Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Honduras entra en una nueva etapa de presión institucional contra el crimen, luego que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendiera las reformas penales aprobadas para permitir una acción más fuerte, coordinada y visible de las fuerzas de seguridad en las calles.
El mensaje fue directo: el Estado busca cerrar espacios a la delincuencia, maras, pandillas y estructuras criminales, con una estrategia que incorpora a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la ATIC, la DPI y otras instituciones bajo una lógica de coordinación nacional.
Zambrano aseguró que las reformas aprobadas en el Congreso tienen como objetivo dar seguridad total al pueblo hondureño, insistiendo en que la medida no debe verse como una jugada política, sino como una respuesta urgente frente al reclamo ciudadano por vivir con mayor tranquilidad.
El titular del Legislativo explicó que, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, sostuvo conversaciones con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, para coordinar la participación militar dentro del marco legal permitido.
Según Zambrano, las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en situaciones de emergencia o cuando la Secretaría de Seguridad lo solicita, razón por la cual el decreto aprobado busca establecer un parámetro legal que permita articular mejor la respuesta del Estado.
La ofensiva también contempla fortalecer la planificación, el trabajo en equipo y la capacidad operativa de las instituciones responsables de combatir el crimen. El Congreso sostiene que el país necesita una acción más ordenada, más firme y con resultados visibles.
En ese escenario aparece la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura que dependerá del Consejo Nacional de Seguridad, encargado de definir su reglamentación, funcionamiento y necesidades presupuestarias.
Zambrano afirmó que, si se requiere financiamiento adicional, será la Secretaría de Finanzas la institución encargada de identificar los recursos necesarios para enfrentar de manera efectiva a las redes criminales que golpean comunidades, barrios, colonias y zonas productivas del país.
El presidente del Congreso también descartó la construcción de una cárcel en Islas del Cisne, calificando esa versión como una “falsa bandera política” y afirmando que es imposible ejecutar un proyecto penitenciario en ese lugar.
Sin embargo, reconoció que el decreto faculta al Poder Ejecutivo para buscar financiamiento, créditos o emisión de bonos destinados a nuevos centros penitenciarios, siempre fuera de zonas insulares como Islas del Cisne, Islas de la Bahía o una isla del Pacífico.
La apuesta oficial es que la política de seguridad avance en dos vías: presencia en las calles y nuevas cárceles como respuesta paralela al combate contra la criminalidad.
El cierre político de Zambrano fue contundente: “Vamos de frente contra la delincuencia”. Una frase que marca el tono de una estrategia estatal que ahora tendrá que demostrar, con resultados concretos, si puede devolver confianza a una población cansada de la inseguridad.
Honduras observa con expectativa una nueva fase de seguridad nacional, donde el desafío será convertir la fuerza institucional en protección real para la ciudadanía, sin perder legalidad, control democrático ni responsabilidad pública. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
