Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.- En un escenario de creciente tensión institucional, la profesión jurídica en Honduras enfrenta una de sus etapas más críticas. El más reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) revela un patrón alarmante: la violencia contra abogados se ha consolidado como un fenómeno estructural vinculado a amenazas, desplazamiento forzado e intentos de intimidación sistemática.
De acuerdo con los registros oficiales, entre 2016 y 2025 se contabilizan al menos 296 denuncias relacionadas con agresiones contra profesionales del derecho. Este volumen representa cerca del 3% de los más de 10,000 casos de desplazamiento forzado interno atendidos por la institución en ese mismo período, lo que evidencia la magnitud del problema dentro del sistema nacional de protección.
El análisis detalla un repunte significativo a partir de 2022, etapa en la que el riesgo se intensificó de forma sostenida. Solo entre 2022 y 2025 se registran 176 casos, equivalente al 59% del total histórico reportado. El año 2023 destaca como el más crítico, con 64 denuncias, un promedio cercano a cinco casos mensuales vinculados directamente a presiones, amenazas o abandono forzado de viviendas.
En lo que va de 2025, el CONADEH ha documentado 24 nuevas quejas, donde el 71% de las víctimas se encontraba en riesgo inminente de desplazamiento. El 29% restante ya había abandonado su hogar tras recibir amenazas directas o sufrir hechos violentos. En este mismo período, el 58% de los denunciantes señaló amenazas explícitas como principal factor de riesgo, consolidando este patrón como la forma más recurrente de agresión.
El informe también advierte sobre otros tipos de violencia: tentativa de homicidio (13%), extorsión, despojo de bienes, lesiones e incluso violencia intrafamiliar, lo que refleja la complejidad del entorno de riesgo para este gremio profesional.
Uno de los elementos más sensibles del análisis institucional es el perfil de los agresores. En el 29% de los casos, las víctimas identificaron a sus propios atacantes como personas conocidas. Entre los señalados figuran estructuras criminales, miembros de fuerzas de seguridad, actores políticos, exparejas e incluso familiares, lo que evidencia un entorno de vulnerabilidad multidimensional.
La distribución territorial también confirma la expansión del fenómeno. En 2025, las denuncias se concentraron en al menos once municipios de siete departamentos, con mayor incidencia en Francisco Morazán y Cortés, que agrupan el 58% de los reportes. También se registran casos en Choluteca, Yoro, Colón, Copán y Valle.
El CONADEH advierte que esta realidad no solo afecta a los profesionales del derecho, sino también al funcionamiento del sistema judicial. La presión constante obliga a muchos abogados a suspender procesos, cerrar oficinas, cambiar de residencia o incluso abandonar el país, generando un impacto directo en el acceso a la justicia.
“El ejercicio del derecho implica, en muchos casos, enfrentar estructuras criminales, actores políticos e incluso funcionarios del Estado”, señala el informe, subrayando el alto costo humano de la defensa legal en contextos de conflicto.
La institución recuerda que Honduras tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio profesional, conforme a estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la persistencia de la impunidad sigue siendo un factor determinante: desde 2004, cerca de 220 abogados han sido asesinados, con niveles de investigación que organizaciones civiles estiman en torno al 90% de impunidad.
En 2026, el escenario continúa siendo crítico con al menos tres profesionales del derecho asesinados en distintas regiones del país, lo que refuerza las alertas sobre un entorno de alto riesgo para quienes ejercen la defensa legal.
Organismos nacionales e internacionales coinciden en que la falta de judicialización efectiva alimenta un ciclo de violencia e impunidad que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la estabilidad institucional. Redacción Laura V.
