El Legislativo abrió una mesa técnica para contener el impacto de los carburantes, pero el debate deja una pregunta incómoda: si se busca bajar directamente el precio pagado por los hondureños, ¿por qué no discutir de frente la reducción o eliminación del impuesto ACPV? La medida tendría un efecto directo sobre la carga tributaria del galón, aunque también abriría un agujero fiscal que el Estado tendría que explicar cómo compensar.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional decidió instalar una mesa técnica para estudiar alternativas frente al aumento de los combustibles, convocando al Gobierno, transportistas, empresarios, distribuidores e instituciones vinculadas al sector energético. Pero mientras funcionarios, diputados y representantes privados se sientan alrededor de una mesa, el impuesto incorporado al precio del combustible continúa intacto como uno de los grandes temas que el debate político tendrá que enfrentar.
La reunión fue encabezada por el diputado Erik Alvarado, presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos, junto con miembros de la Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo. Participaron representantes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el Cohep, Ahdippe, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Finanzas. Según la información proporcionada, el objetivo es buscar mecanismos para reducir el impacto de las alzas sobre la población.
Sin embargo, existe una contradicción fiscal que merece una discusión mucho más profunda: el Estado utiliza recursos públicos para subsidiar parte de los aumentos mientras simultáneamente mantiene una carga tributaria dentro de la estructura del precio del combustible.
La propia información expuesta ante la mesa señala que el Gobierno habría destinado más de L1,300 millones en subsidios, pese a que inicialmente se habían presupuestado L650 millones para ese propósito.
Una mesa técnica no reduce por sí sola el precio del galón
El problema para el Congreso es político, pero también matemático.
Crear mesas, escuchar sectores, evaluar escenarios o prolongar reuniones puede producir propuestas. Ninguna de esas acciones modifica automáticamente el precio pagado en una gasolinera.
El Congreso dispone, en cambio, de una discusión concreta que puede abrir: el futuro del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial, conocido como ACPV, un tributo incorporado a los combustibles.
La documentación presupuestaria de la Secretaría de Finanzas establece valores del ACPV de US$0.9949 por galón de gasolina superior, US$0.8276 para la regular y US$0.4466 para el diésel.
Honduras ya tiene un antecedente contundente. Desde 2022 existe una reducción equivalente aproximadamente a L10 por galón en ese impuesto para gasolinas y diésel. Informes oficiales de la Secretaría de Energía todavía reconocían esa reducción dentro de la estructura de precios en 2026.
Por eso, el verdadero debate ya no puede limitarse a cuánto subsidiará temporalmente el Estado.
La pregunta de fondo es otra:
¿Debe Honduras seguir cobrando el ACPV completo restante, reducirlo nuevamente o estudiar su eliminación para determinados combustibles?
Eliminar el ACPV: alivio inmediato frente a un costo fiscal real
Desde el punto de vista de la estructura del precio, suprimir el ACPV eliminaría ese componente tributario del galón. El efecto final en la bomba tendría que trasladarse íntegramente al consumidor mediante la fórmula oficial de precios para que la medida produzca el alivio esperado.
Pero presentar la eliminación como dinero gratuito sería engañoso.
El ACPV genera recursos para el Estado. Reducirlo o eliminarlo significaría renunciar a una fuente de ingresos, por lo que cualquier propuesta responsable tendría que explicar cuánto dejaría de recaudar el Tesoro, qué programas resultarían afectados y de dónde saldrían los recursos necesarios para cubrir ese vacío.
Ese es precisamente el debate que puede elevar la presión dentro del Congreso: decidir si resulta fiscalmente más eficiente continuar cobrando un impuesto para posteriormente gastar recursos subsidiando los aumentos o rediseñar directamente la carga tributaria aplicada al combustible.
No es una discusión menor.
El combustible atraviesa prácticamente toda la economía hondureña. Su precio afecta transporte de pasajeros, movilización de mercancías, agricultura, construcción, comercio, distribución de alimentos y costos empresariales. Un incremento sostenido termina trasladándose, en distintos grados, hacia consumidores que quizá nunca compran directamente un galón de gasolina.
La incómoda discusión sobre la denominada partida confidencial
Existe además otro debate que no puede mezclarse sin pruebas.
Calificar el ACPV como “caja chica de la partida confidencial” sería una afirmación que requiere documentación que demuestre una transferencia directa entre la recaudación de ese impuesto y esa partida específica. Las fuentes públicas consultadas no permiten establecer ese vínculo directo.
Lo que sí está documentado es que durante 2026 continuó una fuerte controversia sobre la antigua Partida 449, denominada popularmente partida confidencial.
El Gobierno anunció en abril que avanzaría progresivamente hacia su eliminación. Posteriormente, registros revisados por El Heraldo señalaron una asignación de L62.5 millones para 2026, reducida después a L57.1 millones, que habría sido ejecutada completamente.
En paralelo surgió otra discusión por la denominada Administración de Pasivos Contingentes, con una asignación superior a L5,000 millones. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, cuestionó públicamente esa estructura y advirtió sobre la necesidad de evitar opacidad en el manejo de esos recursos. Esa es una crítica atribuida al CNA, no una prueba de que el dinero procedente del ACPV financie directamente esa partida.
Precisamente por eso el Congreso enfrenta una oportunidad de transparencia mucho más profunda: mostrar de dónde sale el dinero, cuánto entra por impuestos a los combustibles, a dónde termina asignándose y cuánto cuesta realmente sostener los subsidios utilizados para amortiguar las alzas.
El Congreso tendrá que pasar de las reuniones a los números
El Legislativo ya inició el diálogo. Ahora comienza la parte incómoda.
Si el objetivo declarado es defender el bolsillo de la población, la discusión tendrá que abandonar las generalidades para entrar en cifras concretas: cuánto paga actualmente cada galón en ACPV, cuánto recauda anualmente ese impuesto, cuánto cuesta subsidiar los combustibles y cuál sería el impacto fiscal de reducirlo o eliminarlo.
La eliminación total del ACPV constituye una de las alternativas disponibles para reducir directamente la carga tributaria dentro de la estructura del combustible. No es la única opción ni está libre de consecuencias: exigiría identificar de forma transparente qué ingresos reemplazarían la recaudación perdida o qué gasto público tendría que reducirse.
Pero esa discusión sería sustancialmente diferente a crear una mesa que únicamente administre el problema semana tras semana.
El Congreso puede debatir subsidios temporales, mecanismos de estabilización, fórmulas de importación, márgenes de comercialización, eficiencia logística o reducciones tributarias. Lo que ya no debería faltar es una radiografía pública del costo completo que soporta cada consumidor cuando llena el tanque.
En un país donde cada aumento del combustible termina entrando a la factura del transporte, los alimentos y la producción, la discusión necesita cifras verificables antes que discursos.
La próxima prueba para el Congreso, por tanto, estará menos en cuántas reuniones convoque y más en qué decisión fiscal está dispuesto a discutir públicamente sobre el ACPV, cuánto costaría y quién asumiría finalmente esa factura. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
