Dagoberto Aspra anunció que la Procuraduría presentará elementos legales en la audiencia inicial del caso Pandora II para intentar que Juan Orlando Hernández permanezca privado de libertad. El proceso incluye un presunto daño patrimonial de 169 millones de lempiras.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La situación judicial del expresidente Juan Orlando Hernández podría entrar en una fase decisiva el próximo 12 de agosto, cuando la Procuraduría General de la República solicite nuevamente que se le imponga prisión preventiva durante la audiencia inicial del caso Pandora II.
El procurador general, Dagoberto Aspra, aseguró que la institución cuenta con elementos jurídicos que serán presentados ante el juez para argumentar que Hernández debe continuar enfrentando el proceso bajo una medida cautelar más severa.
La pretensión de la Procuraduría eleva la temperatura de un expediente que concentra atención política, institucional y ciudadana, debido a la magnitud del presunto perjuicio atribuido al Estado: 169 millones de lempiras que, de acuerdo con la acusación mencionada por Aspra, habrían terminado bajo manejo relacionado con una campaña política.
Procuraduría insiste ante posible riesgo para las pruebas
Aspra explicó que la institución ya había solicitado que el exmandatario permaneciera en detención judicial, argumentando la existencia de un posible riesgo de contaminación de las fuentes de prueba.
El juez responsable del expediente, sin embargo, resolvió permitir que Hernández enfrentara el proceso en libertad, una decisión que ahora será nuevamente discutida durante la audiencia inicial.
“Tenemos elementos que vamos a presentar el día de la audiencia”, declaró el procurador, quien sostuvo que la institución buscará demostrar que existen fundamentos para vincular al expresidente al proceso penal.
La posición oficial de la Procuraduría no constituye una condena anticipada. Será el órgano jurisdiccional el encargado de valorar los argumentos, las pruebas disponibles y la respuesta de la defensa antes de decidir si modifica o mantiene las medidas cautelares impuestas.
El reclamo por 169 millones de lempiras
El eje patrimonial del caso ocupa un lugar central dentro de la estrategia anunciada por la Procuraduría. Aspra afirmó que existe un presunto daño económico contra el Estado por 169 millones de lempiras.
Según explicó, el objetivo institucional no se limita a lograr que Hernández sea vinculado formalmente al proceso. La Procuraduría también pretende determinar si el perjuicio patrimonial se materializó y, en caso de acreditarse judicialmente, impulsar la recuperación de activos para resarcir las pérdidas públicas.
Este punto convierte la audiencia en un momento clave. La discusión no solamente girará alrededor de la libertad del exgobernante, sino también sobre la posibilidad de que el proceso avance hacia una etapa en la cual se examinen responsabilidades, movimientos financieros y mecanismos de recuperación patrimonial.
JOH cuestiona trato recibido en Pandora II
Juan Orlando Hernández rechazó la postura de la Procuraduría y cuestionó que se insista en enviarlo a prisión.
El expresidente afirmó que las demás personas involucradas en Pandora II pudieron presentarse voluntariamente, mientras que contra él se emitió una orden de captura. También sostuvo que esperó durante seis meses mientras solicitaba reiteradamente la suspensión de esa orden.
Hernández manifestó extrañeza por la actuación de la Procuraduría y aseguró que la institución conocía los riesgos que, según su versión, enfrentaría en un centro penitenciario.
El exmandatario planteó dudas sobre si la posición del procurador responde a una orientación personal, institucional o a lo que describió como campañas de odio. Esa declaración representa su valoración sobre el proceso y deberá contrastarse con los argumentos que la Procuraduría presente ante el juez.
La defensa apuesta por mantenerlo en libertad
Hernández sostiene que dispone de evidencia suficiente para demostrar que no tiene relación con los hechos atribuidos en el expediente.
También afirmó que abogados de reconocido prestigio consideran que la acusación carece de sustento, aunque esa posición deberá ser sometida al análisis del tribunal y confrontada con los elementos probatorios aportados por las partes.
El expresidente defendió que la regla general dentro del sistema judicial debe ser que las personas enfrenten los procesos en libertad. Bajo esa línea, su defensa previsiblemente buscará demostrar que no existe peligro de fuga, obstaculización de la investigación o contaminación de las pruebas.
La audiencia del 12 de agosto será determinante para conocer si el juez acepta los argumentos de la Procuraduría, mantiene al exmandatario en libertad o establece nuevas condiciones para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Pandora II abre así una nueva prueba para la justicia hondureña. La resolución deberá sostenerse en criterios jurídicos verificables, respeto al debido proceso y una valoración rigurosa de los elementos presentados, en un expediente cuyo impacto trasciende a sus protagonistas y vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
