Tegucigalpa, Honduras.
Extorsión, Renta e Impuesto de guerra, hoy día significan lo mismo para la población hondureña que reciente este delito como uno de los que más les afecta y poco o nada hace el gobierno para combatirlo.
Debemos iniciar con la definición de dichas expresiones, primero EXTORSION la podemos entender cómo; Obtención por la fuerza o con intimidación de una cosa de alguien. Segundo RENTA; Beneficio o utilidad que produce algo periódicamente y tercero IMPUESTO DE GUERRA; pero ¿qué podemos o debemos entender con este término? Este último genera muchas preguntas que ni el mismo gobierno sabe responder.
Pero ¿porque la extorsión es un delito que ha crecido tanto y como se origino?, quizás lo más importante para la población ¿es como se puede combatir?, sin duda son las interrogantes más grandes que se deberían enfrentar por parte del gobierno y de los operadores de justicia en Honduras. Escuchamos una y otra vez a los “responsables” de brindar seguridad al pueblo excusarse que si capturaron uno o cinco personas vinculadas y que con eso están resolviendo la situación, nada más alejado de la realidad, para aquellos que conocemos un poco más de cerca tan compleja red delictiva.
Remontarnos a los finales de los 90´s en Honduras permite identificar el inicio del renteo, término callejero utilizado por los grupos de pandillas o maras y que se basa en el hecho que las pandillas o maras se consideran dueñas de las calles, operando bajo esa idea quien las utiliza debe pagar su uso, sin embargo en aquel momento era “voluntaria” la aportación que se les pedía en ciertas esquinas a quienes circulaban en determinadas comunidades.
Es preciso mencionar que algunos grupos se resistían a emplear ese mecanismo para la generación de ingresos pues lo consideraban indigno, por lo que se enfocaban o preferían otras actividades delictivas como el asalto, robo, secuestro y hasta el sicariato, sin embargo los grupos que se enfocaron en el renteo empezaron a “profesionalizar” dicha operación delictiva, teniendo el aval de un estado que no se preocupo por evitar que ese delito proliferara.
Con la evolución de las pandillas y las oleadas de represión creció el estigma hacia ciertos sectores que presentaban este fenómeno pandilleril, a tal punto que hoy día muchas empresas restringen el acceso a un empleo a quienes habitan en estas comunidades cada vez con mayor marginalidad, lo que ha acrecentado el involucramiento de personas principalmente jóvenes en esta red criminal que golpea ferozmente a la población más desposeída.
Ese crecimiento de potenciales integrantes permitió a los grupos pandilleros identificar mayores “aportantes” y pasó de una petición “voluntaria” en las esquinas a definir cantidades que deben brindar todos los carros repetidores y los principales negocios de las comunidades en que se acentúan dichos grupos.
No transcurrió mucho tiempo para que identificaran el sector que mayores ingresos les generan el transporte público el cual se volvió el blanco de dicha actividad y es hasta ese momento que los “medios” identifican este flagelo, denominándolo de manera errónea IMPUESTO DE GUERRA, el cual fue reafirmado por seudo especialistas en seguridad si percatarse del tremendo error y la potestad que se les cedía a los grupos pandilleros.
Lo correcto es llamarle EXTORSION pues hoy día se basa en la intimidación y el miedo que se genera por parte de los grupos pandilleros o delincuenciales para que las personas paguen determinadas cantidades, incumplir esa demanda pueden o conlleva enfrentar la muerte.
No hay estudios que reflejen el momento en que se involucran otros actores a esta actividad delincuencial y criminal, sin embargo a se puede identificar, ese periodo aproximadamente 6-7 años atrás y eso es lo que ha permitido el incrementado considerablemente de muertes violentas relacionados a este particular, sobre todo en el sector transporte que es el más vulnerable, pues no hay una estrategia de seguridad que se apegue a la realidad.
Valiéndose del miedo que generan las pandillas otros grupos o bandas criminales ingresan en el “mercado” de la extorsión, involucrando principalmente jóvenes que carecen de oportunidades reales de desarrollo y finalmente necesitan ingresos para poder enfrentar una sociedad de consumo que exige determinada marca para ser “sociablemente aceptado” sin importar las consecuencias.
Lo que podemos observar hasta el momento es que las capturas se basan en los que cobran o recogen lo pactado, sin embargo desbaratar estas redes delincuenciales y criminales requieren mayor investigación a fin de que puedan capturar y encarcelar a los autores intelectuales, procurando aislarlos, además de identificar miembros de la Policía Nacional Preventiva que recurrentemente son señalados y que en muchas comunidades permiten a cambio de un alto porcentaje dichas acciones criminales.
El nivel de la extorsión y su evolución en la actualidad es tal que muchas veces personas alejadas a pandillas sacan provecho de ello lo cual en algunas ocasiones les cuesta la vida, por otro lado las pandillas, maras o bandas criminales han comprendido el poder del miedo y han profesionalizado sus métodos de tal manera que no necesitan exponerse en otro tipo de delitos, sumado a lo anterior son miles de jóvenes hombres y mujeres a la espera que estos grupos los considera aptos para formar parte de esas estructuras y están dispuestos a todo, ya que una vez dentro se pueden asegurar ingresos que les permitan subsistir a pesar de las implicaciones que eso acarrea.
No hay capacidad en ningún estado para brindar seguridad alguna a la población que enfrenta una situación como la que atraviesa Honduras actualmente si no se comprende verdaderamente este fenómeno, menos cuando las investigaciones son tan superficiales improvisadas y sin métodos institucionalizados que permita comprender los fenómenos sociales.
Nos obligan a pensar que es un delito que vino para quedarse, sin embargo no es con Policías o Militares como se podrán hacer frente, la extorsión es solamente es un efecto de la marginalidad, la exclusión la carencia de oportunidades, sin salud, educación o posibilidades de recreación, sumado al limitado mercado laboral en que viven miles o millones de jóvenes, es combatiendo esos elementos como podremos poco a poco dar respuesta a tan compleja situación de inseguridad en se vive.
Es necesario plantear algunas preguntas de reflexión, ¿Que puede ofrecer un gobierno a jóvenes olvidados, marginados y excluidos de todo el sistema de bienestar social, cuando ellos piensan que no tienen nada que perder y han decidido pagar con su vida si es necesario para poder involucrándose en actividades delincuenciales y criminales? Los Medios de comunicación no han podido exponer adecuadamente este fenómeno criminal, menos el gobierno se ha interesado en comprenderlo para de esa manera poder definir estrategias que le permitan a la población sentirse mínimamente segura.-
Redacción Javier Canales
