Los diputados deberán revelar si están dispuestos a reformar el sistema electoral o si protegerán reglas que permiten conquistar la Presidencia sin alcanzar necesariamente el respaldo mayoritario de los hondureños.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El debate sobre la segunda vuelta electoral en Honduras amenaza con convertirse en una prueba demoledora para el Congreso Nacional, una institución obligada a demostrar si puede construir acuerdos de país o si volverá a quedar atrapada entre cálculos partidarios, silencios convenientes y negociaciones alejadas del escrutinio ciudadano.
La reforma necesita 86 votos para convertirse en ley. Esa mayoría calificada coloca a cada bancada frente a una responsabilidad que no podrá esconderse detrás de discursos genéricos sobre democracia, transparencia o fortalecimiento institucional.
El Congreso tendrá que decidir si abre una discusión seria sobre la legitimidad con la que se elige al presidente de Honduras o si permite que la propuesta termine sepultada sin explicaciones, sin votación y sin que los diputados asuman públicamente el costo de su posición.
La crisis no comenzaría por discutir una segunda vuelta. La crisis comenzaría si el Poder Legislativo evita debatirla porque la reforma amenaza la comodidad electoral de los partidos.
El sistema que el Congreso se resiste a cuestionar
En Honduras, la fragmentación del voto puede permitir que un candidato alcance la Presidencia sin obtener el respaldo de más de la mitad de los electores.
La segunda vuelta modificaría ese escenario. Cuando ningún aspirante logre el porcentaje mínimo establecido, los dos candidatos más votados competirían en una ronda definitiva.
Este mecanismo obligaría al ganador a buscar un respaldo ciudadano más amplio. También forzaría a los partidos a construir alianzas, revisar sus propuestas y convencer a sectores que inicialmente apoyaron otras candidaturas.
La reforma tocaría directamente la forma en que se distribuye el poder. Por esa razón, el Congreso no discutirá únicamente una norma electoral: debatirá un mecanismo que puede cambiar las posibilidades de victoria de partidos, movimientos y aspirantes presidenciales.
Ahí se encuentra el verdadero punto de confrontación.
Los diputados pueden defender o rechazar la segunda vuelta, pero tendrán que explicar si su decisión responde a razones institucionales o a la conveniencia de sus estructuras políticas.
Los 86 votos que pueden desenmascarar a las bancadas
Ningún partido puede aprobar la reforma por sí solo. La cifra de 86 diputados obliga a las fuerzas políticas a dialogar, negociar y asumir compromisos públicos.
También puede convertirse en una muralla utilizada para impedir cualquier cambio.
Las bancadas podrían expresar respaldo frente a las cámaras mientras bloquean los acuerdos dentro del Congreso. También podrían responsabilizarse mutuamente por la falta de votos, prolongar la discusión o permitir que la iniciativa desaparezca sin llegar al pleno.
Ese escenario dejaría al descubierto una práctica recurrente de la política hondureña: promover reformas mientras están lejos de aprobarse, pero guardar silencio cuando llega el momento de votar.
La ciudadanía debe conocer la posición de cada partido.
¿Quiénes respaldan la segunda vuelta? ¿Quiénes la rechazan? ¿Quiénes exigen modificaciones? ¿Quiénes pretenden congelar el debate sin asumir responsabilidad?
El Congreso no puede reclamar confianza pública mientras mantiene en secreto las posiciones de sus integrantes sobre una reforma capaz de modificar la elección presidencial.
Una reforma que golpea el corazón del poder político
La segunda vuelta obligaría a los candidatos a competir por una mayoría más amplia y no únicamente por conservar su voto duro.
En una ronda definitiva, los aspirantes tendrían que negociar apoyos, moderar posturas y presentar propuestas capaces de atraer a ciudadanos que originalmente votaron por otras opciones.
Ese cambio podría reducir la comodidad de algunas estructuras partidarias. También elevaría la presión sobre candidatos que dependen de la división electoral para alcanzar el poder.
Por eso, el debate puede incomodar profundamente a la clase política.
La pregunta no es únicamente si la segunda vuelta resulta técnicamente viable. La pregunta es si los partidos desean someterse a un mecanismo que les exija conquistar un respaldo más amplio antes de controlar el Poder Ejecutivo.
Los diputados deberán debatir el porcentaje necesario para ganar en primera ronda, el tiempo entre ambas votaciones, el financiamiento adicional, la duración de las campañas y las garantías para evitar el uso indebido de recursos públicos.
Esos desafíos son reales. Pero ninguno justifica cerrar la discusión sin escuchar a la sociedad ni presentar alternativas.
El Congreso deberá escoger entre reforma o encubrimiento
El Poder Legislativo puede convertir el debate en una oportunidad para fortalecer el sistema electoral. También puede transformarlo en otra negociación opaca, dominada por intereses partidarios.
Una reforma de esta magnitud no debe aprobarse apresuradamente ni diseñarse para beneficiar a una candidatura determinada. Las reglas electorales deben construirse con visión nacional, estabilidad jurídica y suficiente anticipación.
Sin embargo, exigir rigor técnico no puede convertirse en una estrategia para retrasar indefinidamente la decisión.
Cuando los diputados no desean aprobar una reforma, suelen argumentar que falta socialización, análisis, consenso o tiempo. Algunas de esas razones pueden ser válidas. Otras pueden convertirse en mecanismos para evitar el costo de votar.
El país deberá vigilar si el Congreso impulsa una discusión auténtica o construye una ruta burocrática para enterrar la iniciativa.
La factura política tendrá nombres propios
Cuando la propuesta llegue al pleno, cada diputado tendrá que escoger una posición.
Quienes respalden la segunda vuelta deberán explicar las condiciones bajo las cuales se implementaría. Quienes voten en contra tendrán que justificar por qué prefieren conservar el sistema actual. Quienes se ausenten también deberán responder ante sus electores.
No bastará con responsabilizar a las dirigencias partidarias.
Los diputados fueron electos para tomar decisiones. Evitar una votación sobre un asunto de alto interés nacional podría profundizar la percepción de que el Congreso solo actúa cuando las reformas favorecen a sus propias estructuras.
La falta de transparencia también podría aumentar la desconfianza sobre eventuales acuerdos políticos celebrados fuera del hemiciclo.
Las negociaciones son parte de la democracia. Lo que resulta inaceptable es negociar las reglas del poder sin explicar qué se concede, quién se beneficia y qué recibe la ciudadanía a cambio.
La crisis que el Congreso no podrá esconder
La discusión sobre la segunda vuelta llega en un momento en que Honduras necesita instituciones capaces de ofrecer certeza, legitimidad y confianza electoral.
Si el Congreso abre el debate, escucha posiciones, publica las propuestas y somete la reforma a votación, la ciudadanía podrá evaluar el comportamiento de sus representantes.
Si la mantiene congelada, la crisis dejará de ser únicamente electoral.
Se convertirá en una crisis de legitimidad legislativa, porque demostraría que el órgano encargado de reformar las reglas democráticas no puede discutirlas cuando afectan directamente los intereses de quienes controlan el poder político.
Los 86 votos medirán algo más que el respaldo a una propuesta. Medirán la capacidad del Congreso para abandonar el cálculo partidario, enfrentar una decisión incómoda y rendir cuentas frente al país.
Honduras sabrá entonces si sus diputados están preparados para reformar el sistema electoral o si prefieren proteger un modelo que continúa generando dudas sobre la representatividad del poder presidencial. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
