructura empresarial, regulación, mercado y tarifas.
Honduras entra así en una etapa en la que la Ley de Justicia Energética deberá superar la prueba que enfrenta toda gran reforma: pasar del decreto a los resultados. Para los ciudadanos importará menos la arquitectura jurídica que la estabilidad del servicio, el comportamiento de las tarifas y la calidad de la atención. Para la economía nacional será determinante comprobar si el nuevo modelo consigue reducir pérdidas, atraer inversión y fortalecer la capacidad energética. La vigilancia sobre su implementación apenas comienza. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
