Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya no puede venderse al país como una simple operación técnica de modernización. El tema escaló a crisis política porque el Gobierno y el Congreso Nacional están frente a una pregunta que incomoda, golpea y desnuda el fondo del debate: por qué tanto interés en rescatar una empresa quebrada, endeudada y golpeada por años de fracaso, mientras HONDUTEL continúa abandonada en silencio.
La versión oficial insiste en que la ENEE no será privatizada, que no se venderán represas, redes ni activos del pueblo hondureño. Pero Honduras ya no está para discursos bonitos, frases ensayadas ni garantías sin documentos abiertos. La ciudadanía quiere saber qué hay detrás de esta urgencia, quiénes están empujando la reforma, qué intereses se mueven alrededor del negocio eléctrico y por qué el poder parece tan ansioso por ordenar una empresa que, según ellos mismos, arrastra pérdidas, deudas e ineficiencia.
La sospecha nace precisamente ahí.
Si la ENEE está quebrada, si no es rentable, si durante años fue presentada como una carga financiera para el Estado, entonces la pregunta ciudadana cae como piedra sobre Casa Presidencial y sobre el Congreso Nacional: qué hace tan atractiva a una empresa que supuestamente está hundida.
Porque nadie corre detrás de ruinas sin motivo. Nadie mueve reformas, discursos, acompañamientos técnicos, respaldo político y narrativa de salvación si no existe un interés profundo, estratégico y económico detrás. La ENEE puede estar golpeada, pero sigue siendo una de las estructuras más poderosas del Estado: maneja energía, tarifas, generación, distribución, contratos, deuda, inversión, consumo nacional y decisiones capaces de afectar directamente el bolsillo de millones de hondureños.
Por eso el debate no puede reducirse a una frase oficial. No basta decir que “no se privatiza”. El país necesita saber si habrá cesión de funciones, control operativo compartido, participación privada, compromisos financieros, nuevos contratos, cambios en la administración o mecanismos que, sin vender activos, terminen debilitando el control real del Estado sobre el sistema eléctrico.
El Gobierno quiere cerrar la discusión diciendo que no se vende el patrimonio. Pero el pueblo tiene derecho a preguntar si el patrimonio puede perderse por otras vías: por concesiones, por endeudamiento, por contratos, por operadores externos, por reformas mal explicadas o por decisiones tomadas entre cúpulas políticas y financieras.
Ahí aparece la comparación que el Gobierno no quiere enfrentar: HONDUTEL.
HONDUTEL también es patrimonio nacional. También ha sido víctima de abandono, atraso tecnológico, pérdida de mercado, crisis financiera y falta de voluntad estatal. También podría convertirse en una empresa estratégica si existiera un verdadero plan de rescate, modernización, inversión, conectividad pública y defensa del interés nacional.
Pero sobre HONDUTEL no se ve la misma pasión oficial. No se observa la misma urgencia. No aparece el mismo despliegue político. No existe la misma presión legislativa. No se escucha el mismo coro de modernización. No se percibe el mismo apetito de rescate.
Entonces Honduras debe hacerse una pregunta incómoda, frontal y necesaria: por qué la ENEE sí despierta tanto interés y HONDUTEL no.
Si el Gobierno realmente quiere defender las empresas públicas, el Congreso Nacional debería estar discutiendo también una ruta seria para levantar HONDUTEL. Si el discurso es rescatar el patrimonio del pueblo, entonces la agenda no puede ser selectiva. No puede haber un Estado ansioso por intervenir donde hay energía, contratos y miles de millones, pero indiferente donde hay telecomunicaciones, conectividad y una empresa estatal dejada al borde del colapso.
Esa doble moral institucional es la que puede desatar una avalancha de indignación ciudadana.
Porque el hondureño ya entiende demasiado bien cómo operan ciertas historias. Primero se declara una empresa en crisis. Luego se presenta una reforma como única salida. Después aparecen los discursos de eficiencia, inversión, modernización y respaldo técnico. Más tarde surgen contratos, operadores, compromisos financieros y decisiones que terminan pagando los mismos ciudadanos con tarifas, impuestos, deuda pública o pérdida de control estratégico.
La ENEE no puede convertirse en otro capítulo oscuro de decisiones tomadas desde arriba y pagadas desde abajo. Mucho menos puede discutirse una reforma de esta magnitud mientras la población sigue enfrentando apagones, altos costos, mala calidad del servicio, incertidumbre energética y una factura eléctrica que golpea hogares, pequeños negocios, empresas y comunidades enteras.
El Congreso Nacional tiene una responsabilidad histórica. No puede actuar como simple ventanilla de aprobación del Ejecutivo. Cada diputado debe entender que votar una reforma de este tamaño sin explicaciones claras, sin debate nacional profundo y sin garantías públicas verificables sería colocarse contra el derecho del pueblo a saber qué se hará con una de sus instituciones más sensibles.
La ENEE no pertenece al Gobierno de turno. No pertenece a una bancada. No pertenece a una cúpula. No pertenece a los organismos internacionales. No pertenece a los grupos económicos. La ENEE pertenece al hondureño.
Y si el pueblo es el dueño, el pueblo debe conocerlo todo: cláusulas, objetivos, actores, riesgos, beneficios, compromisos, costos, garantías, deudas, contratos y consecuencias.
Mientras eso no ocurra, la reforma seguirá oliendo a crisis política. Mientras el Gobierno no explique por qué la ENEE genera tanto interés y HONDUTEL tanto abandono, la sospecha seguirá creciendo. Mientras el Congreso no abra el debate de frente, la ciudadanía tendrá razones para desconfiar.
Honduras no necesita otro paquete de decisiones disfrazadas de rescate. Honduras necesita verdad, transparencia y defensa real del patrimonio público.
El país debe despertar antes de que la narrativa oficial convierta una empresa quebrada en el negocio más codiciado del Estado.
Si la ENEE está quebrada, el Gobierno debe explicar por qué despierta tanto apetito. Y si de verdad quieren rescatar lo público, que comiencen también por HONDUTEL, porque el patrimonio nacional no se defiende por conveniencia política. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
