Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La insistencia del Gobierno en avanzar hacia una escisión de la ENEE encendió una discusión nacional que ya supera el terreno técnico y entra de lleno en el campo político, económico y ciudadano: ¿se busca rescatar la estatal eléctrica o rediseñar el negocio energético en Honduras?.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, calificó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como el “hoyo negro” de las finanzas del Estado, al señalar que la estatal representa una carga de más de 16 mil millones de lempiras para las finanzas públicas.
La frase golpeó fuerte.
Pero también abrió una pregunta que incomoda tanto al Gobierno como a los dueños del negocio eléctrico: ¿por qué se habla primero de partir la ENEE antes de cobrar la deuda privada, revisar contratos, auditar beneficios y transparentar quiénes han ganado con el sistema energético hondureño?
La ENEE necesita reformas profundas, pero el país no puede aceptar una cirugía institucional sin saber antes quiénes deben, cuánto deben, quiénes se beneficiaron del modelo actual y qué sectores económicos podrían ganar con una nueva arquitectura eléctrica.
El riesgo político es claro: que el Estado termine cargando las pérdidas, las deudas y el costo social, mientras los sectores privados se quedan con la parte rentable del negocio.
Ese temor ya comienza a instalarse en la conversación nacional.
La llamada doctrina de shock aparece cuando primero se presenta una institución pública como inviable, luego se repite que no hay alternativa, después se instala urgencia y finalmente se empujan reformas profundas sin que la ciudadanía conozca todo el mapa de intereses.
En el caso de la ENEE, esa narrativa puede convertirse en un incendio político si el Gobierno no transparenta cada paso.
La electricidad no es un simple negocio. Es un servicio esencial que impacta hogares, hospitales, escuelas, empresas, pulperías, maquilas, productores y familias que ya cargan tarifas altas, apagones y una economía cada vez más presionada.
Por eso, el debate no debe limitarse a escindir la empresa.
Honduras necesita discutir una política energética de Estado, donde la ENEE no sea debilitada, sino transformada en una institución capaz de producir, planificar, regular y proteger al ciudadano frente a los abusos del mercado.
El Estado hondureño debe impulsar energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, biomasa, almacenamiento energético y generación pública moderna, con una visión soberana que reduzca dependencia, fortalezca la seguridad energética y proteja el bolsillo del pueblo.
Si el Gobierno realmente quiere rescatar la ENEE, debe comenzar por lo más incómodo: cobrar la deuda privada, revisar contratos, exhibir cifras, identificar responsables y demostrar que no gobierna bajo presión de los grandes intereses energéticos.
Una reforma que no toque a los dueños del negocio eléctrico será vista como una reforma incompleta.
Una escisión sin transparencia será vista como sospechosa.
Y una transformación que no fortalezca la generación pública será leída como una renuncia del Estado a proteger al ciudadano.
El gobierno de Nasry Asfura queda así ante una prueba decisiva: demostrar si su administración tendrá fuerza para enfrentar el problema completo o si solo aplicará presión sobre la parte pública del sistema.
La ENEE puede necesitar cambios urgentes, pero Honduras no puede permitir que la crisis sea usada para privatizar ganancias, socializar pérdidas y dejar al pueblo pagando otra factura histórica.
Antes de tocar la estructura de la ENEE, el Gobierno debe tocar los intereses que han pesado sobre el sistema eléctrico. Honduras necesita una reforma que incomode a los poderosos, no otra que castigue al ciudadano. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
