La directora del CNA advierte que las reformas penales podrían convertir la lucha contra las pandillas en una peligrosa concentración de facultades estatales, mientras Naciones Unidas exige proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La promesa de derrotar a las pandillas y devolver la tranquilidad a las familias hondureñas enfrenta un cuestionamiento que trasciende el debate político: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad sin poner en peligro las libertades que tiene la obligación de proteger?
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que las reformas penales aprobadas en Honduras podrían abrir las puertas a prácticas arbitrarias, debilitando las garantías constitucionales en un país históricamente golpeado por la violencia, la extorsión y la impunidad.
Su pronunciamiento surge después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresara preocupación por disposiciones legales que, a su juicio, representan riesgos para la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.
La advertencia coloca al Congreso Nacional frente a una responsabilidad que no puede reducirse a aprobar leyes más severas: demostrar que las nuevas herramientas de persecución criminal pueden aplicarse sin convertirse en instrumentos de abuso.
El peligro de sustituir el miedo criminal por el poder sin controles
Castellanos cuestionó que una estrategia concebida para enfrentar estructuras violentas termine debilitando los mecanismos constitucionales destinados a proteger a cualquier ciudadano frente a decisiones injustificadas de las autoridades.
La dirigente anticorrupción sostiene que el combate contra la delincuencia no debería obligar a los hondureños a escoger entre vivir bajo la amenaza de las pandillas o exponerse al ejercicio desproporcionado del poder estatal.
El centro de su argumento es que la seguridad pierde legitimidad cuando su aplicación debilita la legalidad, la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos individuales.
Según la interpretación de Castellanos, las reformas contienen disposiciones semejantes a facultades extraordinarias de un estado de excepción, aunque no exista una declaratoria formal de suspensión de garantías constitucionales.
Esa preocupación coincide con el pronunciamiento de la OACNUDH del 12 de noviembre, que pidió revisar las normas y evitar restricciones desproporcionadas a los derechos fundamentales.
El debate adquiere especial importancia porque las disposiciones cuestionadas no afectan únicamente a quienes integran organizaciones criminales. Su aplicación también puede alcanzar a personas investigadas que posteriormente resulten inocentes.
Tatuajes, apariencia física y el riesgo de perseguir identidades
Uno de los puntos más polémicos corresponde a los elementos utilizados para investigar la posible pertenencia a una asociación terrorista, especialmente cuando incluyen tatuajes, símbolos o características externas.
Castellanos considera que convertir la apariencia personal en un componente decisivo de la sospecha penal puede favorecer prácticas de perfilamiento y discriminación contra sectores socialmente vulnerables.
La diferencia es fundamental: investigar hechos, conductas y vínculos criminales mediante pruebas no equivale a presumir responsabilidad únicamente por la imagen de una persona.
Las reformas incluyen referencias a indicios externos asociados con estructuras criminales y contemplan su valoración mediante mecanismos técnicos. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que el aspecto físico no debe convertirse en fundamento exclusivo o predominante de responsabilidad penal.
Para los jóvenes residentes en comunidades estigmatizadas, el riesgo señalado por Castellanos consiste en enfrentar una mayor exposición a intervenciones policiales basadas en asociaciones visuales o prejuicios.
Tener tatuajes no constituye, por sí mismo, prueba suficiente de haber cometido un delito. La responsabilidad penal debe establecerse mediante elementos probatorios legalmente obtenidos y sometidos a control judicial.
La advertencia también obliga a examinar si las nuevas disposiciones permitirán distinguir eficazmente entre integrantes de organizaciones criminales y ciudadanos que no mantienen vínculos delictivos.
Allanamientos y detenciones: ¿quién vigilará a quienes vigilan?
El cuestionamiento no termina en la apariencia física. La OACNUDH también identificó riesgos relacionados con los allanamientos sin control judicial posterior y la ampliación del período de detención antes de comparecer ante una autoridad judicial.
Las reformas contemplan la extensión de determinados plazos hasta 48 horas, una modificación que, según el organismo internacional, requiere salvaguardas efectivas frente a posibles detenciones arbitrarias y malos tratos.
La prisión preventiva obligatoria bajo condiciones de máxima seguridad constituye otro de los aspectos observados, especialmente por la necesidad de evaluar individualmente los requisitos de toda medida cautelar.
Estas advertencias no significan que se haya comprobado una práctica generalizada de abusos derivados de las nuevas disposiciones. Se trata de riesgos jurídicos e institucionales que Naciones Unidas solicita prevenir.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha defendido las reformas argumentando que buscan proteger a las víctimas y enfrentar a las organizaciones criminales. También manifestó disposición a analizar las recomendaciones internacionales.
La controversia, por tanto, enfrenta dos prioridades que deberían ser compatibles: fortalecer la capacidad del Estado para perseguir delitos graves y garantizar que sus intervenciones permanezcan sometidas a la ley.
La verdadera batalla: derrotar al crimen sin debilitar la justicia
Para Castellanos, enfrentar las estructuras criminales exige resultados que vayan más allá del endurecimiento de penas, el aumento de detenciones o la ampliación de facultades policiales.
La directora del CNA plantea la necesidad de investigar las finanzas ilícitas, combatir las redes de protección política, fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y reducir los espacios de impunidad.
El planteamiento introduce una pregunta incómoda para el poder público: ¿puede considerarse exitosa una política de seguridad que consigue capturas, pero no demuestra capacidad sostenida para desmantelar las organizaciones criminales?
Las víctimas de extorsión necesitan respuestas concretas. Los comerciantes requieren protección para trabajar, las familias merecen vivir sin amenazas y las comunidades deben recuperar espacios controlados por estructuras violentas.
Pero esa exigencia legítima de seguridad no elimina el deber de ofrecer defensa legal, control judicial, investigación responsable y mecanismos efectivos para denunciar abusos.
La OACNUDH recomendó fortalecer la Defensa Pública, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), entre otras instituciones de control.
El Congreso Nacional y el Gobierno tienen ahora el desafío de demostrar que la persecución criminal puede ser firme sin sacrificar las garantías ciudadanas.
La vigilancia institucional deberá concentrarse en la revisión de las normas cuestionadas, la transparencia de las detenciones, la actuación del Ministerio Público y la capacidad de los jueces para evitar decisiones arbitrarias.
Porque una victoria duradera contra el crimen organizado no dependerá solamente de cuánto poder acumule el Estado, sino de la justicia, la legalidad y los resultados verificables con que lo ejerza. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com



