Un 16% de la población de El Salvador podría experimentar inseguridad alimentaria aguda en lo que resta de 2026, según el análisis de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL).

El informe, que abarca el periodo de julio a octubre, atribuye el incremento de la inseguridad alimentaria a factores económicos internacionales y climáticos cómo el fenómeno del Niño que ha impactado de forma temprana en el territorio y que afectan directamente a los hogares salvadoreños.

El estudio señala que alrededor de 1,080,000 personas en El Salvador estarán en situación de inseguridad alimentaria aguda, clasificadas en Fase 3 (Crisis) durante el periodo analizado.

El reporte utiliza la metodología de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para definir los niveles de afectación.

Además, se proyecta que otro 36% de la población, equivalente a 2,350,000 personas, permanecerá bajo Fase 2 (Estrés), lo que implica dificultades constantes para acceder a una alimentación suficiente y adecuada.

Las proyecciones identifican que los municipios más afectados se localizan en las zonas rurales del oriente y norte del país, especialmente en los departamentos de Morazán, La Unión, San Miguel y Chalatenango.

En estas áreas, los hogares presentan mayores dificultades para acceder a alimentos debido a la reducción de ingresos, la falta de empleo temporal agrícola y el impacto de fenómenos climáticos adversos.

Las zonas urbanas, aunque menos afectadas, registran un aumento en el número de familias que ajustan su consumo ante el encarecimiento de productos básicos.

Factores económicos y climáticos detrás del aumento

El informe de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza destaca la combinación de factores que sostienen el deterioro de la seguridad alimentaria en El Salvador.

La persistencia de sequías durante el ciclo agrícola limitó la producción de granos básicos, lo que a su vez provocó una disminución en la oferta local y un alza en los precios. Los hogares rurales, dependientes de la agricultura y de empleos temporales ligados a la cosecha, han visto reducidas sus oportunidades de ingreso.

El encarecimiento de la canasta básica, junto con la reducción en la disponibilidad de trabajos eventuales, ha forzado a muchas familias a modificar sus patrones de consumo.

El informe detalla que los hogares en Fase 3 han optado por reducir la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos y en algunos casos, han recurrido a la venta de bienes productivos para cubrir necesidades inmediatas.

Proyecciones y cambios respecto al primer semestre

Comparado con el primer semestre de 2026, el periodo de julio a octubre muestra un aumento del 2% en la proporción de personas en Fase 3, lo que equivale a 120,000 nuevos salvadoreños en situación de crisis alimentaria.

El porcentaje de la población en Fase 2 también crece, superando el 36% del total nacional, mientras que la proporción de hogares en Fase 1 (situación mínima o sin inseguridad alimentaria) disminuye a 55%.

El informe subraya que, aunque parte de la población recibe asistencia alimentaria, la cobertura resulta insuficiente para revertir la tendencia en los departamentos más vulnerables. El periodo de escasez agrícola y el inicio del ciclo escolar agravan la presión económica sobre los hogares.

El análisis de la MTFRL también abarca la situación de Guatemala y Honduras, países que mantienen niveles elevados de inseguridad alimentaria.

En Guatemala, el 24% de la población se ubica en Fase 2 y un 12% en Fase 3 para el mismo periodo, mientras que en Honduras las proyecciones alcanzan al 38% en Fase 2 y al 17% en Fase 3.