Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional colocó nuevamente a Honduras frente al escrutinio internacional, pero cualquier consecuencia económica derivada de sus decisiones no debería terminar cargada, como siempre, sobre los impuestos de una población golpeada por el desempleo, la pobreza y el alto costo de vida.
La comparecencia programada para el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abre una discusión que el Legislativo no puede evadir: si el Estado enfrenta condenas, indemnizaciones, costas procesales u otras obligaciones por actuaciones respaldadas políticamente desde el hemiciclo, los diputados que levantaron la mano deben asumir responsabilidad personal y patrimonial.
No sería aceptable que las decisiones adoptadas por mayorías legislativas sean presentadas como actos soberanos cuando producen poder político, pero sean convertidas en deudas colectivas cuando generan consecuencias económicas.
El Congreso no puede reservarse el privilegio de decidir mientras traslada la factura al ciudadano.
Una decisión política con dinero público en riesgo
La controversia gira alrededor del uso del juicio político para destituir al exfiscal general Johel Zelaya, una figura defendida por sectores legislativos como mecanismo constitucional de control entre poderes, pero cuestionada por organizaciones que advierten posibles afectaciones a la independencia institucional, el debido proceso y los compromisos internacionales asumidos por Honduras.
El punto central ya no es únicamente determinar si el Congreso tenía votos suficientes para ejecutar la destitución. La verdadera discusión consiste en establecer si una mayoría política puede remover funcionarios sin afrontar directamente las consecuencias de sus actos.
Los diputados reciben salario, viáticos, combustible, subvenciones, seguridad, asesores y múltiples beneficios financiados con fondos públicos. Sin embargo, cuando una decisión legislativa termina comprometida ante organismos internacionales, la factura suele ser absorbida silenciosamente por el presupuesto nacional.
Ese modelo debe terminar.
Que publiquen los nombres de quienes votaron
El Congreso Nacional debe divulgar de manera completa, accesible y permanente el listado nominal de los diputados que respaldaron la decisión, incluyendo partido político, departamento representado y sentido de su voto.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes participaron, quiénes se abstuvieron, quiénes se opusieron y quiénes pretenden guardar silencio ahora que Honduras enfrenta cuestionamientos internacionales.
La responsabilidad política no puede esconderse detrás de una votación colectiva.
Cada congresista ocupa una curul en nombre del pueblo, no como integrante anónimo de una maquinaria partidaria. Por ello, cualquier eventual sanción económica relacionada directamente con una actuación legislativa declarada contraria a las obligaciones del Estado debería activar mecanismos de repetición, investigación patrimonial y determinación individual de responsabilidades.
No se plantea una deducción arbitraria ni una condena anticipada. Se exige crear una ruta legal para impedir que las malas decisiones del poder sean financiadas automáticamente por quienes nunca fueron consultados.
El soberano no es el diputado
Apelar a la soberanía nacional tampoco puede convertirse en una licencia para borrar responsabilidades.
La soberanía pertenece al pueblo hondureño. Los diputados únicamente la representan temporalmente y están obligados a ejercer sus funciones dentro de la Constitución, la legalidad nacional y los tratados vigentes.
Defender las atribuciones del Congreso no significa concederle impunidad política. El Legislativo puede ejercer controles, interpelar funcionarios y aplicar mecanismos constitucionales, pero también debe explicar sus decisiones, demostrar que respetó garantías mínimas y responder cuando sus actuaciones comprometan recursos estatales.
Poder sin responsabilidad es abuso institucional.
Si los diputados sostienen que actuaron correctamente, no deberían temer que se publiquen sus votos, que se revise el procedimiento ni que se establezca quién pagará una eventual condena.
Honduras no debe pagar por cálculos partidarios
Cada lempira destinado a indemnizaciones internacionales es un lempira que deja de llegar a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, medicamentos o programas sociales.
Por eso resulta moralmente cuestionable que una decisión impulsada por acuerdos partidarios pueda convertirse después en una obligación pagada por millones de hondureños.
El Estado debe defenderse ante la CIDH con argumentos jurídicos sólidos, pero paralelamente corresponde al Congreso explicar qué previsiones adoptó, qué informes técnicos evaluó y quién asumirá responsabilidad si se determina que la actuación violentó derechos o compromisos internacionales.
No basta con repetir que el juicio político es un acto de naturaleza política. Precisamente porque se trata de una decisión política, sus autores deben responder políticamente y, cuando corresponda legalmente, también con su patrimonio.
Una factura que no pertenece al pueblo
El Congreso Nacional enfrenta una prueba de transparencia. Puede abrir los expedientes, publicar las votaciones, explicar el procedimiento y promover una normativa para recuperar fondos públicos cuando exista responsabilidad individual comprobada.
O puede mantener el viejo esquema: los diputados deciden, los partidos celebran, las instituciones son sacudidas y el pueblo paga.
Honduras necesita una regla sencilla: quien utiliza el poder debe asumir las consecuencias de utilizarlo mal.
Si de esta decisión surge una condena económica contra el Estado, la factura no debería enviarse automáticamente al contribuyente. Debe investigarse a quienes promovieron, dirigieron y respaldaron el procedimiento, respetando el debido proceso, para determinar si corresponde recuperar esos recursos de sus salarios, prestaciones o patrimonios.
El dinero público no es un seguro para proteger decisiones políticas irresponsables.
El 5 de agosto no solamente estará bajo examen el Estado de Honduras. También quedará expuesta una clase política acostumbrada a ejercer autoridad colectiva, pero a esconderse cuando llega el momento de asumir responsabilidades. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
