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Bancada Liberal plantea blindar la ENEE frente a privatización

La oposición liberal prepara una propuesta alterna a la Ley General de Energía con siete compromisos centrados en proteger el carácter público de la ENEE, ordenar sus finanzas, reducir pérdidas y garantizar tarifas más justas.

Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La bancada del Partido Liberal de Honduras anunció que presentará una propuesta alternativa y complementaria al proyecto de Ley General de Energía que se discute en el Congreso Nacional, al considerar que la iniciativa actual no responde por sí sola a los problemas estructurales del sistema eléctrico hondureño.

El planteamiento eleva la discusión política porque incorpora una disposición destinada a impedir que la nueva legislación pueda utilizarse para autorizar, facilitar o abrir el camino hacia una privatización total o parcial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los diputados liberales sostienen que el país necesita una reforma integral, técnicamente sólida, fiscalmente responsable y respaldada por un amplio consenso nacional. Bajo esa premisa, anunciaron que socializarán su propuesta con diferentes sectores antes de presentarla formalmente ante el Poder Legislativo.

Un blindaje legal para mantener pública la ENEE

Uno de los puntos centrales consiste en preservar el carácter público, estratégico y patrimonial de la empresa estatal.

La bancada propone incorporar una cláusula expresa para que ninguna disposición de la futura Ley General de Energía pueda interpretarse o aplicarse como una autorización directa o indirecta para privatizar la ENEE.

El planteamiento busca colocar una barrera jurídica dentro de la propia legislación, en un momento en que cualquier reforma del sector eléctrico genera inquietudes por sus implicaciones económicas, institucionales y sociales.

La propuesta liberal no plantea únicamente mantener la propiedad estatal. También exige fortalecer la capacidad operativa de la empresa y enfrentar los factores que han debilitado sus finanzas.

Para ello, los congresistas proponen una auditoría forense e independiente, acompañada de un plan integral de saneamiento financiero y fortalecimiento institucional.

Una auditoría de esa naturaleza permitiría examinar las operaciones, obligaciones y procesos administrativos de la empresa. Sin embargo, sus alcances, responsables, plazos y mecanismos de contratación todavía tendrían que quedar definidos en la iniciativa formal.

Tarifas justas, subsidios focalizados e inversión responsable

La bancada liberal también propone proteger a los usuarios mediante tarifas justas y subsidios focalizados para los sectores que realmente necesiten apoyo, sin abandonar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

Este punto representa uno de los mayores desafíos de cualquier reforma energética: encontrar un equilibrio entre el costo que pagan los consumidores, las necesidades de inversión y la capacidad económica de la ENEE.

Para las familias hondureñas, el debate no se limita a una confrontación política dentro del Congreso Nacional. Las decisiones que se adopten pueden reflejarse directamente en el recibo mensual, la continuidad del servicio y la capacidad de los hogares para cubrir otros gastos esenciales.

La propuesta contempla, además, incentivar inversiones responsables para modernizar la red eléctrica, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la calidad del suministro y avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.

También incorpora indicadores de desempeño, mecanismos permanentes de evaluación y un cronograma público de implementación. Esas herramientas permitirían conocer si las medidas avanzan, se estancan o incumplen los objetivos anunciados.

Trabajadores, transparencia y seguridad jurídica

Otro de los compromisos consiste en proteger los derechos adquiridos de los trabajadores de la ENEE mediante procesos de capacitación y profesionalización.

La bancada plantea que la transformación del sector no debe trasladar automáticamente sus costos laborales al personal de la empresa estatal. La propuesta, según lo anunciado, buscará combinar estabilidad, formación técnica y fortalecimiento institucional.

El documento también propone reforzar la transparencia en la contratación pública, la supervisión independiente de los procesos regulatorios y la seguridad jurídica para las inversiones.

Estos componentes serán determinantes para medir la profundidad real de la iniciativa. Una reforma energética puede establecer grandes objetivos, pero su credibilidad dependerá de los controles, las responsabilidades y la capacidad de exigir resultados verificables.

¿Qué significa esta propuesta para Honduras?

La iniciativa liberal representa una ruta paralela dentro del debate legislativo. No sustituye automáticamente el proyecto que ya se discute ni garantiza que sus siete compromisos sean incorporados en la versión final de la ley.

Su impacto dependerá de la apertura del Congreso Nacional, del contenido definitivo del documento, del respaldo que logre entre otras fuerzas políticas y de los acuerdos alcanzados durante el proceso de socialización.

Los diputados anunciaron que consultarán a alcaldes, trabajadores de la ENEE, sectores productivos, expertos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

La bancada afirmó que su objetivo no es obstaculizar soluciones, sino contribuir a construir un sistema eléctrico confiable, financieramente sostenible, con tarifas razonables, instituciones transparentes y reglas capaces de promover inversión y empleo.

La discusión entra ahora en una fase decisiva. El país deberá conocer el texto completo, sus mecanismos de financiamiento, los controles propuestos y la forma en que cada compromiso será convertido en una obligación legal. Para millones de usuarios, el verdadero resultado no se medirá únicamente en discursos: deberá sentirse en un servicio más estable, cuentas razonables y una ENEE sometida a mayor transparencia.

Texto para redes sociales: La bancada liberal prepara una propuesta energética con un blindaje legal para mantener pública la ENEE, una auditoría forense, tarifas justas y controles para medir los resultados de la reforma. —Redacción Hansell O.

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