Tegucigalpa, Honduras.
La decisión de no renovar los contratos de generación de energía térmica puede conducir a romper las cadenas que han mantenido atados a los hondureños y que ha provocado la desestabilización financiera de la estatal eléctrica.
Como se sabe, el presidente Juan Orlando Hernández, ha anunciado tajantemente que su gobierno no extenderá los leoninos contratos firmados con las térmicas, cuya vigencia llega a su fin este mes.
En el Congreso Nacional, hay un ambiente favorable para dar por terminados los tratos oscuros a que habían llegado los empresarios térmicos con anteriores administraciones. En todo caso, la extensión de los contratos de generación estaría condicionada a una negociación de condiciones razonables y justas y no estaría amarrada a términos totalmente desmesurados como están concebidos en la actualidad.
La gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), ha iniciado una aproximación con los representantes de las térmicas, a efecto de analizar sus ofertas económicas. Los dirigentes del Sindicato de la estatal eléctrica sostienen que la posición adoptada por el gobierno trasciende la lucha emprendida por ese gremio desde hace varios años, tendiente a cancelar los abusivos contratos suscritos con las térmicas y que han drenado las finanzas de la ENEE y golpeado con fuerza a los abonados.
El pacto para poner en vigencia la fórmula por la cual se ha calculado el precio de venta de cada kilovatio generado, es considerado sencillamente como un atraco del cual sólo se han lucrado las térmicas, menos el país. Lo que ha prevalecido es el interés de los grupos económicos gracias a que los gobiernos se han plegado a ellos y optado por desentenderse del asunto.
En la administración anterior, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, nombró una comisión a cargo de estudiar una posible renegociación de los contratos, pero el intento fracasó, los inversionistas del rubro arguyeron que no estaban dispuestos a ajustar un solo centavo y hasta llegaron al extremo de afirmar que una revisión de ese tipo colocaría a sus empresas en riesgo de descapitalización. El momento actual es propicio para avanzar hacia la soberanía energética, puesto que algunos contratos están a punto de finalizar y el gobierno tiene la alternativa de no renovar los mismos o de renegociar la generación de alrededor de 170 megavatios.
Los contratos han sido ampliados por décadas enteras. Algunos están vigentes desde 1994, unos vencen este año, otros, llegan a su final en 2016, y algunos más, dejarán de tener efecto en 2019, la ENEE tiene encima la carga de 13 contratos con empresas que generan un poco más de mil 300 megavatios a base de diésel, búnker y carbón. En esta lista de las firmas dedicadas a producir energía están: Elcosa, Emce, Lufussa I, Lufussa II, Emce-Choloma, Lufussa III, Enersa, Cecsa, Vetasa y Wesport.
Mensualmente la ENEE paga 182 millones de lempiras por cargos fijos, aunque el parque térmico no esté en funcionamiento, un monto que debe ser cancelado en la primera semana de cada mes, de lo contrario, el gobierno es castigado con un recargo del 19 por ciento.
