Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La construcción de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara dejó de ser solo una obra pública atrasada para convertirse en un caso de alto voltaje nacional: proyectos que nacieron con un costo aproximado de 3,200 millones de lempiras ahora aparecen sobre la mesa con una estimación de 7,500 millones, mientras su avance no llega ni al 30%, según lo expuesto por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler.
El dato golpea con fuerza porque no se trata de una diferencia menor ni de un ajuste técnico cualquiera. Se trata de una brecha multimillonaria en obras hospitalarias que debían representar alivio para comunidades necesitadas, pero que hoy colocan al Estado frente a una pregunta incómoda: ¿cómo se justifican miles de millones comprometidos si los hospitales siguen lejos de terminarse?
La SIT confirmó que ya se han erogado 2,000 millones de lempiras entre los tres hospitales, una cifra que por sí sola debería reflejar un avance robusto, visible, verificable y proporcional. Sin embargo, el propio ministro advirtió que ese monto, sumado a 220 millones de lempiras en compromisos pendientes, alcanza 2,220 millones sin representar siquiera el 30% de ejecución.
Ese contraste abre una crisis de confianza pública. En un país donde los pacientes esperan atención digna, donde las familias recorren hospitales saturados y donde la salud pública continúa siendo una de las mayores deudas sociales, cada lempira invertido sin resultado tangible se convierte en una señal de alarma institucional.
Ehrler explicó que la paralización de los proyectos, iniciada en el gobierno anterior, obligó a la SIT a revisar contratos, estudios previos y procesos de contratación. Esa revisión no es un trámite administrativo: es una radiografía urgente sobre decisiones que pudieron haber dejado al país atrapado entre obras inconclusas, costos disparados y compromisos financieros difíciles de defender ante la ciudadanía.
La Secretaría también solicitó el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas para realizar una auditoría forense y concurrente, con el objetivo de determinar el nivel de seguridad de ejecución de cada proyecto. En otras palabras, el Estado busca ahora comprobar cómo se estructuraron los montos originales, qué tan sólidos fueron los estudios técnicos y si los contratos responden realmente al interés público.
El punto más explosivo está en la proporción entre dinero pagado y avance alcanzado. Si 2,220 millones de lempiras no cubren ni el 30% de los tres hospitales, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras, nombres responsables, documentos verificables y una ruta transparente para evitar que estas obras terminen convertidas en monumentos al despilfarro.
La situación también coloca bajo presión a las instituciones encargadas de control y fiscalización. No basta con anunciar auditorías si al final no se establecen responsabilidades, no se corrigen errores contractuales y no se garantiza que el dinero restante no repita el mismo patrón de incertidumbre.
Los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara fueron planteados como respuesta a necesidades reales de salud. Hoy, sin embargo, el debate se ha desplazado hacia el corazón de la administración pública: costos que se elevan, avances que no acompañan, contratos bajo revisión y una población que sigue esperando resultados.
La SIT sostiene que todavía falta entre el 60% y 70% de ejecución para concluir las obras. Eso significa que el país enfrenta una decisión crítica: continuar sin una revisión profunda o detenerse a examinar cada cifra antes de comprometer más recursos públicos en proyectos que ya muestran señales de alerta.
Honduras no puede normalizar que una obra hospitalaria aumente miles de millones mientras permanece lejos de completarse. La salud pública no puede convertirse en una excusa para contratos opacos, cálculos débiles o decisiones que después nadie quiere explicar.
El cierre institucional deberá ser contundente. Si hubo fallas técnicas, deben corregirse. Si hubo mala planificación, debe evidenciarse. Si hubo responsabilidades administrativas, deben señalarse. Y si los proyectos son viables, deben avanzar con reglas claras, auditoría permanente y rendición de cuentas real.
El país necesita hospitales terminados, no discursos. Necesita camas, quirófanos, médicos, salas funcionales y atención digna. Porque cuando una obra de salud se infla en costos, pero no avanza al ritmo prometido, la crisis ya no está solo en el concreto: está en la confianza ciudadana.
Honduras exige respuestas firmes, auditorías serias y una explicación pública capaz de demostrar que cada lempira invertido en salud está al servicio de la gente, no perdido en el laberinto de contratos inconclusos. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
