La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández se reactiva este 24 de agosto con una batalla jurídica alrededor de 36 medios de prueba, 15 de ellos objetados por la defensa. El juez deberá conocer además planteamientos procesales que podrían incidir en el rumbo del expediente.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El caso Pandora II vuelve este lunes 24 de agosto al centro del escenario judicial hondureño con la reanudación, a las 9:30 de la mañana, de la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández, una jornada marcada por objeciones a pruebas, solicitudes de nulidad, argumentos de la defensa e interrogantes sobre la ruta que seguirá el expediente.
La tensión procesal se concentra en 15 de los 36 medios de prueba propuestos conjuntamente por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR). La defensa cuestionó esos elementos durante la audiencia anterior, provocando que ambas instituciones solicitaran tiempo para revisar los argumentos presentados antes de responder.
Las pruebas colocan a Pandora II en una etapa decisiva
Según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la propuesta probatoria está compuesta por 34 evidencias documentales, una prueba pericial y la declaración de un testigo considerado clave dentro de las investigaciones.
La audiencia permitirá conocer la posición de la Fiscalía y la PGR frente a las objeciones formuladas, además de las determinaciones que adopte el juez sobre cuáles elementos podrán continuar formando parte del proceso.
El punto adquiere especial importancia porque la discusión no se limita al contenido de las pruebas. La defensa mantiene abiertos varios frentes jurídicos destinados a cuestionar actuaciones realizadas durante la investigación.
Defensa plantea nulidad por presunta indefensión
La abogada Angie Colindres, integrante del equipo legal de Hernández, presentó un incidente de nulidad bajo el argumento de que el exmandatario habría permanecido en estado de indefensión durante parte de la etapa investigativa.
Según la posición de la defensa, algunas diligencias comenzaron cuando Hernández se encontraba en Honduras sin haber sido convocado ni contar con un profesional del derecho que ejerciera su representación.
Ese señalamiento deberá ser evaluado dentro del proceso. Hasta ahora representa un argumento de la defensa, no una determinación judicial sobre la validez o nulidad de las actuaciones cuestionadas.
Otro punto sobre la mesa es una excepción por falta de acción, vinculada con una resolución previa de una Corte de Apelaciones respecto al delito de fraude. La defensa sostiene que aquel criterio debería aplicarse también al expresidente debido a la situación procesal de otros coimputados.
Un expediente ligado a presuntos desembolsos millonarios
Pandora II está relacionado con una investigación por un presunto desembolso irregular de aproximadamente 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, periodo durante el cual Hernández ejercía la presidencia del Congreso Nacional.
De acuerdo con la investigación citada en el expediente, los recursos presuntamente habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013. Estos extremos forman parte de los señalamientos que deben ser discutidos dentro del proceso judicial.
La reanudación ocurre además después del regreso de Hernández a Honduras el 26 de julio de 2026, tras haber recibido en diciembre de 2025 un indulto del presidente estadounidense Donald Trump sobre la condena de 45 años impuesta en Estados Unidos en 2024.
Qué puede definir la audiencia de este lunes
La jornada puede resultar determinante para conocer qué tratamiento recibirán las objeciones contra los medios probatorios, cuál será la respuesta institucional a los planteamientos de nulidad y qué elementos permanecerán dentro del expediente.
La discusión judicial entra así en una fase donde cada decisión procesal puede modificar el camino inmediato de Pandora II. Para la ciudadanía, el interés estará puesto en la transparencia de las actuaciones, el respeto al debido proceso y la capacidad del sistema de justicia para resolver un expediente de alto impacto público bajo criterios estrictamente jurídicos. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
