El presidente del Congreso Nacional defiende un régimen penitenciario más severo para frenar a las estructuras criminales. Sin embargo, el verdadero desafío del Estado hondureño va mucho más allá de encerrar delincuentes: combatir la extorsión, desmantelar redes criminales, enfrentar la corrupción y garantizar que las familias puedan vivir sin miedo.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La seguridad de los hondureños no puede convertirse en una consigna política mientras miles de familias necesitan protección efectiva frente a la delincuencia. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha colocado nuevamente el combate al crimen en el centro del debate nacional con una declaración contundente: “La seguridad del pueblo no se negocia”.
El titular del Poder Legislativo defiende el endurecimiento de los controles en las cárceles de máxima seguridad, argumentando que los centros penitenciarios no deben continuar funcionando como espacios desde donde integrantes de estructuras criminales puedan coordinar extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas.
Pero detrás de esa declaración surge una pregunta que las autoridades no pueden evadir: ¿se garantiza verdaderamente la seguridad de Honduras encerrando a los delincuentes durante más horas o construyendo un sistema capaz de impedir que el crimen controle las calles?
La respuesta exige mucho más que discursos, nuevas cárceles o restricciones penitenciarias. Requiere instituciones depuradas, investigaciones criminales efectivas, controles financieros, justicia independiente, prevención del delito y resultados que puedan comprobarse públicamente.
Zambrano endurece su discurso frente al crimen organizado
Entre las disposiciones defendidas por Zambrano figura un régimen de 23 horas y media de permanencia diaria en las celdas, con apenas 30 minutos para ejercicios y una hora semanal de exposición al sol, además de restricciones a comunicaciones, visitas y recursos externos.
Las autoridades sostienen que estas medidas buscan impedir que líderes criminales mantengan contacto con estructuras delictivas que operan fuera de los establecimientos penitenciarios.
El Congreso Nacional también ha respaldado modificaciones al régimen de reclusión y el fortalecimiento de instalaciones de máxima seguridad, dentro de una estrategia de mayor control institucional.
Sin embargo, el endurecimiento carcelario, por sí solo, no demuestra que la criminalidad disminuirá. Para determinar su efectividad será indispensable conocer los resultados operativos, las investigaciones realizadas y el comportamiento de delitos como la extorsión y los homicidios.
Honduras necesita impedir que los delincuentes den órdenes desde prisión, pero también evitar que nuevos cabecillas ocupen el espacio dejado por quienes ya están encarcelados.
La verdadera seguridad comienza donde vive la gente
Una estrategia integral debe concentrarse en las colonias, barrios, mercados, terminales de transporte, comunidades rurales y zonas comerciales donde la población necesita protección permanente.
Combatir verdaderamente la delincuencia significa investigar a las estructuras criminales, identificar a sus financiadores, capturar a sus operadores y llevar los casos ante los tribunales con pruebas sólidas.
También significa garantizar presencia policial profesional, mecanismos confidenciales de denuncia, protección a testigos, respuesta rápida ante amenazas y atención efectiva a las víctimas.
Un comerciante que recibe amenazas de extorsión no necesita únicamente escuchar que habrá más restricciones en los centros penitenciarios. Necesita que las autoridades identifiquen a los responsables, desarticulen la red de cobros ilegales y eviten represalias.
Una familia amenazada requiere protección institucional. Un transportista extorsionado necesita garantías para trabajar. Una comunidad sometida por pandillas necesita recuperar sus espacios públicos.
Esa es la dimensión de la seguridad que debe colocarse en el centro de las decisiones del Estado.
Sin combatir la corrupción, ninguna cárcel será suficiente
El control penitenciario también depende de la integridad de quienes administran y vigilan los establecimientos.
Los dispositivos ilegales de comunicación, el ingreso de objetos prohibidos y cualquier posible colaboración de funcionarios con organizaciones criminales deben investigarse mediante auditorías, controles tecnológicos y procedimientos disciplinarios.
Si existen redes de corrupción que facilitan actividades delictivas, deben identificarse, investigarse y sancionarse con independencia de los cargos que ocupen sus integrantes.
La vigilancia no debe limitarse a los reclusos. También debe alcanzar la administración de los centros, la contratación pública, los protocolos de ingreso, las comunicaciones y el manejo de recursos.
La seguridad penitenciaria exige inteligencia, tecnología, personal capacitado y controles permanentes, no solamente condiciones más rigurosas de confinamiento.
Al mismo tiempo, cualquier régimen especial debe respetar las obligaciones constitucionales y los estándares internacionales aplicables a las personas privadas de libertad, sin convertir el endurecimiento de las penas en prácticas contrarias a la dignidad humana.
El pueblo necesita resultados, no solamente declaraciones
La verdadera prueba para Zambrano, el Congreso Nacional y las instituciones de seguridad llegará cuando puedan demostrar avances verificables en la prevención del delito, el combate a la extorsión y el desmantelamiento de organizaciones criminales.
El país necesita conocer cuántas investigaciones llegan a resultados judiciales, qué mecanismos impiden las comunicaciones delictivas desde prisión y cómo se protege a quienes denuncian.
La seguridad del pueblo no se negocia, pero tampoco debe utilizarse como una frase que sustituya la obligación de gobernar con resultados.
El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar herramientas legales adecuadas, fiscalizar recursos, exigir rendición de cuentas y supervisar que las medidas extraordinarias cumplan sus objetivos.
La población, por su parte, tiene derecho a una política de seguridad que proteja su vida, su patrimonio y su libertad sin debilitar el Estado de derecho.
La vigilancia ciudadana e institucional será determinante para establecer si el nuevo rumbo penitenciario se traduce en mayor tranquilidad o si termina convertido en otra promesa pendiente.
Honduras no necesita únicamente cárceles más estrictas. Necesita calles más seguras, instituciones confiables y delincuentes enfrentando una justicia que funcione. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
