Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica enfrenta una emergencia financiera que ya no puede atenderse con reformas aisladas, discursos políticos ni transferencias temporales de dinero público. Ante una deuda que supera los 120,000 millones de lempiras, pérdidas operativas millonarias y una estructura que continúa debilitando las finanzas nacionales, QuienOpina.Com propone a la designada presidencial María Antonieta Mejía activar un Plan B integral e inmediato para rescatar la ENEE sin privatizarla.
La propuesta parte de una realidad incómoda: cambiar el modelo administrativo de la estatal puede ser necesario, pero no será suficiente mientras Honduras continúe perdiendo millones de lempiras diarios por hurto de energía, fraude, redes deterioradas, fallas técnicas, consumo no facturado, mora acumulada, deficiencias de medición y debilidad institucional.
Mejía ha defendido que las reformas energéticas que llegarán al Congreso Nacional buscan recuperar financieramente la empresa y garantizar que la ENEE continúe siendo propiedad del Estado.
Esa posición debe convertirse ahora en una estrategia con recursos identificados, plazos concretos, responsables directos y resultados verificables.
La ENEE necesita una intervención de emergencia, no otro rescate sin condiciones.
El Plan B debe comenzar por el gasto tributario
El llamado Plan B para rescatar la ENEE colocaría en el centro de la discusión la revisión del gasto tributario, uno de los terrenos más sensibles de la economía hondureña.
Honduras deja de percibir aproximadamente 73,702 millones de lempiras cada año mediante exenciones, exoneraciones fiscales, regímenes especiales y otros beneficios tributarios.
Esa cifra representa un volumen de recursos superior a las pérdidas anuales estimadas de la estatal eléctrica y obliga al Gobierno a preguntarse si todos los privilegios fiscales todavía generan los empleos, inversiones, exportaciones y beneficios sociales que justificaron su creación.
Las cifras preliminares indican que únicamente 656 empresas, dentro de un universo superior a las 300,000 compañías registradas en Honduras, reciben beneficios mediante regímenes especiales, alianzas público-privadas u otros mecanismos de incentivo.
Esas ventajas pueden incluir exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta, activo neto, ganancias de capital, aranceles de importación e impuestos vinculados con combustibles.
La revisión no debe ejecutarse de manera indiscriminada ni convertirse en una ofensiva contra la inversión privada.
Los beneficios que demuestren creación de empleo formal, generación de divisas, transferencia tecnológica, exportaciones, inversión productiva y desarrollo regional deben conservarse.
Pero los privilegios que no acrediten resultados proporcionales para el país deben ser reducidos, modificados o eliminados mediante un proceso técnico, transparente y gradual.
Una parte de los ingresos recuperados podría alimentar un Fondo Nacional de Estabilización Energética, destinado exclusivamente al rescate de la ENEE.
Ese fondo no debería ser administrado como una cuenta abierta para cubrir pérdidas indefinidas. Cada desembolso tendría que estar condicionado a metas verificables de reducción de pérdidas, recuperación de mora, modernización de redes, mejoramiento de la facturación y fortalecimiento institucional.
La ENEE pierde hasta 50 millones diarios
La dimensión del problema obliga al Gobierno a mirar más allá de las soluciones tradicionales.
La estatal eléctrica pierde entre 40 y 50 millones de lempiras diarios por hurto de energía, fraude, fallas técnicas, redes deterioradas, consumo no facturado y deficiencias acumuladas durante años.
La fuga equivale a entre 15,600 y 18,000 millones de lempiras anuales, una presión que golpea directamente las finanzas públicas.
En términos cotidianos, Honduras estaría dejando escapar alrededor de 544 lempiras por segundo dentro de un sistema que continúa exigiendo dinero del presupuesto nacional para mantenerse funcionando.
Aproximadamente el 35% de la energía disponible se pierde antes de convertirse en ingresos para la empresa.
Eso significa que una parte considerable de la electricidad comprada o producida nunca se factura, no se cobra o desaparece entre fallas técnicas, conexiones ilegales, errores administrativos y debilidades de control.
Ningún rescate será sostenible mientras esa hemorragia continúe.
Por esa razón, el Plan B debe establecer como primera meta nacional reducir progresivamente las pérdidas hasta niveles técnicamente manejables.
La intervención debe comenzar en los circuitos con mayores irregularidades, identificando barrios, zonas comerciales, industrias, instituciones públicas y grandes consumidores donde exista una diferencia desproporcionada entre la energía suministrada y la facturada.
Operación nacional contra el hurto de energía
El robo de electricidad no puede continuar tratándose como una irregularidad menor.
El Gobierno debe crear una unidad nacional especializada contra el hurto y el fraude energético, integrada por personal técnico de la ENEE, operadores de justicia, organismos de investigación y representantes del ente regulador.
Esta unidad tendría que concentrarse en conexiones clandestinas, manipulación de medidores, redes ilegales, alteraciones técnicas y posibles estructuras organizadas dedicadas a facilitar el consumo fraudulento.
Las acciones deben aplicarse sin privilegios.
No importa si el responsable es una vivienda, una empresa, una institución pública, un negocio, una industria o una persona con influencia política. Toda energía consumida debe ser medida, facturada y pagada.
Al mismo tiempo, debe establecerse un programa especial para que las familias vulnerables puedan regularizar conexiones informales sin quedar inmediatamente expuestas a sanciones impagables.
El combate al fraude debe distinguir entre pobreza energética, precariedad habitacional y robo organizado con capacidad económica.
Medición inteligente para cerrar la fuga
La ENEE necesita acelerar la instalación de medidores inteligentes, especialmente entre los grandes consumidores y en las zonas donde se concentran las pérdidas.
Estos dispositivos permitirían detectar alteraciones, suspender servicios de manera remota, identificar variaciones anormales, reducir errores de lectura y mejorar la información sobre el consumo real.
La modernización debe comenzar por clientes industriales, comerciales, instituciones públicas, municipalidades, grandes complejos residenciales y usuarios con historiales de consumo irregular.
Posteriormente deberá extenderse al resto del sistema bajo un calendario nacional.
El país también necesita un centro de control capaz de analizar datos en tiempo real, identificar fugas por circuito y activar inspecciones técnicas antes de que las pérdidas se acumulen durante meses.
Recuperar la mora pública y privada
Otro componente indispensable es la recuperación de las cuentas por cobrar.
El Gobierno debe publicar cuánto adeudan las instituciones públicas, municipalidades, empresas privadas y grandes consumidores.
Las dependencias del Estado no pueden exigir disciplina a los ciudadanos mientras mantienen obligaciones atrasadas con la propia empresa pública.
Las instituciones morosas deberían firmar convenios obligatorios de pago, con deducciones presupuestarias automáticas cuando incumplan.
Para los grandes clientes privados deben establecerse acuerdos de pago, garantías y acciones legales cuando exista capacidad económica y resistencia injustificada a cancelar las obligaciones.
En el caso de los hogares vulnerables, la estrategia debe ser distinta.
Las familias de bajos ingresos necesitan planes accesibles, cuotas razonables, amnistías parciales sobre recargos y mecanismos de regularización que eviten condenarlas a la desconexión permanente.
Más de 120,000 millones de deuda
La deuda acumulada de la ENEE supera los 120,000 millones de lempiras, mientras las obligaciones con generadores privados rondan los 15,400 millones.
Cada mes, además, el Gobierno destina cerca de 283 millones de lempiras para sostener subsidios al consumo eléctrico.
El resultado es una empresa estratégica atrapada entre pérdidas operativas, compromisos financieros, redes vulnerables y una estructura incapaz de convertir toda la energía producida o adquirida en ingresos reales.
El Plan B debe incluir una reestructuración ordenada de la deuda, evitando que el Estado continúe contratando financiamiento costoso únicamente para pagar obligaciones inmediatas.
El Gobierno tendrá que negociar plazos, tasas, calendarios de pago y mecanismos de compensación con acreedores y generadores, pero sin comprometer irresponsablemente los ingresos futuros de la empresa.
También deberá impedir que nuevas deudas sean utilizadas para esconder pérdidas operativas.
Cada obligación reestructurada debe ir acompañada de una reducción real del déficit.
Revisar contratos de generación
El rescate exige una revisión técnica, legal y financiera de los contratos de compra de energía.
No se trata de desconocer compromisos legítimos ni quebrantar la seguridad jurídica.
El objetivo debe ser identificar costos, condiciones, indexaciones, penalidades, obligaciones de compra, vencimientos y posibilidades de renegociación.
Los contratos deben ser analizados por equipos independientes para determinar cuáles continúan siendo competitivos, cuáles pueden renegociarse y cuáles representan cargas excesivas para la empresa.
La información relevante debe publicarse, respetando únicamente las reservas legalmente justificadas.
La opacidad contractual no puede continuar dentro de una empresa sostenida con dinero público.
Pagar a generadores sin paralizar la ENEE
Las obligaciones cercanas a 15,400 millones de lempiras con generadores privados requieren una estrategia inmediata.
El Gobierno debe establecer un calendario de pagos verificable que evite riesgos para la continuidad del suministro.
Sin embargo, esos pagos deben vincularse con acuerdos que faciliten la estabilidad financiera de la empresa.
El diálogo con los generadores puede incluir renegociación de plazos, reestructuración de obligaciones vencidas y mecanismos temporales de compensación.
La prioridad debe ser garantizar energía suficiente al menor costo posible sin comprometer la sostenibilidad futura de la ENEE.
Subsidios dirigidos a quienes realmente los necesitan
Los aproximadamente 283 millones de lempiras mensuales destinados a subsidios deben ser auditados.
El subsidio eléctrico cumple una función social indispensable cuando protege a familias de bajos ingresos.
Pero pierde legitimidad cuando beneficia a usuarios que tienen capacidad económica para pagar la tarifa completa o cuando se entrega sin controles de consumo.
El Plan B debería crear un padrón social depurado, conectado con bases de datos públicas, para identificar a los hogares realmente vulnerables.
Los subsidios deben ser focalizados, transparentes y revisados periódicamente.
Además, se deberían incentivar medidas de eficiencia energética en hogares pobres, como iluminación de bajo consumo, reemplazo de aparatos ineficientes y educación sobre uso responsable.
Una tarifa justa sin castigar al usuario
El rescate no puede descansar únicamente sobre aumentos en la tarifa eléctrica.
Las familias hondureñas no deben pagar el precio completo del hurto, la corrupción, los errores administrativos y las pérdidas históricas.
La política tarifaria debe reconocer los costos reales del servicio, pero también exigir que la empresa reduzca sus ineficiencias antes de trasladar nuevas cargas a los abonados.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica debe fortalecer su independencia técnica y publicar de manera comprensible los componentes de la tarifa.
La ciudadanía necesita saber cuánto paga por generación, transmisión, distribución, pérdidas, subsidios e impuestos.
La transparencia tarifaria permitirá distinguir entre los costos inevitables y aquellos originados por la mala gestión.
Modernizar las redes de distribución
Una parte de las pérdidas tiene origen técnico.
Transformadores sobrecargados, líneas antiguas, equipos deteriorados y circuitos construidos sin planificación reducen la calidad del servicio y provocan desperdicio de energía.
El Plan B debe establecer un programa nacional de modernización de redes, priorizando zonas con mayores pérdidas y constantes interrupciones.
Las inversiones deben seleccionarse según criterios técnicos, no por conveniencia partidaria.
Cada proyecto deberá contar con costos publicados, cronogramas, responsables, supervisión independiente y evaluación posterior.
También es necesario mejorar la infraestructura de transmisión para reducir congestionamientos y facilitar la incorporación de nueva generación.
Diversificar la matriz energética
El rescate financiero debe estar acompañado por una estrategia para reducir la vulnerabilidad ante los combustibles importados.
Honduras necesita ampliar de manera ordenada la generación solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, de biomasa y otras fuentes renovables competitivas.
La diversificación no debe convertirse en una excusa para firmar contratos costosos o proyectos sin estudios.
Cada incorporación debe responder a análisis de demanda, disponibilidad, costos, impacto ambiental y capacidad de transmisión.
También deben desarrollarse mecanismos de almacenamiento, sistemas de respaldo y herramientas para administrar la intermitencia de las energías renovables.
Reducir gastos administrativos innecesarios
La ENEE necesita una auditoría profunda de su estructura administrativa.
El Gobierno debe revisar plazas duplicadas, contrataciones innecesarias, consultorías, alquileres, vehículos, viáticos, compras y gastos que no aportan directamente a la operación.
Esta revisión no puede transformarse en un despido masivo improvisado.
Debe protegerse al personal técnico indispensable, mejorar la capacitación y eliminar estructuras creadas por razones políticas.
Las posiciones estratégicas deben ser ocupadas mediante criterios de capacidad, experiencia y resultados.
La empresa no podrá recuperar credibilidad si continúa siendo utilizada como espacio de reparto partidario.
Gobierno corporativo profesional
El Plan B necesita un modelo de gobierno corporativo que separe la administración técnica de las presiones políticas.
La junta directiva debe integrar profesionales con experiencia en energía, finanzas, regulación, administración y gestión de riesgos.
Sus integrantes deben publicar declaraciones de intereses, evitar conflictos y responder por las decisiones tomadas.
La gerencia general necesita contratos de desempeño con objetivos anuales.
La permanencia de los altos funcionarios debe depender del cumplimiento de metas de pérdidas, cobranza, calidad del servicio, inversiones y sostenibilidad financiera.
Auditoría forense y transparencia total
Antes de movilizar nuevos recursos, el Gobierno debe ordenar una auditoría financiera, operativa y forense.
Esa evaluación debería identificar el origen de la deuda, contratos de mayor impacto, cuentas incobrables, pérdidas injustificadas, compras cuestionables y responsabilidades administrativas.
Los hallazgos deben remitirse a los organismos competentes cuando existan indicios de irregularidades.
Además, la ENEE debe publicar mensualmente un tablero de resultados con información sobre:
Pérdidas de energía, recaudación, mora, deuda, pagos a generadores, subsidios, interrupciones, inversiones, compras, contratos y ejecución presupuestaria.
La ciudadanía debe poder comprobar si el rescate está funcionando.
Compras públicas abiertas
Todas las adquisiciones relevantes de la empresa deben realizarse mediante procesos competitivos y plataformas de acceso público.
Los contratos de medidores, transformadores, cables, mantenimiento, tecnología, generación y consultorías requieren seguimiento permanente.
También debería crearse un sistema de precios de referencia para evitar sobrevaloraciones.
Los proveedores que incumplan plazos, calidad o garantías deben enfrentar sanciones.
Protección contra la corrupción interna
El Plan B debe incluir controles sobre bodegas, inventarios, materiales, combustible, cuadrillas y órdenes de trabajo.
La pérdida de equipos y materiales también afecta las finanzas.
La empresa necesita trazabilidad digital desde la compra de un transformador o medidor hasta su instalación final.
Cada equipo debe quedar asociado a una ubicación, un responsable y una orden de trabajo verificable.
Reforma legal para castigar el fraude
El Congreso Nacional debe revisar el marco legal relacionado con el hurto de energía, manipulación de medidores y conexiones ilegales.
Las sanciones deben ser proporcionales, efectivas y aplicables.
También deben fortalecerse las capacidades de investigación y judicialización.
Sin embargo, la reforma debe incorporar garantías para evitar abusos contra usuarios inocentes o errores de facturación.
La ENEE tendrá que demostrar técnicamente cada fraude atribuido.
Inversión privada sin privatización
Mantener la ENEE en manos del Estado no significa cerrar la puerta a la participación privada.
La empresa puede contratar tecnología, obras, mantenimiento, generación y servicios especializados mediante procesos transparentes y competitivos.
Pero el Estado debe conservar la propiedad de los activos estratégicos, la conducción de la política energética y la capacidad de regulación.
La participación privada debe utilizarse para mejorar eficiencia, no para transferir monopolios o pérdidas al sector público.
Generación distribuida para reducir presión
Honduras también debe facilitar la generación distribuida mediante paneles solares en viviendas, comercios, industrias e instituciones públicas.
Un marco regulatorio claro permitiría que más usuarios produzcan parte de su energía y reduzcan la presión sobre la red.
El sistema debe definir reglas justas de conexión, medición y compensación, evitando beneficios desproporcionados que terminen siendo pagados por quienes no pueden instalar equipos solares.
Hospitales, escuelas y edificios públicos podrían participar en programas de generación y eficiencia energética.
Plan especial para instituciones públicas
El Gobierno debe ordenar una reducción inmediata del consumo eléctrico en edificios estatales.
Cada institución tendría que contar con metas de ahorro, equipos eficientes, mantenimiento de sistemas de climatización y controles de consumo.
Los edificios públicos con capacidad técnica deberían incorporar generación solar.
El Estado debe comenzar por reducir su propia factura antes de pedir sacrificios a la ciudadanía.
Metas concretas para los primeros 100 días
El Plan B necesita acciones inmediatas.
Durante los primeros 100 días deberían publicarse la deuda completa, las cuentas por cobrar, los principales circuitos con pérdidas, el costo de subsidios, el listado de instituciones morosas y un calendario de pagos a generadores.
También debería comenzar la auditoría forense, la revisión del gasto tributario, la instalación de medidores inteligentes para grandes consumidores y la intervención de las zonas con mayores niveles de fraude.
Objetivos para el primer año
Dentro del primer año, el Gobierno debería mostrar una reducción comprobable de las pérdidas, un incremento de la recaudación, disminución de la mora pública, modernización de circuitos críticos y una reestructuración inicial de la deuda.
La ENEE debe dejar de medir su éxito por anuncios y comenzar a medirlo por resultados financieros y calidad del servicio.
Un pacto nacional por la energía
María Antonieta Mejía podría convocar un pacto nacional por el rescate de la ENEE, con participación del Gobierno, Congreso Nacional, empresa privada, trabajadores, organizaciones ciudadanas, municipalidades, generadores y expertos.
Ese diálogo no debe utilizarse para retrasar decisiones.
Debe servir para definir responsabilidades, plazos y compromisos verificables.
El país necesita acuerdos mínimos sobre reducción de pérdidas, protección al usuario vulnerable, inversiones, transparencia y sostenibilidad financiera.
La ENEE necesita dinero, pero primero necesita control
Transferir recursos sin corregir el hurto, la mora, la corrupción, las fallas de facturación y la debilidad institucional únicamente prolongaría la crisis.
El dinero puede aliviar temporalmente las cuentas, pero no resolverá el origen del problema.
Rescatar la ENEE no significa entregarle otro cheque en blanco.
Significa imponer disciplina, modernizar operaciones, revisar privilegios fiscales, recuperar deudas, renegociar obligaciones y establecer consecuencias para quienes incumplan.
María Antonieta Mejía tiene la oportunidad de convertir el debate energético en una política nacional de emergencia.
El Congreso tendrá que asumir su responsabilidad, pero el Poder Ejecutivo también debe presentar una alternativa clara si las reformas enfrentan bloqueos políticos o resultan insuficientes.
Honduras no puede continuar perdiendo hasta 50 millones de lempiras diarios mientras aumenta la deuda y disminuyen los recursos para salud, educación, seguridad e infraestructura.
El tiempo de los paliativos terminó. La ENEE necesita un Plan B integral, inmediato, transparente y sometido a resultados.
El rescate será legítimo únicamente si protege al usuario, elimina privilegios injustificados, castiga el fraude, moderniza las redes y devuelve a la estatal la capacidad de sostenerse con sus propios ingresos. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
