Antes de abrir otra fuente de financiamiento mediante recursos incautados por la OABI, las cifras oficiales colocan una pregunta incómoda sobre la mesa legislativa: ¿cómo se utilizaron los L5,457.36 millones que la Tasa de Seguridad recaudó durante 2025, qué instituciones recibieron esos recursos, cuánto ejecutaron, en qué los gastaron, qué resultados concretos pueden demostrar?
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional vuelve a discutir cómo conseguir más dinero para financiar Seguridad, Defensa e Inteligencia. Sin embargo, antes de buscar millones adicionales entre fondos congelados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), existe una cifra oficial que obliga a abrir otro debate: la Tasa de Seguridad produjo L5,457.36 millones durante 2025.
El dato coloca al denominado “Tasón” en el centro de una discusión inevitable sobre transparencia. No basta conocer cuánto recauda el Estado. La rendición de cuentas requiere establecer cuánto recibió cada institución, cuánto ejecutó, qué compró, qué proyectos financió, qué contratos fueron pagados, cuánto quedó disponible, qué indicadores permiten medir el resultado del gasto.
La pregunta, por tanto, no tiene que formularse como una acusación sobre dinero desaparecido. Puede ser incluso más incómoda desde el punto de vista institucional: ¿dónde está documentado, peso por peso, el resultado de una tasa que mueve miles de millones de lempiras cada año?
L5,457 millones en un año: la cifra que exige explicación
Las estadísticas financieras publicadas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) registran una recaudación acumulada de L5,457.36 millones por concepto de Tasa de Seguridad durante 2025. Para julio de 2026, el acumulado reportado alcanzaba ya L3,490.61 millones.
Es dinero público obtenido mediante un gravamen que continúa afectando determinadas operaciones financieras. El propio Congreso Nacional mantiene actualmente iniciativas relacionadas con este cobro: el 30 de septiembre de 2026 informó sobre una propuesta para modificar el rango aplicable a determinadas transacciones de personas naturales, confirmando que la Tasa continúa formando parte del sistema tributario vigente.
Frente a semejante flujo de recursos, la discusión legislativa no debería limitarse a determinar de dónde sacar más dinero para Seguridad. También coloca bajo escrutinio una pregunta anterior: ¿qué rendimiento público están produciendo los miles de millones que ya aporta la población?
Ahí está el punto que puede incomodar al Congreso Nacional: buscar nuevas fuentes resulta políticamente mucho más sencillo que presentar ante el país una radiografía completa, comprensible, actualizada e institucionalmente verificable sobre el destino del dinero ya recaudado.
Ahora aparecen los fondos de la OABI
El nuevo planteamiento bajo análisis legislativo propone utilizar recursos congelados administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados para fortalecer Seguridad, Defensa e Inteligencia.
Según la información presentada sobre la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Marco Paz, explicó que estos fondos podrían utilizarse para tecnología, implementación y logística. También se ha mencionado una posible ampliación de entre L600 millones y L800 millones para la Secretaría de Seguridad.
La propuesta puede abrir un debate jurídico, financiero e institucional propio. Pero también dispara otra pregunta mucho más elemental:
¿Por qué el país necesita buscar cientos de millones adicionales sin que primero exista una explicación pública fácilmente accesible sobre el rendimiento de los más de L5,457 millones recaudados por la Tasa de Seguridad solamente durante 2025?
No significa que ambos recursos sean jurídicamente iguales ni que tengan necesariamente el mismo destino presupuestario. Significa que cuando el Estado solicita más dinero para una función pública, la rendición de cuentas sobre los fondos existentes adquiere todavía mayor importancia.
El viejo fideicomiso terminó, la recaudación continuó
Existe además una precisión indispensable.
El antiguo Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional fue eliminado dentro del proceso de supresión de fideicomisos públicos aprobado mediante el Decreto Legislativo 66-2022. Documentación oficial posterior señala que saldos provenientes de su liquidación fueron trasladados a la Tesorería General de la República.
Eso significa que preguntar “¿dónde está el dinero del Tasón?” requiere ir más allá de buscar una cuenta bancaria denominada fideicomiso.
La interrogante correcta para el Estado es más profunda: ¿cómo ingresan actualmente esos recursos, cuáles partidas los absorben, quién autoriza su utilización, cuáles instituciones terminan beneficiadas, cuánto se ejecuta cada año, qué mecanismos de fiscalización existen, cuáles resultados pueden atribuirse al gasto?
SEFIN publica la recaudación. Esa primera cifra está disponible.
Ahora falta que la ciudadanía pueda seguir con la misma facilidad la ruta completa del dinero hasta su resultado final.
Congreso frente a una prueba de transparencia
Si el Poder Legislativo pretende discutir fondos adicionales para Seguridad, tiene ante sí una oportunidad para elevar el estándar del debate.
La discusión podría incluir una rendición pública consolidada de la Tasa de Seguridad: recaudación anual, distribución institucional, ejecución presupuestaria, adquisiciones principales, obligaciones pendientes, recursos no ejecutados, auditorías disponibles e indicadores de impacto.
Porque hablar únicamente de más recursos deja incompleta la ecuación.
Honduras necesita conocer también qué ocurrió con los recursos existentes.
En 2025 fueron L5,457.36 millones. Hasta julio de 2026 ya aparecían L3,490.61 millones acumulados en las cuentas financieras oficiales.
Por eso, antes de que el debate político avance hacia el dinero de la OABI, hay una pregunta que el Congreso Nacional no debería dejar sin respuesta documental:
¿Dónde está reflejado el resultado del Tasón?
No se trata de insinuar que los fondos hayan desaparecido. Se trata de algo mucho más básico para cualquier democracia: mostrar la ruta del dinero, identificar quién lo recibió, explicar cómo fue utilizado, demostrar qué produjo.
Mientras esa trazabilidad no sea presentada de manera integral ante la población, cada nuevo intento por ampliar los recursos para Seguridad inevitablemente volverá a colocar la misma interrogante frente al Legislativo:
si los hondureños ya aportan miles de millones mediante la Tasa de Seguridad, ¿qué resultados concretos puede mostrar el Estado por ese dinero? —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
