Alberto A. Hernández Franks asume una función vinculada al cumplimiento normativo dentro de Próspera, mientras permanece abierto en Honduras el debate sobre el alcance del fallo que declaró inconstitucional el marco legal de las ZEDE.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Próspera ZEDE informó la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil, una designación que vuelve a colocar bajo atención nacional la estructura institucional que mantiene el proyecto en Roatán tras la histórica sentencia emitida contra el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
La organización comunicó el nombramiento el 15 de septiembre de 2026. Según la información divulgada por Próspera, Hernández Franks tendrá responsabilidades relacionadas con la aplicación de sus normas, estatutos y regulaciones dentro de la jurisdicción que el proyecto sostiene.
Un cargo con amplias funciones de cumplimiento
De acuerdo con la publicación de Próspera, entre las atribuciones vinculadas al puesto figuran la presentación de acciones de cumplimiento ante su proveedor de servicios de arbitraje por defecto, procedimientos relacionados con el cobro forzoso de tributos y la vigilancia de reglas referentes a la vida, la propiedad y el orden público.
El perfil profesional difundido señala que Hernández Franks es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), obtuvo una maestría en Derecho en Penn State University y cuenta con licencia para ejercer en el estado de Nueva York. Su perfil profesional público registra esa licencia desde enero de 2026.
Próspera ha presentado la incorporación como parte del fortalecimiento de su capacidad institucional. Según la propia organización, el nombramiento busca respaldar una estructura orientada al estado de derecho y a la gobernanza vinculada con el desarrollo económico. Esa afirmación corresponde a la posición institucional de Próspera y no modifica, por sí misma, las decisiones adoptadas por las autoridades hondureñas sobre las ZEDE.
La sentencia que cambió el escenario de las ZEDE
El contexto jurídico resulta determinante. El 20 de septiembre de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por mayoría de votos la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, relacionado con las reformas de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, además del Decreto 120-2013, que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE.
El Poder Judicial informó entonces que la decisión tendría efectos nulatorios desde su origen —ex tunc—, al considerar vulnerados artículos pétreos relacionados con la estructura territorial, la administración de justicia y el sistema económico del país.
Próspera ha sostenido históricamente una interpretación distinta respecto al alcance jurídico de esas decisiones sobre sus operaciones. Tras el fallo de 2024, representantes del proyecto cuestionaron públicamente la aplicación retroactiva de la sentencia y defendieron la existencia de derechos que, desde su perspectiva, estaban protegidos.
El verdadero punto de tensión
La relevancia del nombramiento trasciende el perfil profesional de Hernández Franks. El hecho muestra que Próspera continúa desarrollando funciones institucionales internas mientras el orden jurídico hondureño contiene una sentencia que anuló el marco normativo que dio origen a las ZEDE.
Esto convierte cada nueva actuación institucional del proyecto en un elemento de interés público: obliga a distinguir entre las decisiones ejecutadas dentro de Próspera, la interpretación que esa organización hace de su situación jurídica y el alcance que corresponde a las resoluciones emitidas por el Estado hondureño.
¿Qué significa esta juramentación para Honduras?
No constituye por sí sola una modificación del fallo de la Corte Suprema ni resuelve la controversia sobre el estatus de Próspera. Sí confirma que el proyecto mantiene estructuras propias de administración y cumplimiento normativo bajo la posición jurídica que ha defendido públicamente.
El siguiente capítulo dependerá menos del nombre de un funcionario que de una cuestión de mayor profundidad institucional: cómo se armonizarán —o confrontarán— las actuaciones que Próspera continúa desarrollando con los efectos jurídicos establecidos por la justicia hondureña. Esa sigue siendo la interrogante central para el Estado, los inversionistas y la ciudadanía. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
