Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La discusión sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dejó de ser un debate técnico para convertirse en una alerta política de alto voltaje nacional. Las reformas al mercado eléctrico vuelven a colocar a la ENEE en el centro de una pregunta incómoda: ¿se está modernizando el sistema o se está preparando una privatización disfrazada bajo el lenguaje de eficiencia, competencia e inversión?.
El señalamiento toma fuerza luego que el ingeniero Dennis Rivera, académico de la UNAH y exfuncionario de la ENEE con 17 años de experiencia en el Centro Nacional de Despacho, advirtiera que la nueva arquitectura del mercado eléctrico podría dejar a la estatal atrapada en una posición de desventaja, mientras los actores privados quedarían con mayor margen para captar los segmentos más rentables del negocio energético.
Según Rivera, el punto crítico está en que ENEE Generación quedaría obligada durante diez años a vender su energía únicamente a ENEE Distribución, lo que limitaría su capacidad para competir por grandes consumidores industriales y comerciales. Ese candado, en su lectura, no fortalece a la empresa pública, sino que la restringe justo en el terreno donde podría obtener mejores ingresos.
El debate golpea directamente la narrativa oficial de modernización. Mientras las autoridades que impulsan las reformas sostienen que el objetivo es ordenar el mercado, atraer inversión y mejorar la eficiencia del servicio, los cuestionamientos técnicos advierten que el diseño podría provocar el efecto contrario: una ENEE más endeudada, más limitada y con menos capacidad comercial.
Rivera plantea que ENEE Distribución terminaría cargando con los clientes más difíciles desde el punto de vista financiero: el sector residencial, instituciones públicas con altos niveles de mora y usuarios de menor rentabilidad. En contraste, los grandes consumidores, que representan mejores ingresos y menor riesgo, podrían migrar hacia generadores privados mediante contratos directos.
Ese posible traslado de los clientes más rentables abre una grieta profunda en el sistema. Si la ENEE pierde mercado de alto valor y conserva las mayores cargas operativas, el resultado podría ser un deterioro financiero progresivo, con una estatal debilitada, menos competitiva y cada vez más dependiente de decisiones políticas para sobrevivir.
El punto más sensible está en la energía hidroeléctrica de bajo costo. Rivera advierte que esa generación barata, en lugar de traducirse en alivio directo para la tarifa eléctrica de los hogares hondureños, podría terminar utilizándose para compensar pérdidas internas de la distribuidora, mientras otra parte de la demanda sería cubierta con energía privada a precios más elevados.
La advertencia conecta con un temor social ya instalado en Honduras: que los procesos presentados como reformas terminen convirtiéndose en esquemas donde el Estado conserva la deuda, las pérdidas y el costo político, mientras el negocio rentable se desplaza gradualmente hacia manos privadas.
En ese escenario, la figura de los comercializadores privados aparece como uno de los elementos más polémicos. Para Rivera, ese modelo podría abrir la puerta para que, en una segunda etapa, también se capture parte del mercado residencial, dejando a la ENEE con menor base de usuarios, más obligaciones acumuladas y menos oxígeno financiero.
La comparación con Hondutel elevó todavía más la temperatura del debate. El experto sostiene que el patrón resulta conocido: primero se debilita la empresa pública, luego se le quita capacidad de competir, después se justifica su deterioro y finalmente el negocio termina desplazándose hacia operadores privados con mayor margen de maniobra.
La sombra de Hondutel no es menor. Para amplios sectores ciudadanos, ese caso representa una advertencia histórica sobre cómo una institución estratégica puede pasar de ser símbolo de presencia estatal a convertirse en una estructura reducida, debilitada y sin capacidad real para competir en el mercado.
El cuestionamiento también apunta a las cifras oficiales sobre las pérdidas económicas de la ENEE. Rivera considera que se estarían utilizando datos sobredimensionados para construir una narrativa de urgencia que facilite la aprobación de cambios profundos en el sistema eléctrico hondureño.
Esa lectura coloca al Congreso Nacional, al Gobierno y a los impulsores de la reforma bajo una presión mayor: explicar con absoluta claridad quién gana, quién pierde y qué garantías reales existen para evitar que la ENEE termine convertida en una empresa pública con deuda, pero sin mercado fuerte.
La discusión ya no puede reducirse a tecnicismos. La energía eléctrica toca directamente el bolsillo de los hogares, la competitividad empresarial, la inversión nacional, la estabilidad fiscal y la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso, cualquier reforma que afecte a la ENEE debe ser transparente, explicada con precisión y debatida sin zonas grises.
La ciudadanía necesita saber si el país está frente a una verdadera modernización del sistema eléctrico o ante un rediseño que podría favorecer progresivamente al sector privado, mientras la empresa estatal absorbe las cargas más pesadas.
En un país donde la factura eléctrica golpea a miles de familias, el futuro de la ENEE no puede decidirse entre discursos técnicos, cálculos políticos y silencios estratégicos. La reforma energética exige verdad pública, responsabilidad institucional y una explicación seria antes de que el país despierte con otra empresa estatal debilitada en nombre de la modernización.
Honduras necesita una reforma eléctrica que mejore el servicio, reduzca abusos y proteja el interés nacional; no una ruta confusa donde la ciudadanía termine pagando los costos de decisiones tomadas sin suficiente claridad. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
