La propuesta de reformas electorales presentada en el Congreso Nacional plantea una modificación profunda en la integración de las Juntas Receptoras de Votos: tres puestos continuarían bajo representación partidaria, mientras secretarios y escrutadores serían ciudadanos escogidos mediante sorteo público.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Honduras ha colocado sobre la mesa uno de los cambios más sensibles de su sistema electoral: reducir el control directo de los partidos políticos sobre las Juntas Receptoras de Votos (JRCV) mediante una fórmula que incorpora ciudadanos sin representación partidaria en dos cargos determinantes durante la jornada electoral.
La propuesta forma parte de un paquete de 22 reformas electorales presentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el propósito de fortalecer el sistema electoral después de los acontecimientos registrados durante las elecciones generales de noviembre de 2025.
El cambio podría representar un punto de quiebre frente al modelo tradicional. La legislación vigente establece una integración construida alrededor de las fuerzas políticas. La reforma propone conservar presencia partidaria, pero abrir espacios directos a ciudadanos seleccionados mediante mecanismos administrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El cambio que toca el corazón de las mesas electorales
Según la propuesta, tres integrantes de cada Junta Receptora de Votos serían designados por los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial de la última elección general.
Esos representantes ocuparían los cargos de presidente, vocal I y vocal II, distribuidos de manera equitativa por el CNE.
La transformación aparece en los otros dos puestos: secretario y escrutador, junto con sus respectivos suplentes, serían ciudadanos que no representen a organizaciones políticas.
Su selección se realizaría mediante sorteo público y aleatorio entre electores inscritos y habilitados para votar en el respectivo centro de votación.
La fórmula no elimina, por tanto, la participación de los partidos. Lo que hace es introducir un modelo mixto que podría disminuir su dominio absoluto sobre la estructura encargada de recibir los votos, documentar actuaciones y participar directamente en el escrutinio.
Ciudadanos deberán superar capacitación antes de ser acreditados
La reforma plantea condiciones adicionales para evitar que el sorteo se convierta únicamente en una selección automática.
El Consejo Nacional Electoral tendría que establecer mediante reglamento el procedimiento correspondiente, procurando que los ciudadanos seleccionados tengan condiciones de idoneidad, imparcialidad, responsabilidad, capacidad de lectura, escritura y conocimientos básicos para ejercer sus responsabilidades.
Los seleccionados como secretarios o escrutadores estarían obligados a recibir capacitación del CNE, además de aprobar una evaluación teórica y práctica.
Solamente quienes superen esas evaluaciones podrían ser acreditados para integrar las mesas electorales.
La selección, capacitación, evaluación y acreditación tendría que quedar concluida al menos 30 días antes de las elecciones generales, mientras el CNE debería mantener una nómina de suplentes preparados para cubrir ausencias, renuncias, impedimentos o sustituciones.
La reforma intenta cerrar la puerta a militantes
Uno de los elementos más relevantes está en las restricciones previstas para quienes aspiren a ocupar los puestos ciudadanos.
No podrían ser seleccionados candidatos a cargos de elección popular, dirigentes, autoridades, representantes, activistas acreditados o empleados de partidos políticos, integrantes de órganos de dirección partidaria, funcionarios o empleados del CNE o del Tribunal de Justicia Electoral.
La exclusión también alcanzaría a miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras personas que puedan enfrentar conflictos de intereses o problemas de imparcialidad conforme a la ley o al reglamento.
El objetivo político resulta evidente: crear dos posiciones dentro de las mesas cuya legitimidad no proceda directamente de una estructura partidaria.
Eso convierte la discusión en algo mayor que un simple cambio administrativo. Lo que está en debate es hasta dónde Honduras está dispuesta a modificar un modelo electoral históricamente estructurado alrededor de los partidos.
El escrutinio continuará bajo vigilancia pública
La propuesta mantiene la obligación de que el escrutinio sea público.
También conserva responsabilidades para los integrantes de las Juntas Receptoras que impidan su realización pública, además de incorporar reglas para la selección, capacitación, sustitución e independencia político-partidaria de los ciudadanos escogidos.
Los cargos continuarían siendo desempeñados de forma ad honorem, aunque la reforma abre la posibilidad de que el CNE contemple dentro de su presupuesto alimentación, transporte, viáticos, compensaciones o reconocimientos.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral tendría que emitir o adecuar el reglamento correspondiente dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, en caso de ser aprobado.
El 17 de septiembre abre otra fase del debate
La propuesta impulsada desde el Congreso no será la única pieza sobre la mesa.
Para el 17 de septiembre está prevista la presentación de una propuesta de reformas electorales promovida desde sectores de sociedad civil junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abriendo una nueva etapa de discusión en busca de consensos.
El desafío estará en determinar si la llamada ciudadanización logra convertirse en un mecanismo capaz de fortalecer la confianza electoral sin crear nuevas zonas de incertidumbre operativa.
Para Honduras, la discusión trasciende quién ocupa una silla dentro de una mesa electoral. El fondo es mucho más sensible: quién controla el proceso en el momento exacto en que el voto ciudadano se recibe, se registra y se escruta.
Ese será uno de los puntos que el Congreso Nacional, el CNE, los partidos y la sociedad civil tendrán que resolver si realmente buscan construir reglas capaces de recuperar confianza antes del próximo proceso electoral. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
