La aprobación de cuatro reformas legales abre un nuevo escenario para bancos, ciudadanos, criptomonedas y bienes incautados. El desafío será perseguir el dinero ilícito sin atropellar los derechos de quienes actúan dentro de la ley.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional aprobó el martes 17 de noviembre de 2026 un amplio paquete de reformas contra el lavado de activos que promete transformar los mecanismos de vigilancia financiera en Honduras.
La decisión legislativa no solamente apunta contra las estructuras criminales. También introduce cambios relevantes para las personas que utilizan servicios bancarios, realizan transacciones comerciales, administran bienes o participan en operaciones con criptomonedas.
El decreto, respaldado por la mayoría de los diputados presentes, contiene siete apartados distribuidos en un documento de 80 páginas, con modificaciones a cuatro leyes relacionadas con el sistema financiero y la recuperación de activos.
Detrás de la aprobación existe una preocupación de alcance nacional: evitar que Honduras termine incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), escenario que podría afectar su reputación y relaciones financieras internacionales.
Bancos bajo nuevas reglas: ¿quién puede perder una cuenta?
Uno de los cambios más sensibles para la población es la prohibición del llamado de-risking, práctica mediante la cual las instituciones financieras restringen o cancelan servicios por determinadas consideraciones de riesgo.
Con la reforma, los bancos, cooperativas y financieras deberán evitar exclusiones automáticas o injustificadas de ciudadanos por el solo hecho de estar vinculados a requerimientos del Ministerio Público o reportes de operaciones sospechosas.
La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) tampoco deberá convertirse, por sí sola, en una razón automática para negar servicios financieros. Esta categoría incluye a funcionarios que ejercen o han ejercido responsabilidades públicas relevantes.
Sin embargo, la disposición no elimina las obligaciones bancarias de prevención. Las entidades conservarán el deber de examinar riesgos y aplicar controles cuando existan fundamentos legales y financieros para hacerlo.
La diferencia es fundamental: investigar una operación sospechosa no equivale a declarar culpable a su titular, mientras que proteger los derechos de un cliente tampoco significa impedir las actuaciones legítimas de las autoridades.
Criptomonedas, aduanas y nuevos mecanismos de vigilancia
La reforma incorpora un marco regulatorio específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), entre ellos plataformas de intercambio de criptomonedas y determinados operadores de billeteras digitales.
El nuevo Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav) permitirá identificar a las empresas que operen o pretendan operar en Honduras bajo las exigencias establecidas por las autoridades competentes.
Estos proveedores deberán aplicar mecanismos de identificación y verificación de usuarios, así como controles de información relacionados con las transacciones, conforme a las nuevas disposiciones y su reglamentación.
Otro cambio modifica el monto a partir del cual debe declararse el transporte transfronterizo de dinero. El umbral aprobado pasa de 10,000 a 15,000 dólares, una disposición que generó observaciones durante el debate parlamentario.
El diputado liberal Carlos Umaña cuestionó este incremento, mientras Mario Pérez, presidente de la comisión especial de dictamen, lo defendió como parte de la actualización de los parámetros internacionales.
El ajuste no debe interpretarse como autorización para transportar recursos de procedencia ilícita. Los controles contra el lavado de activos mantienen su relevancia independientemente del monto que una persona movilice.
Bienes incautados: la protección de la vivienda familiar entra al debate
Una parte especialmente delicada de la reforma afecta los procedimientos relacionados con propiedades y otros bienes investigados por su posible vinculación con actividades ilícitas.
La modificación de 12 artículos de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito busca corregir problemas registrados en la administración de bienes asegurados o incautados.
Entre sus disposiciones aparece una protección específica para los inmuebles destinados a domicilio familiar, siempre que no constituyan el espacio físico donde se desarrolla la actividad delictiva investigada.
La reforma también establece que las medidas cautelares deberán ser razonables, justificadas y lo menos restrictivas posible, sin impedir que los órganos judiciales adopten decisiones para preservar bienes sujetos a investigación.
La actuación de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tendrá especial importancia para determinar si los cambios consiguen evitar deterioros patrimoniales y proteger los derechos de las personas afectadas.
El diputado Marco Ramiro Lobo, de Libertad y Refundación, reconoció aspectos favorables relacionados con los terceros de buena fe, aunque expresó objeciones sobre las consecuencias jurídicas de otras disposiciones.
Congreso enfrenta una prueba: combatir delitos sin vulnerar garantías
El diputado liberal Marlon Lara defendió las reformas al considerar que Honduras necesita adaptar su legislación a las exigencias internacionales para mantener relaciones financieras sólidas.
Por su parte, Mario Pérez explicó que el dictamen incorporó observaciones de diferentes bancadas, sin alterar sustancialmente la orientación inicial del proyecto sometido a discusión legislativa.
El verdadero desafío empieza después de la votación. Aprobar controles más estrictos no demuestra automáticamente que las investigaciones serán eficaces o que las instituciones administrarán correctamente los bienes intervenidos.
La reforma también alcanza a abogados, notarios, contadores, comerciantes de bienes raíces y vendedores de automóviles cuando desarrollen determinadas actividades sujetas a obligaciones de prevención y reporte.
Para los ciudadanos, la pregunta central es concreta: ¿podrá el Estado identificar el dinero ilícito sin convertir a personas inocentes en víctimas de restricciones financieras o patrimoniales injustificadas?
La respuesta dependerá de los reglamentos, la actuación del Ministerio Público, la supervisión financiera, el control judicial y la aplicación efectiva de las garantías contempladas en el marco legal.
Honduras necesita cerrar espacios al crimen financiero, pero también demostrar que la legalidad protege a quienes cumplen la ley. El Congreso y las instituciones responsables deberán rendir cuentas sobre ambos compromisos.
La vigilancia ciudadana será indispensable para comprobar si esta reforma produce investigaciones efectivas, protege los derechos fundamentales y fortalece realmente la confianza en el sistema financiero hondureño. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com




