Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La acusación de María Antonieta Mejía contra médicos por el supuesto robo de medicamentos en hospitales públicos abrió una nueva tormenta en el sistema sanitario hondureño, pero también encendió una pregunta más incómoda: ¿por qué esa misma voz no se escuchó con igual fuerza cuando la salud pública fue golpeada por contratos cuestionados, compras bajo sospecha, hospitales móviles sobrevalorados, mascarillas con precios inflados, medicamentos vencidos y el escándalo de las llamadas pastillas de harina?
La denuncia contra el personal médico no puede analizarse en el vacío. Honduras arrastra una historia reciente de saqueo, improvisación y negocios oscuros alrededor de la salud, especialmente gobiernos donde múltiples casos marcaron la memoria pública y dejaron una herida todavía abierta en miles de familias que vivieron la pandemia, el abandono hospitalario y la falta de medicamentos.
El señalamiento de Mejía apunta hacia los hospitales, pero la conversación nacional exige ampliar el foco. Si se habla de medicinas robadas, también debe hablarse de quién compró, quién firmó, quién autorizó, quién pagó, quién recibió, quién auditó y quién permitió que la salud se convirtiera durante años en una zona vulnerable para el negocio político.
Porque en Honduras el problema no empezó en una farmacia hospitalaria ni termina en un médico señalado. El problema viene de una estructura más profunda: contratos sin suficiente transparencia, compras directas bajo presión, proveedores privilegiados, controles débiles y una institucionalidad que muchas veces reaccionó tarde, mal o nunca.
Ahí está la contraparte que incomoda. Si María Antonieta exige respuestas por supuestos robos internos de medicamentos, también debería exigirlas por los grandes episodios que golpearon la credibilidad del sistema: hospitales móviles comprados en condiciones altamente cuestionadas, equipos sobrevalorados, mascarillas adquiridas en plena emergencia sanitaria, medicamentos que no llegaron a tiempo y productos cuya calidad fue puesta bajo duda por la propia indignación ciudadana.
La salud pública hondureña no puede ser reducida a un discurso selectivo. Señalar a médicos sin hablar de redes políticas, contratos millonarios, intermediarios, funcionarios y estructuras de poder deja la discusión incompleta. Y una discusión incompleta, en un país con tanta memoria de corrupción sanitaria, termina pareciendo conveniente.
Eso no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades dentro de los hospitales. Si existen médicos, empleados administrativos, bodegueros, farmacias internas o redes que se roban medicamentos, deben investigarse y castigarse. Pero si la vara moral va a levantarse, debe levantarse completa. No solo contra el eslabón más visible, sino también contra los centros de poder que durante años administraron presupuestos, contratos y emergencias sanitarias como si la salud fuera una caja política.
El país necesita saber si Mejía está dispuesta a llevar su denuncia hasta el fondo o si solo apuntará hacia abajo mientras guarda silencio frente a los episodios más grandes, más caros y más dolorosos de la historia sanitaria reciente. Porque hablar de medicamentos robados sin hablar de compras fraudulentas, insumos sobrevalorados y contratos manchados por sospecha es dejar fuera la parte más pesada del problema.
La contraparte también alcanza a las autoridades actuales. Si el gobierno de turno pretende usar estas denuncias para atacar adversarios sin limpiar el sistema, también quedará atrapado en la misma lógica. No basta con culpar al pasado. No basta con culpar a médicos. No basta con culpar a empleados. La obligación es demostrar con documentos dónde están las medicinas, cuánto se compra, quién las recibe, cómo se distribuyen y qué sanciones existen cuando desaparecen.
Honduras ya pagó demasiado caro por la corrupción en salud. La pagó con hospitales colapsados, con pacientes sin respuestas, con familias endeudadas, con emergencias improvisadas y con una pandemia que reveló las grietas más crudas del Estado. Por eso, cualquier denuncia debe ir más allá del espectáculo mediático.
Si María Antonieta quiere abrir el debate, que lo abra completo. Que hable de los médicos, pero también de los contratos. Que hable de los hospitales, pero también de los gobiernos que manejaron la salud como botín. Que hable de medicinas, pero también de los millones gastados en compras que todavía pesan sobre la conciencia nacional.
La salud pública no necesita discursos selectivos. Necesita verdad completa, auditorías reales, nombres, expedientes, sanciones y una investigación que llegue hasta donde tenga que llegar, aunque incomode a médicos, funcionarios, exfuncionarios, proveedores, partidos políticos o estructuras que durante años vivieron alrededor del dolor ajeno.
Honduras no puede permitir que la salud se convierta otra vez en territorio de negocio, silencio selectivo e impunidad disfrazada de denuncia. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
