México presentará el jueves una reforma a su ley electoral para incluir una investigación a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, en medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar a un gobernador acusado de narcotráfico.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará el proyecto al Congreso, donde tiene mayoría. El objetivo es que rija para las elecciones de 2027, en la que se renovará el poder legislativo y parte de las gobernaciones y alcaldías.
«Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada», dijo Sheinbaum en su rueda de prensa cotidiana.
Las autoridades anunciaron precisamente la víspera la detención de seis políticos locales por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Van 70 desde 2024.
El gobierno, sin embargo, está bajo presión de Estados Unidos para que arreste y extradite al gobernador Rubén Rocha, a quien relaciona con el peligroso cártel de Sinaloa que fundó Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.
Rocha pidió licencia para apartarse del cargo. Sheinbaum ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de actuar en contra el funcionario.
«No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa», insistió la mandataria.
La propuesta electoral incluye ahora la creación de una comisión, dependiente de las autoridades electorales, que verifique con la fiscalía y los órganos antilavado que un aspirante no tenga vínculos con el crimen organizado.
La pesquisa no será obligatoria para los partidos políticos, que podrán entregar a «las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia» los nombres de sus candidatos para descartar cualquier «riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada», explicó Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum.
Los resultados no serán vinculantes, aunque pueden llevar a una investigación formal de la justicia. Con información de AFP.
