Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El presidente Nasry Asfura podría estar frente a una de las decisiones más incómodas, sensibles y explosivas de su gobierno: convertir la energía, el agua potable y las telecomunicaciones en temas de seguridad nacional, una jugada que no solo movería el tablero político, sino que pondría al poder bajo una presión directa de la ciudadanía.
La medida, si llega al Congreso Nacional, no sería una simple reforma legal. Sería una declaración política de alto voltaje, capaz de desnudar una pregunta que incomoda a cualquier gobierno: ¿está dispuesto el poder a tocar intereses fuertes para proteger a las mayorías hondureñas?
En Honduras, hablar de energía no es hablar de cables. Es hablar de recibos impagables, apagones, pérdidas, empresas golpeadas, hogares presionados y una población cansada de sentir que siempre paga el costo de la ineficiencia.
Hablar de agua tampoco es hablar de tuberías. Es hablar de colonias enteras esperando suministro, familias comprando agua, comunidades abandonadas y ciudadanos que observan cómo un derecho básico sigue convertido en privilegio irregular.
Hablar de telecomunicaciones es hablar de información, educación, banca digital, seguridad, comercio, medios, conectividad rural, competitividad nacional y acceso real al futuro. En pleno siglo digital, un país desconectado es un país condenado a quedarse atrás.
Por eso, la posible iniciativa de Asfura abre una crisis política inevitable: si estos servicios son tan esenciales como para ser declarados de seguridad nacional, entonces el Estado también tendría que explicar por qué durante años no han sido tratados con la urgencia que merece Honduras.
La incomodidad para el Gobierno estaría precisamente ahí. Declarar estratégicos estos sectores obliga a pasar del discurso a la acción. Obliga a ordenar instituciones. Obliga a señalar fallas. Obliga a revisar contratos, estructuras, regulaciones, responsabilidades y resultados.
La vox populi hondureña no pide poesía política. Pide agua. Pide luz. Pide internet. Pide servicios que funcionen. Pide que el Estado deje de actuar como espectador cuando lo esencial se convierte en angustia diaria para millones.
Si Asfura decide impulsar esta ley, tendrá que enfrentar una verdad de fondo: no basta con enviar un decreto. La ciudadanía exigirá saber quiénes se han beneficiado del desorden, quiénes han frenado soluciones, quiénes han fallado en la administración pública y quiénes deberán responder por los abusos, omisiones o negligencias acumuladas.
La propuesta podría convertirse en una bomba institucional porque coloca a todos frente al espejo: al Ejecutivo, al Legislativo, a los reguladores, a las empresas, a los operadores, a los alcaldes, a los funcionarios y a las fuerzas políticas que han usado los servicios básicos como bandera, pero no siempre como prioridad nacional.
El Congreso Nacional tampoco podría esconderse. Cada diputado tendría que decidir si se coloca del lado de una agenda de país o si convierte la discusión en otro mercado de cálculos partidarios. Cuando se habla de agua, energía y conectividad, ya no hay espacio para maniobras pequeñas.
La ciudadanía quiere una ley con dientes, no una declaratoria decorativa. Quiere reglas claras, vigilancia fuerte, transparencia, castigo a la negligencia, protección al usuario y una ruta seria para recuperar la confianza en los servicios que sostienen la vida nacional.
Este debate también puede incomodar a sectores que prefieren que todo siga igual. Porque declarar estos servicios como parte de la seguridad nacional podría abrir la puerta a mayores controles, más fiscalización y una presión pública sobre estructuras que durante años han operado sin suficiente rendición de cuentas.
El Gobierno quedaría ante una prueba brutal: si no actúa, quedará como rehén de la continuidad; si actúa mal, quedará acusado de improvisación; si actúa con firmeza, tendrá que demostrar que su prioridad son las mayorías, no los grupos económicos.
Ahí está el verdadero filo político del tema. Asfura tendría la oportunidad de enviar un mensaje fuerte al país: que los servicios básicos no son negocio de pocos, promesa de campaña ni discurso de temporada, sino columna vertebral de la estabilidad nacional.
Pero esa oportunidad también puede convertirse en crisis si el proyecto llega sin claridad, sin transparencia, sin controles ciudadanos o sin beneficios concretos. Honduras ya no tolera reformas que suenan grandes, pero terminan pequeñas frente a la realidad.
Si el agua, la energía y las telecomunicaciones son seguridad nacional, entonces la comodidad del poder también debe terminar. Honduras no quiere más excusas; quiere decisiones que incomoden a quienes han permitido que lo esencial siga fallando. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
