Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El presidente Nasry Asfura estaría preparando una ruta alternativa para enfrentar el gigantesco agujero financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ante una realidad que amenaza con seguir consumiendo millones de lempiras cada día mientras reduce la capacidad del Estado para responder en salud, educación e infraestructura.
El llamado plan B para rescatar la ENEE colocaría en el centro de la discusión la revisión del gasto tributario, un terreno políticamente sensible donde Honduras deja de percibir aproximadamente 73,702 millones de lempiras anuales mediante exenciones y exoneraciones fiscales.
La dimensión del problema obliga al Gobierno a mirar más allá de las soluciones tradicionales.
La estatal eléctrica pierde entre 40 y 50 millones de lempiras diarios por hurto de energía, fraude, fallas técnicas, redes deterioradas, consumo no facturado y deficiencias acumuladas durante años. La fuga equivale a entre 15,600 y 18,000 millones de lempiras anuales, una presión que golpea directamente las finanzas públicas.
La crisis no termina allí.
La deuda acumulada de la ENEE supera los 120,000 millones de lempiras, mientras las obligaciones con generadores privados rondan los 15,400 millones. Cada mes, además, el Gobierno destina cerca de 283 millones de lempiras para sostener subsidios al consumo eléctrico.
El resultado es una empresa estratégica atrapada entre pérdidas operativas, compromisos financieros, redes vulnerables y una estructura incapaz de convertir toda la energía comprada o producida en ingresos reales.
Aproximadamente el 35% de la energía disponible se pierde por distintas causas antes de transformarse en recursos para la estatal. En términos cotidianos, Honduras estaría dejando escapar alrededor de 544 lempiras por segundo dentro de un sistema que continúa exigiendo dinero público para mantenerse funcionando.
Frente a ese escenario, el Gobierno deberá decidir entre continuar cubriendo el déficit mediante más endeudamiento o abrir una revisión profunda de los privilegios fiscales existentes.
Las cifras preliminares indican que solo 656 empresas, dentro de un universo superior a las 300,000 registradas en Honduras, reciben beneficios bajo regímenes especiales, alianzas público-privadas u otros mecanismos de incentivo.
Esas ventajas pueden incluir exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta, activo neto, ganancias de capital, aranceles de importación e impuestos relacionados con combustibles.
El debate no será sencillo.
Una revisión indiscriminada podría afectar inversiones, exportaciones y empleos vinculados a sectores estratégicos. Pero mantener intactos todos los beneficios, sin evaluación de resultados, también elevaría la presión ciudadana sobre un Estado que enfrenta limitaciones económicas mientras sostiene una empresa eléctrica profundamente endeudada.
El desafío para Asfura consiste en separar los incentivos que realmente producen empleo y desarrollo de aquellos que habrían perdido justificación económica o social.
La discusión también deberá responder quiénes asumirán el costo del rescate.
Los usuarios temen nuevos aumentos en la tarifa eléctrica. Los empresarios defenderán la estabilidad jurídica. Los generadores exigirán pagos atrasados. Los sectores sociales reclamarán que los recursos no sean retirados de hospitales, escuelas o proyectos de infraestructura para cubrir nuevamente las pérdidas de la ENEE.
En ese choque de intereses aparece el plan B fiscal: revisar, ordenar y posiblemente redirigir una parte de la renuncia tributaria hacia la recuperación del sistema energético, sin convertir el rescate en otra factura cargada exclusivamente sobre los abonados.
Pero cualquier movimiento requerirá controles estrictos.
Transferir recursos sin corregir el hurto, la mora, la corrupción, las fallas de facturación y la debilidad institucional solo prolongaría la crisis. El dinero podría aliviar temporalmente las cuentas, pero no resolvería el origen del problema.
El rescate deberá incluir medición inteligente, recuperación de pérdidas, combate frontal al fraude, transparencia en las compras, renegociación responsable de obligaciones, modernización de redes y vigilancia sobre los grandes consumidores morosos.
Asfura enfrenta así una de las decisiones más delicadas de su administración: intervenir una estructura que representa una pesada carga para la deuda pública sin paralizar la economía ni castigar a las familias hondureñas.
La ENEE ya no admite soluciones cosméticas. Cada día sin reformas significa millones perdidos, menos inversión social y una deuda que sigue creciendo silenciosamente.
Honduras necesita un rescate energético con números claros, responsables identificados y resultados medibles. Sin transparencia, el plan B podría convertirse en otra promesa costosa; con firmeza institucional, podría abrir la primera ruta real para detener una fuga que el país ya no puede financiar. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
