Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica volvió a encender el debate nacional con una pregunta incómoda para el poder económico y político: ¿cómo hablar de reforma energética sin cobrar antes los miles de millones de lempiras que la empresa privada mantiene pendientes con la estatal?.
El diputado liberal Francis Cabrera elevó el tono de la discusión al señalar que la ENEE podría recuperar oxígeno financiero si se cobran los más de 20 mil millones de lempiras que, según afirmó, adeuda la gran empresa privada. Su planteamiento coloca la crisis energética en un terreno más sensible: no solo el de la eficiencia, sino el de la responsabilidad de quienes han consumido, acumulado deudas y dejado al Estado cargando con el deterioro del sistema.
Cabrera sostuvo que esos recursos permitirían repotenciar la ENEE, fortalecer su capacidad operativa y evitar que la discusión de reformas termine convertida en una ruta indirecta hacia la privatización. Para el congresista, el país no puede entrar a una transformación profunda del modelo eléctrico mientras se ignora una deuda que, por su tamaño, podría representar una oportunidad real de recuperación financiera.
El mensaje golpea directamente el corazón del debate energético hondureño. La ENEE arrastra años de presión financiera, cuestionamientos administrativos, pérdidas millonarias, crisis de inversión y una narrativa pública marcada por el temor ciudadano a que cada reforma termine pagando la factura más débil: el pueblo.
En ese contexto, la advertencia del diputado liberal llega en un momento de alta sensibilidad política. Cabrera pidió que el Congreso Nacional conozca un plan claro, medible y verificable, con resultados proyectados a 6, 12 y 24 meses, antes de avanzar en cambios que puedan comprometer el futuro de la estatal.
La exigencia no es menor. En un país donde la energía impacta el costo de vida, la competitividad, la inversión, los empleos y la estabilidad social, cualquier reforma a la ENEE necesita algo más que discursos técnicos. Necesita transparencia, plazos concretos, responsables visibles y garantías firmes de que la empresa no será entregada por partes bajo el argumento de modernización.
Cabrera fue más allá al plantear que, si estuviera al frente del país, su primera medida sería cobrar esas obligaciones pendientes y, en caso de incumplimiento, proceder con embargos o ejecución de bienes. La frase, dura y frontal, convierte el reclamo en una presión directa contra los sectores empresariales que mantienen cuentas abiertas con la estatal.
El fondo político del mensaje es evidente: antes de pedir sacrificios a los usuarios, antes de justificar ajustes y antes de hablar de reestructuración, el Estado debería demostrar que tiene capacidad para cobrarle a los grandes deudores. Esa lectura puede conectar con una ciudadanía cansada de sentir que las crisis nacionales siempre terminan trasladándose al recibo, al bolsillo y a la vida diaria de las familias.
La bancada liberal, según Cabrera, parte de una premisa central: la reforma debe garantizar que no se privatice la ENEE y que tampoco se comprometan los bienes del Estado en procesos que puedan abrir la puerta a nuevos riesgos financieros. La discusión, bajo esa lógica, debe separar con claridad la necesidad de modernizar la estatal de cualquier intento de venderla, fragmentarla o debilitarla.
El diputado reconoció que las reformas son necesarias para que la empresa estatal sea más competitiva y pueda acceder a mejores condiciones en el mercado eléctrico. Sin embargo, insistió en que el primer paso debe ser recuperar los recursos que ya pertenecen a la ENEE y que permanecen pendientes de pago.
La posición abre un nuevo frente político en el Congreso Nacional. Si el tema avanza, el debate ya no girará únicamente alrededor de la eficiencia técnica, sino también sobre quiénes deben pagar primero, quiénes se han beneficiado del desorden y quiénes asumirán el costo real de rescatar el sistema eléctrico.
La ENEE no necesita solo una reforma escrita en papel. Necesita una ruta seria, limpia y verificable que cierre espacios de privilegio, cobre lo que se debe y devuelva confianza a un país que exige energía estable, justicia financiera y protección del patrimonio público.
La advertencia queda instalada: cualquier reforma energética que ignore la deuda privada nacerá bajo sospecha política y social. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
