Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Honduras parece estar entrando en una zona peligrosa donde los apagones ya no solo golpean hogares, negocios y comunidades: también alimentan una lectura política explosiva que incomoda al poder. La tesis que comienza a tomar fuerza en la conversación nacional es directa, incómoda y profundamente sensible: Tomás Zambrano aplica doctrina de SHOCK en la crisis de la ENEE.
La sospecha ciudadana apunta a que los cortes prolongados de energía, el deterioro del servicio, el cansancio social y la desesperación de miles de familias podrían estar creando el ambiente perfecto para que la población acepte reformas eléctricas sin exigir primero respuestas claras sobre sus costos, beneficiarios y consecuencias a largo plazo.
El punto de quiebre no está únicamente en la falta de luz. Está en la forma en que una crisis prolongada puede cambiar el estado emocional de un país. Cuando una familia pasa horas bajo el calor, cuando un pequeño negocio pierde productos, cuando una colonia queda paralizada y cuando la economía diaria se desordena, la ciudadanía deja de pensar en el modelo energético y se concentra en una sola demanda: que vuelva la energía como sea.
Ahí entra la advertencia política: la doctrina del shock funciona cuando una sociedad, golpeada por una crisis, termina aceptando decisiones profundas que en tiempos normales habría cuestionado con mayor fuerza. En ese escenario, el miedo, el cansancio y la urgencia se convierten en herramientas de presión silenciosa.
La clase política hondureña conoce bien ese libreto. Primero se deteriora un servicio público, luego se instala la idea de que el Estado ya no puede administrarlo, después se repite que urge una solución “moderna” y finalmente aparecen reformas, concesiones, municipalizaciones, tercerizaciones o esquemas privados presentados como rescate nacional.
Ese mismo patrón fue señalado durante años en procesos vinculados a la BASURA, SANAA, HONDUTEL. El guion se parece demasiado: se deja crecer la crisis, se normaliza el colapso, se culpa a la institución pública, se promete eficiencia externa y el pueblo termina pagando las consecuencias de decisiones tomadas en nombre de una supuesta salvación.
Hoy la ENEE parece caminar sobre esa misma ruta de tensión. No se trata solo de si un funcionario dice o no dice la palabra privatización. Se trata de lo que ocurre en la práctica cuando una empresa pública estratégica entra en deterioro, pierde legitimidad ante la ciudadanía y luego se presenta una reforma como única salida posible.
Por eso el discurso de que “no habrá privatización” ya no basta. La ciudadanía exige saber quién controlará la infraestructura eléctrica, qué papel tendrán los privados, cómo se blindará la soberanía energética, qué impacto tendrán las reformas sobre las tarifas y quién responderá si el nuevo modelo termina golpeando aún más el bolsillo del pueblo.
El problema político para Tomás Zambrano es que la crisis eléctrica ya dejó de ser técnica. Ahora es simbólica. Cada apagón se convierte en una factura política. Cada hora sin luz aumenta la sospecha. Cada explicación incompleta fortalece la percepción de que el país está siendo llevado por cansancio hacia decisiones que podrían cambiar el futuro de la ENEE.
Y ahí está el golpe más duro para la clase política: Honduras no olvida. El pueblo recuerda cuando otros servicios públicos fueron presentados como inviables, ineficientes o quebrados antes de abrir la puerta a modelos que terminaron debilitando lo público, elevando costos o dejando instituciones reducidas a sombras de lo que fueron.
La basura fue vendida bajo el argumento de eficiencia. El agua fue empujada hacia esquemas que debilitaron al SANAA bajo la promesa de orden y modernización. HONDUTEL fue desgastada en medio de discursos de apertura, competencia y rescate. Ahora, con la ENEE, muchos ciudadanos sienten que el libreto vuelve a repetirse con diferente nombre, pero con la misma lógica de fondo.
La pregunta que incomoda al Congreso Nacional es inevitable: ¿se está rescatando la ENEE o se está preparando psicológicamente al país para aceptar su transformación bajo presión?
Esa pregunta debe ser respondida con documentos, garantías, auditorías, debate público y reglas claras. No con discursos generales. No con frases de emergencia. No con promesas políticas lanzadas en medio del apagón.
Honduras necesita energía, pero también necesita verdad. Necesita reformas, si son necesarias, pero no reformas empujadas desde el cansancio social. Necesita eficiencia, pero no a costa de entregar el control de un bien estratégico sin que el pueblo entienda plenamente lo que está en juego.
La ENEE no es una empresa cualquiera. Es un eje de soberanía, economía, productividad, seguridad y vida cotidiana. Si se toca su estructura, el país tiene derecho a saber cada detalle. Si se cambia su modelo, la ciudadanía debe conocer quién gana, quién pierde, quién regula y quién pagará la factura final.
Si la crisis eléctrica se usa para instalar miedo, cansancio y resignación, entonces Honduras no está frente a una reforma ordinaria, sino frente a una operación de presión social. Y si esa presión termina beneficiando a sectores que esperan entrar al negocio eléctrico, la historia juzgará con dureza a quienes apagaron la luz para vender la solución.
Honduras no puede permitir que la oscuridad se convierta en método político. La clase política debe entender que el pueblo quiere luz, pero no a cualquier precio; quiere soluciones, pero no engaños; quiere energía, pero también quiere soberanía, transparencia y respeto. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
