El Tribunal de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró con lugar un recurso de la defensa del exsecretario de la SIT. El Ministerio Público deberá identificar las contrataciones directas investigadas, sus fechas de adjudicación y los funcionarios que las autorizaron.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La investigación alrededor de la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá entró en una fase judicial decisiva luego de que un tribunal ordenara al Ministerio Público (MP) precisar el alcance de las diligencias vinculadas con la gestión del exsecretario de Infraestructura y Transporte Octavio Pineda.
El Tribunal de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró con lugar un recurso presentado por la defensa del exfuncionario, una resolución que obliga al ente acusador a delimitar con mayor precisión cuáles contrataciones directas forman parte de la investigación.
La orden judicial coloca ahora sobre el Ministerio Público una obligación concreta: presentar el listado completo de las contrataciones directas investigadas, señalar las fechas en que fueron adjudicadas e identificar al funcionario que autorizó cada operación.
El MP deberá definir exactamente qué investiga
La resolución introduce un punto de quiebre en un expediente de elevada sensibilidad pública: la investigación no podrá descansar únicamente sobre referencias generales a la construcción de los tres hospitales.
La defensa de Octavio Pineda deberá presentarse junto al exsecretario a una audiencia ad hoc a las 9:00 de la mañana, instancia en la que se definirán los puntos específicos de la investigación y, según la información disponible, se conocerá la continuidad del proceso.
Hasta el momento, Pineda no se ha pronunciado públicamente sobre esta resolución.
El caso adquiere además una dimensión política debido a que el exsecretario expresó recientemente sus intenciones de buscar una precandidatura presidencial en Honduras, aunque ese escenario político debe mantenerse separado de las actuaciones judiciales que actualmente se desarrollan.
Tres hospitales permanecen bajo investigación
El expediente tiene como telón de fondo una decisión de alto impacto adoptada el 5 de mayo de 2026, cuando el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de pagos relacionados con los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho.
La medida se produjo mientras el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigan posibles irregularidades relacionadas con la contratación y ejecución de los proyectos.
El TSC mantiene bajo análisis 47 contratos y aproximadamente 29,500 folios de documentación.
La revisión busca determinar si los recursos desembolsados corresponden al avance físico de las obras y si los procedimientos de contratación se ajustaron a la legislación aplicable.
Los montos colocan presión sobre el expediente
Uno de los elementos de mayor peso público es la evolución presupuestaria de los tres hospitales.
De acuerdo con los datos contenidos en la investigación, el presupuesto conjunto habría pasado de aproximadamente L1,874 millones en el diseño original a L7,674 millones, más de cuatro veces el monto inicial.
El cambio ocurrió después de que los proyectos dejaran un esquema de cooperación con España y fueran administrados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Los presupuestos actualmente reportados rondan los L4,402 millones para Santa Bárbara, L1,635 millones para Ocotepeque y L1,613 millones para Salamá.
Existe, sin embargo, una precisión indispensable: el TSC ha manejado de forma preliminar una cifra de L4,662.7 millones correspondiente a los contratos bajo revisión, monto que representa una parte de los proyectos y no necesariamente el presupuesto total de las tres obras.
¿Qué cambia con la resolución judicial?
La decisión no determina responsabilidad penal ni resuelve el fondo de las investigaciones.
Lo que hace es exigir una delimitación más clara sobre qué contratos están siendo investigados, cuándo fueron adjudicados y quién autorizó cada contratación.
Esa precisión puede resultar determinante para las siguientes etapas del expediente, tanto para el trabajo del Ministerio Público como para el ejercicio de la defensa.
Para la ciudadanía, entretanto, permanece una pregunta de fondo: qué ocurrirá con tres proyectos hospitalarios concebidos para ampliar la infraestructura sanitaria mientras sus obras continúan condicionadas por investigaciones técnicas, financieras y legales.
El futuro de los hospitales dependerá de los dictámenes que emitan los organismos de control y de las decisiones que adopten los tribunales. La próxima audiencia aumenta ahora la presión sobre el Ministerio Público para exponer con precisión el alcance de una investigación que involucra contratos públicos por miles de millones de lempiras. —Redacción QuienOpina.Com
